Agentes de seguridad en Jalisco, impiden investigación de periodistas sobre conflicto socioambiental
Actualización:
Ciudad de México a 29 de agosto de 2017.- Los reporteros Mario Marlo, de Somos El Medio, Darío Pereira, de NTR Guadalajara, Alfonso Hernández, de NTR Guadalajara, Jade Ramírez, de Radio UDG, y una reportera de Agencia EFE, que prefirió no dar su nombre, fueron víctimas de bloqueo informativo cuando se les negó el acceso a la comunidad de Talicoyunque, por parte del personal de SEGMAG –Seguridad Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada S.A. de C.V.–, mientras se encontraban cubriendo la visita de dos elementos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los reporteros llegaron aproximadamente a las 12:30 al punto de acceso a la comunidad de Talicoyunque, en donde les fue impedido el paso por elementos de SEGMAG, aún cuando se identificaron y justificaron su estadía al estar cubriendo la visita de los elementos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la zona.
Al negarles la entrada, los reporteros optaron por retirarse.
Es necesario acotar que en ese mismo lugar, el pasado 11 de agosto se le negó la entrada al reportero de Somos el Medio, Mario Marlo y a la reportera Cecilia Reynoso.
La persistencia del bloqueo hacia miembros de la prensa a la comunidad de Talicoyunque constituye una violación a la libertad de buscar información y una violación al derecho de las personas de dicha comunidad, a difundir las condiciones bajo las cuales viven, además de que se lesiona el derecho de la sociedad jalisciense a recibir información sobre el tema.
Aún cuando la negación de entrada fue realizada por elementos de una empresa de seguridad privada, el municipio de Cañadas de Obregón y el gobierno estatal de Jalisco, tienen la obligación de garantizar la libertad para el ejercicio informativo en la región y la libertad de expresión para los habitantes de Talicoyunque.
En este sentido, ARTICLE 19 exige al gobierno estatal de Jalisco y al gobierno municipal de Cañadas de Obregón, el cese inmediato a las restricciones contra la prensa, además de que promuevan un ambiente óptimo para que cualquier persona interesada en documentar, pueda ingresar a cualquier comunidad de la región involucrada en el proyecto de la presa, El Zapotillo.
Urgimos también desde ARTICLE 19, a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco conozca de este bloqueo informativo y que actúe en la medida de sus atribuciones.
Ciudad de México a 11 de agosto de 2017.- El reportero Mario Marlo, de Somos el Medio y la reportera Cecilia Reynoso, fueron víctimas de bloqueo informativo en las inmediaciones de la comunidad de Talicoyunque, municipio de Cañadas de Obregón, y de intimidaciones, en la comunidad de Acasico, municipio de Mexticatán, en el estado de Jalisco.
El pasado 4 de agosto, los reporteros se dirigían a Talicoyunque, cuando llegaron a un punto de control cercano a la comunidad en el que agentes de seguridad de la empresa SEGMAG –Seguridad Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada SA de CV– les marcaron el alto y les pidieron revisar el vehículo en el que venían. Dicha empresa fue contratada por la Comisión Estatal de Agua para vigilar el reasentamiento de las comunidades que serán inundadas.
Al percatarse que había una cámara visible entre las cosas de los tripulantes, los agentes de SEGMAG adoptaron una actitud hostil hacia los reporteros y les negaron el acceso. Uno de ellos comunicó a través de su radio: “Háblale al licenciado, dile que de nuevo quieren entrar.”
En entrevista con ARTICLE 19, Mario Marlo expresó:
Nos negaron la entrada por ser medios de comunicación. En la reja del punto de control era posible ver una manta con un mensaje que decía:
“Propiedad privada. No medios de comunicación. Atte Gobierno Federal, Grasias» (sic).
En meses anteriores, los periodistas ya habían visitado el lugar y platicado con algunas de las 8 familias que se encuentran viviendo ahí desde hace más de un año, tras haber sido reubicadas de la comunidad de Palmarejo, hacia Talicoyunque, hecho provocado por el proyecto de la presa El Zapotillo.
«Como resultado de esa visita pudimos documentar la situación en la que viven las familias desplazadas. Ellos nos contaban que el personal de seguridad los tiene vigilados, que guardaban una copia de las llaves de las casas, e impedían pequeñas reuniones o convivios. La manera en que han tratado de mantener el control sobre ellos es diciéndoles que si hablan, perderán el derecho a una nueva vivienda», comenta Marlo.
El mismo día, después de no lograr entrar a Talicoyunque, los reporteros se dirigieron a la comunidad de Acasico, y pese a que desde ahí sí lograron acceder, un par de sujetos en una camioneta blanca comenzaron a tomarles fotografías.
La reportera Cecilia Reynoso declaró para ARTICLE 19:
“Cuando vimos que nos estaban grabando les pregunté: –¿Quiénes son? ¿Por qué nos están grabando? A lo que respondieron: –A ti no te estamos tomando fotos, tú estás de espaldas.
Ahí les respondí que lo que estaban haciendo se llamaba acoso. Ellos me respondieron que quienes estábamos acosando, éramos nosotros.”
Dicho esto, los tripulantes de la camioneta se alejaron a toda velocidad del lugar.
Mario Marlo declara:
“Lo que pasó en Acasico da una sensación de inseguridad porque estamos en un medio rural y para llegar a la zona sólo hay un camino de llegada y otro de salida. Ese tipo de situación nos hace pensar que pudiéramos tener algún incidente de seguridad y esto es totalmente indeseable.”
ARTICLE 19 tiene conocimiento del conflicto socioambiental que se desarrolla en la región de Los Altos de Jalisco respecto a la construcción de la presa El Zapotillo y de la movilización de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín durante 12 años.
Es por esto que desde ARTICLE 19 exigimos a la Comisión Estatal del Agua y al Gobierno de Jalisco que se abstengan de limitar, bajo cualquier medida, la investigación y difusión de información del proyecto El Zapotillo, así como al registro de las expresiones de los habitantes de las comunidades que se inundarían o que fueron reubicadas.
Además, exigimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que conozca del caso, no sólo de los periodistas citados en esta alerta, sino de los habitantes de las comunidades que han sido vulnerados en su derecho a la libre expresión y de reunión, a cambio de no perder su derecho a ser indemnizados.
Debido a que Mario Marlo y Reynoso continuarán cubriendo el tema en la región, solicitamos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hagan contacto con los reporteros a fin de elaborar un plan de protección y prevenir cualquier futura agresión.
Nota para prensa
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