Amenaza contra Lydia Cacho exhibe omisión del Estado en garantizar su seguridad
Ciudad de México, 25 de julio de 2017.- El jueves 13 de julio, la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue amenazada por un sujeto desconocido en Quintana Roo. Ese día, la periodista continuaba su investigación sobre invasiones y presencia de hombres armados en terrenos ubicados en la localidad de Punta Brava.
Una persona se acercó caminando a su auto mientras esperaba el cambio de luz de semáforo, en el bajo puente de la carretera Puerto Morelos. “Lydia Cacho no se meta en lo de punta Brava porque allí están los de la última letra”, le dijo el hombre de complexión delgada y tez clara. La periodista aceleró su vehículo y él huyó corriendo hacia un sitio de taxis cercano.
“Mi investigación versa exclusivamente sobre actos de corrupción política, empresarial y burocrática”, dijo Cacho en entrevista con ARTICLE 19. “No estoy investigando actos de la delincuencia organizada”.
Ayer, 24 de julio, fue publicado en Aristegui Noticias el reportaje titulado “Puerto Morelos: otra tierra de ambiciones”, el cual exhibe los despojos de tierras en la zona y la presencia no autorizada de hombres armados en propiedades privadas. Además, señala la corrupción entre autoridades de distintos niveles para la apropiación ilegal de terrenos costeros en Quintana Roo.
Sin embargo, no es el primer trabajo de Cacho acerca de este tema. En 2015, los medios Aristegui Noticias y Newsweek publicaron simultáneamente el reportaje titulado “Tulum: tierra de ambiciones”, que denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos de habitantes de la zona, a quienes el gobierno despojó de sus tierras. De nuevo, la corrupción de las autoridades de los distintos niveles del gobierno de Quintana Roo se relaciona con la construcción de mega proyectos comerciales y habitaciones en la zona.
ARTICLE 19 ha documentado de forma reiterada las agresiones en contra de Lydia Cacho. Desde hace más de 10 años, cuando publicó en “Los demonios del Edén” las redes de pederastia en México que gozan de complicidad de alto nivel político, ha sido víctima de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, tortura, falta de acceso a la justicia y derecho a la verdad. Todas las anteriores repercutiendo directamente en la libertad de expresión y derecho a la información de la periodista y de la sociedad.
Este cúmulo de agresiones han generado un ambiente de riesgo real e inminente en contra de la periodista, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a su favor desde junio de 2009. No obstante, éstas han sido violadas por el Estado mexicano, al no realizar las investigaciones adecuadas de las amenazas y agresiones cometidas en su contra. Por lo anterior, Cacho se vio obligada a salir del país como medida de autoprotección.
Frente a la omisión de las autoridades, la periodista, con acompañamiento de ARTICLE 19, solicitó en octubre de 2014 ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OHCHR), se determinara las responsabilidades del Estado mexicano ante el incumplimiento de sus obligaciones de garantía y protección a los derechos humanos de Lydia Cacho. Hasta la publicación de esta alerta, la solicitud sigue en proceso, sin una respuesta positiva del Estado.
ARTICLE 19 exige al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, tome las medidas necesarias y con carácter de urgencia para salvaguardar la integridad de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, así como la de las y los periodistas del estado. Lo anterior ya que en días anteriores esta organización documento diversas amenazas en contra de los periodistas Pedro Canché y Amir Ibrahim en Cancún, Quintana Roo.
De la misma forma, ARTICLE 19 hace un llamado al gobierno federal a cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH en favor de Lydia Cacho, debiendo garantizar su integridad física y emocional, así como dar un real cumplimiento a las garantías de no repetición debido a las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
ARTICLE 19 exige a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a realizar las investigaciones necesarias que lleven con el o los responsables intelectuales y materiales de esta amenaza en contra de la periodista, debiendo realizar las indagatorias con estricto apego a los estándares internacionales de la materia, tomando en consideración el contexto de las notas publicadas por Lydia Cacho, así como los intereses políticos, privados o del crimen organizado que pudo haber tocado con las mismas.
Nota para prensa
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