Ciudad de México 15 de septiembre 2024.- Desde ARTICLE 19 condenamos el asesinato del defensor del medio ambiente, Juan Lopéz, en Honduras. López era integrante del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y regidor del mismo municipio desde 2022. Además, publicaba de forma periódica columnas o escritos de opinión y denuncia sobre temas de interés público circunscritos en su lucha medioambiental y otras temáticas.
La noche del día de ayer, Juan López fue asesinado después de recibir disparos con arma de fuego por sujetos hasta el momento no identificados. Este lamentable incidente, tuvo lugar, cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador, en el municipio de Tocoa. Pese a su condición de alto riesgo y la solicitud de parte de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 55/2023 sobre la implementación de medidas de protección colectivas al Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (en adelante, el Comité), el Estado de Honduras omitió las recomendaciones, lo que el día de ayer se materializó en la pérdida de una vida más en el país.
Juan López era una persona comprometida con la defensa del Río Guapinol por la actividad minera de la empresa Los Pinares en el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras, así como opositor de la minería a cielo abierto y el monocultivo de palma. Entre las últimas acciones llevadas a cabo por el también comunicador, destaca un escrito y una solicitud pública de renuncia voluntaria al actual alcalde de la municipalidad, Adan Fúnez, por sus nexos con el narcotráfico. Estos fueron dados a conocer de forma reciente mediante los vídeos publicados por Insight Crime, en donde se observa a Carlos Zelaya en colusión con personas dedicadas a esta actividad criminal.
Las condiciones actuales del país y del colectivo implican una urgencia en la concertación e implementación de medidas. Tal como ARTICLE 19 documentó con una fuente allegadaa al líder, defensor y comunicador, uno de los incidentes que mostró la alta prioridad en la necesidad de aplicación de medidas de protección se evidenció unos días después de la entrega del decreto de Ley 18-2024 sobre zonas protegidas libres de minería. Tras la entrega del decreto el día 3 de julio, el Palacio Municipal de Tocoa se incendió y se buscó culpar al Comité de este incidente.
Particularmente, Juan López fue criminalizado junto con otros defensores del medio ambiente en 2018, por los supuestos delitos de incendio agravado, privación de la libertad y asociación ilícita. Pese a que López, fue liberado unos días después, continuaba el proceso de criminalización vigente en su contra. En esta línea, según lo informado durante la documentación, si bien un detonante de su asesinato pudo haber sido su solicitud de despido del actual alcalde de Tocoa, la situación es más compleja puesto que Juan López recibía amenazas de muerte de forma continua, y era hostigado sistemáticamente por la policía y otros actores.
Juan López escribía semanalmente para denunciar de forma reflexiva sobre temas o problemáticas que afectan a su comunidad, además como lo apunta la defensora Miriam Miranda “El 22 de julio del 2023 recibí un último texto de los muchos que Juan escribió sobre desarme y la inseguridad. No solo defendía los bosques, también defendía el derecho a expresarse en un país en el que casi nadie lee. También silenciaron la voz de Juan López.”
En su informe del 15 de mayo de 2024, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, señaló que “que quienes trabajan en cuestiones relacionadas con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, la delincuencia organizada y los conflictos agrarios y mineros se exponen a un elevado riesgo de sufrir actos de violencia, amenazas y acoso judicial”, situación de la que López no era ajeno. En el mismo informe, se destaca que de enero 2021 a septiembre 2024, se registró un total de 36 asesinatos en contra de defensores y 4 en contra de periodistas en Honduras. Ante la desatención del Estado, el contexto y la creciente vulnerabilidad del Comité, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras emitió el pasado 10 de septiembre, una Alerta Temprana para acelerar la implementación de medidas a favor del Comité.
Las personas periodistas y comunicadoras no sólo están expuestas a la inoperancia de las instituciones garantes de su protección, también se ven expuesto a los altos niveles de impunidad, razón por la que allegados a López han demandado “que la investigación la lleven a cabo desde el ámbito internacional, porque si se deja a nivel nacional nada va a avanzar “. En línea con lo mencionado, la Relatora Irene Khan en el mismo informe sostiene que “la persistencia de estos elevados niveles de impunidad apunta en última instancia a una falta colosal de voluntad política por parte […] del liderazgo en las instituciones”
Desde ARTICLE 19 exigimos una investigación profunda y diligente que dé con los responsables materiales e intelectuales de este asesinato manteniendo un análisis diferenciado y que se garantice justicia para su familia, su esposa e hijas, así como la no repetición de las atenuantes que facilitaron la ejecución de este crimen. Demandamos que el Estado hondureño implemente de forma urgente un protocolo de seguridad para la familia de Juan López, que garantice su integridad. Por último, nos solidarizamos con las personas allegadas y compañeras de lucha.
