Derechos Digitales

Ciudad de México, a 24 de enero de 2021.- En la conferencia matutina del día 20 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el currículum de Hugo Rodríguez Nicolat, Director de Políticas Públicas de Twitter para México y América Latina. Su objetivo fue recalcar la historia de Rodríguez Nicolat como simpatizante panista, y de esa manera vincularlo con las críticas y cuestionamientos que la presente administración ha enfrentado en dicha plataforma digital desde que comenzó su mandato. 

El presidente buscó desacreditar las expresiones legítimas de la ciudadanía que se posiciona respecto a su gobierno y sus decisiones al asumir que Rodríguez Nicolat tiene el poder de realizar una campaña de desprestigio en su contra.  

Tras la conferencia, los ataques contra Rodríguez Nicolat -como persona- y contra Twitter México fueron creciendo. Y al mismo tiempo en que las agresiones instigadas por el gobierno continuaron, comenzó a desarrollarse paralelamente un urgente, pertinente y necesario debate público sobre la moderación de contenidos en las redes sociales. 

En la noche y madrugada del 22 de enero se viralizaron  los hashtags “#TwitterEsPanista” y “#TwitterCensura”, los cuales repetían los señalamientos que hizo el presidente, y ofrecían como ‘evidencia’ la decisión de la plataforma digital de suspender tres cuentas de personas usuarias, las cuales han operado a favor de la administración actual. Para abonar a un debate público abierto Twitter debe reforzar sus mecanismos para informar las razones específicas a las y los usuarios de las cuentas que fueron suspendidas.

Ante este acontecimiento, es importante reconocer que Internet y las redes sociales han adquirido una centralidad indudable para la vida pública contemporánea. Twitter, aún sin ser la red con mayor número de personas usuarias en México, se ha posicionado como la plataforma más relevante en lo que toca a la circulación de contenidos políticos y la construcción del espacio cívico digital. 

La forma en que la ciudadanía se ha apropiado de Twitter para la articulación de movimientos sociales, y para denunciar y visibilizar injusticias, crímenes y críticas hacia el Estado ha sido constante a lo largo de los años. Su impacto como espacio de deliberación de los asuntos de interés público no ha sido menor. 

El poder y relevancia que han llevado a Twitter a ser tan popular en diversas democracias traen consigo serias responsabilidades, particularmente en cuestiones asociadas a los derechos humanos y a la ética empresarial. En abril de 2019, en una TED Talk, el CEO de la plataforma Jack Dorsey reconoció: “[…] hemos visto muchos ataques a la conversación pública, hemos visto acoso, hemos visto manipulación, automatización, coordinación humana, desinformación; y son justamente estas dinámicas las que han llevado a la compañía a mejoras y actualizaciones constantes tanto de la propia plataforma, como de sus políticas de uso”.

Las plataformas de redes sociales enfrentan importantes desafíos. La sociedad civil ha hecho exigencias importantes para que las empresa implementen los Principios de Santa Clara para orientar sus decisiones, con el propósito innegociable de mejorar la transparencia, el debido proceso y la rendición de cuentas en sus espacios. También para que expliquen con claridad y consistencia cómo toman sus decisiones. 

Reconociendo lo anterior, es importante defender a Internet de la vocación autoritaria de algunos gobernantes, los cuales intentan -desde el desconocimiento y la unilateralidad- regular ‘lo digital’. Lo anterior bajo pretexto de defender a las personas usuarias de las tecnologías de las ‘decisiones arbitrarias’ de las plataformas digitales.

El ecosistema digital tiene una arquitectura que no obedece al control de los Estados. Por su importancia, es un espacio que se construye deliberadamente desde una visión de múltiples partes interesadas, donde tienen que converger  la sociedad civil, el sector privado, la academia, la comunidad técnica y el gobierno para que ningún actor o sector pueda atribuirse su gestión en exclusividad.

Es incuestionable que queda trabajo por hacer en el cuidado de la salud del debate público, en la transparencia, en la privacidad y en el manejo de nuestros datos. Sin embargo, no fue Twitter quien inventó las campañas de desprestigio, el discurso de odio, ni la manipulación de la información. Estos problemas sociales preceden el invento y auge de las tecnologías. 

Si bien se tratan de fenómenos que cobran mayor impulso a través del acceso y uso de las tecnologías, una respuesta adecuada implica elevar el debate público, mejorar la conversación y combatir el uso malicioso de todas las plataformas. Una respuesta responsable -considerando la investidura y poder que otorga ser una persona funcionaria pública- nunca incluye exacerbar un discurso antagónico de un “nosotros contra ustedes”, ni fomentar el clima de animadversión que prevalece en la sociedad y se reproduce en la plataforma.

La responsabilidad sobre la manipulación de las conversaciones, la desinformación y el uso de cuentas automatizadas también debe corresponder al Estado. Las «benditas redes sociales» lograron romper el cerco informativo que prevalecía en administraciones anteriores -sobre todo antes de la reforma en materia de telecomunicaciones-. Sin embargo, el gobierno ahora las percibe como una amenaza, sin advertir que la crítica y la confrontación de las ideas forman parte esencial de una democracia, y que el espacio digital es una vía para llevar a cabo estos ejercicios ciudadanos.

Internet y el uso de las plataformas de redes sociales han jugado un papel fundamental para que las personas ejerzan el derecho a la libertad de expresión. La Relatoría para la Libertad de Expresión de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “para garantizar efectivamente esta libertad  el Estado no debe restringir la difusión a través de la prohibición o regulación   desproporcionada o irrazonable de los medios”

Hacer señalamientos personales y equivocados respecto a cómo se toman las decisiones en las plataformas digitales -en este caso, en Twitter- es desinformar. El discurso del presidente sobre simplifica y emite expresiones irresponsables respecto a la compleja red de relaciones y responsabilidades que habilitan la propia existencia del espacio digital.  Esto reduce la posibilidad de un debate serio y plural  sobre el ejercicio de derechos humanos en redes sociales. 

Por lo anterior, hacemos un llamado a todos los actores del ecosistema digital,  en especial al Estado, para promover un debate amplio e informado respecto a las responsabilidades de las plataformas digitales en materia de derechos humanos y ética empresarial, el cual tenga como objetivo fortalecer a las personas usuarias de las tecnologías, resguardar la naturaleza de Internet, y evitar la confrontación sin fundamentos. 

Firman:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
LoQueSigue
It Gets Better México

 


Fecha de publicación en línea: 24 enero, 2021.
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