Ciudad de México, 29 de Septiembre de 2014.- El día de ayer el fotógrafo del diario Noroeste, Iván Lizárraga, fue detenido de forma arbitraria por policías municipales de Mazatlán y obligado a borrar su material fotográfico.
Lo que informó Noroeste este lunes en una nota periodística, es que los policías que detuvieron a Lizárraga lo hicieron cuando éste documentaba el desarrollo de un operativo policiaco, en el que los agentes utilizaron “marros” para ingresar a un domicilio “sin orden de cateo”.
Lo anterior generó el malestar del Comandante de la Policía responsable de los agentes, quien le dijo a Lizárraga que no podía tomar fotografías del operativo, “porque era una orden que venía de arriba”.
A los pocos minutos de la primera advertencia y tras fotografiar el despliegue policial, el Comandante ordenó la detención del periodista, a quien trasladaron esposado en una patrulla a las instalaciones de la Policía Municipal, junto con una persona detenida como parte del operativo.
“Me tomaron datos de la credencial de elector, (el Comandante) me dijo ahorita quiebra el teléfono y te compro otro, pero quiero que borres toda la información; le dije ya borré las cuatro fotos que tenía”.
Después, el Comandante le advirtió en tono de amenaza que más le valdría “que fueran amigos'».
La detención arbitraria de Lizárraga se dio a pesar de que no existe la prohibición al ejercicio de obtener y difundir información que se pretendía con la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General, conocida como Ley Mordaza, que presentó el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Malova. Dicha reforma buscaba prohibir el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, y la restricción en el manejo de información relacionada con seguridad pública o la procuración de justicia. Aspectos que al violentar obligaciones internacionales en materia del derecho humano de libertad de expresión no son válidas.
Marco Santos, editor del periódico Noroeste en Mazatlán, dijo que luego del traslado de Iván Lizárraga a las instalaciones de la policía de Mazatlán le dijeron “que no estaba detenido”, por lo que fue puesto en libertad.
Las agresiones contra Noroeste han sido recurrentes en los últimos años. De 2010 a la fecha han reportado poco más de 50 incidentes de seguridad. En 2014, ARTICLE 19 ha documentado seis agresiones en contra de este diario de circulación estatal, cinco de ellas perpetradas por funcionarios públicos. La más grave se registró el 3 de abril, cuando el Director General de Noroeste, Adrián López, fue atacado a balazos por dos hombres, que luego de robarle su automóvil regresaron para dispararle en una pierna.
Las autoridades de Sinaloa han sido omisas en su responsabilidad de investigar y procesar penalmente a los responsables de los ataques a Noroeste y sus colaboradores. Por ello, ARTICLE 19 reitera su llamado a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que investiguen la detención arbitraria de Iván Lizárraga, así como el resto de las agresiones cometidas contra el medio en los últimos cuatro años.
Para ARTICLE 19 es preocupante que las autoridades de Sinaloa no ofrezcan garantías para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en esa entidad, ubicada en el noroeste de México.
ARTICLE 19 exige al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Mazatlán que implementan acciones que permitan que las agresiones contra los medios y sus periodistas no se repitan.
Nota para prensa
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