• Es necesario garantizar el acceso a la información en materia de violaciones graves a derechos humanos, para así acceder a la memoria, verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
• La transferencia y apertura de los archivos históricos acordada por el gobierno federal en febrero de 2019 no se ha cumplido hasta la fecha.
• Es preocupante la narrativa oficial que deslinda responsabilidades del Ejército en la época de violencia de Estado entre 1965-1990

Ciudad de México, a 23 de junio de 2022.- El día de ayer, 22 de junio del presente año en el Campo Militar Número 1, se celebró un evento protocolario, convocado por el Gobierno Federal, titulado “Ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos ocurridos entre 1965-1990, con la Secretaría de la Defensa Nacional”, cuya finalidad era anunciar el programa de apertura de los archivos militares e instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), para contribuir a la investigación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH)”.

ARTICLE 19 reconoce la importancia de la apertura de los archivos y de las instalaciones militares a 50 años del periodo de represión ocurrido entre los años sesenta y noventa. Esto representa un paso hacia la búsqueda de verdad y justicia, al generarse mecanismos de escrutinio público y rendición de cuentas con las Fuerzas Armadas que participaron en hechos atroces del pasado, donde fueron detenidas, torturadas y asesinadas personas opositoras al régimen político de aquel entonces. La impunidad del pasado ha permitido que nos encontremos en un presente con más de 100,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Esclarecer lo sucedido en relación a las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el pasado es un paso para terminar con la impunidad de las violaciones cometidas en el presente.

Cabe mencionar que ha habido ya diferentes momentos en la historia de nuestro país en que se ha anunciado la apertura de archivos de la época de violencia de Estado de los años sesenta a noventa del siglo pasado y de las violaciones a derechos humanos en México. En este sentido es importante señalar que hasta la fecha no se ha cumplido el acuerdo presidencial de febrero de 2019 que anunciaba la transferencia de documentos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales al Archivo General de la Nación (AGN); archivos que incluyen documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que por años gestionó el archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y que abarca el periodo de investigación de la CoVEH.

La anunciada apertura de los archivos de las fuerzas armadas, llega casi nueve meses después de la instalación de la Comisión, cuando desde el día uno de su instalación la CoVEH debió tener acceso total a la información. En este sentido, en el mencionado evento el General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Sedena, hizo referencia a un total de 1,653 legajos, cuya documentación fue transferida por administraciones pasadas hace casi 20 años al AGN. 

ARTICLE 19 expresa su preocupación en varios sentidos sobre lo ocurrido el día de ayer.  Este evento, debía centrarse en las víctimas y sus familias, quienes entraban por primera vez en un acto oficial al Campo Militar Número 1, lugar donde sus seres queridos habían sido vistos por última vez, o en donde ellas mismas habían sido detenidas ilegalmente y torturadas. En cambio, dicha ceremonia se convirtió en una disputa de narrativas en las que desde el gobierno federal pareció exonerar a los militares. Así, hubo por parte del Secretario de la Defensa Nacional y del Presidente una serie de justificaciones sobre el actuar de las fuerzas armadas en dicha época, y en especial del Ejército, al pretender minimizar y evadir su responsabilidad ante los actos de represión de los gobiernos del periodo, señalando “que los actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles…”. Con este discurso, el impulso a la justicia, uno de los ejes de la Comisión, parece verse amenazado por la postura gubernamental.

También se anunció “la inscripción de los nombres de los militares con motivos de los hechos en el pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas en la Plaza al Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido de homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida en la llamada “Guerra sucia”. Esto, aunado a la presencia de “algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces”, causó indignación entre las víctimas y sobrevivientes que acudieron al evento, quienes se manifestaron en el lugar.

Al equiparar a quienes fueron víctimas de la represión y a quienes la ejercieron, el gobierno federal acerca su discurso a la conocida “teoría de los dos demonios”, en donde dos bandos se enfrentaron mientras la sociedad era solo testigo de lo que sucedía. Dicho discurso ha sido utilizado por gobiernos anteriores en México y en la región para justificar las violaciones a derechos humanos por parte del Estado. En el Informe final de Actividades de la Comisión para la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad 2012-2014) se ha probado que hubo instrucciones por parte del Ejército de “aniquilar guerrilleros”, que la represión fue planeada y sistemática.

En un país que continúa siendo militarizado, la memoria no puede seguir el mismo curso. Conocer el actuar del Ejército en los hechos violatorios de la época es una pieza clave para ejercer el derecho a la verdad, construir la memoria histórica y conocer dónde están las personas desaparecidas. Así, es preocupante que el discurso del gobierno federal busque diluir las responsabilidades de los perpetradores, en lugar de centrarse en la verdad y la justicia.

Desde ARTICLE 19 insistimos en la importancia del acceso a la información, la apertura de archivos e instalaciones militares que permiten conocer qué fue lo que sucedió, quiénes son las víctimas, dónde está cada una de ellas, y quiénes son los responsables de cada una de las violaciones a derechos humanos, para poder llevar a cabo procesos de justicia y reparación, así como garantizar la no repetición. Reiteramos que nos encontramos frente a un momento histórico de apertura de instalaciones y archivos militares, que pueden contribuir al fin de la impunidad y al ejercicio de la verdad para las víctimas, sobrevivientes y la sociedad, para lo cual debe contarse con la colaboración del Ejército y el compromiso de las instituciones de justicia.

Nota para prensa

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