Foto: ARTICLE 19

Ciudad de México 13 de abril de 2023.- El pasado 30 de marzo de 2023 la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó públicamente la reaprehensión de Luigui N, ex policía municipal y uno de los señalados como responsables en el homicidio del periodista Moisés Sánchez, quien el 31 de marzo de 2022 fue sentenciado por los delitos de incumplimiento de un deber legal y homicidio doloso, después de que un grupo de hombres armados extrajeran a Moisés de su domicilio el 2 de enero de 2015 en Medellín, Veracruz.

El 31 de marzo, es decir, un día después de la reaprehensión, dicho sujeto quedó en libertad con motivo de una suspensión que le fue otorgada en 2022 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, dentro de un juicio de amparo que promovió contra la sentencia condenatoria que le fue dictada por los delitos de incumplimiento del deber legal y homicidio doloso contra Sánchez Cerezo.

Lo anterior representa un hecho lamentable en la búsqueda de justicia para la familia del periodista. Si bien el hasta ahora sentenciado tiene el derecho de solicitar la suspensión y amparo de la justicia, lo ocurrido da cuenta de algunas falencias institucionales en el estado de Veracruz:

• Primero, desde el momento en que se otorgó la suspensión a Luigui N, lo procedente es realizar una serie de notificaciones, para que precisamente dicha determinación sea conocida por las autoridades correspondientes y sea respetada al ser una orden judicial. En este sentido, si había una orden de reaprehensión vigente, desde el momento del otorgamiento de la suspensión, dicha orden debió quedar sin efecto temporal y no ejecutarse hasta que se resuelva el juicio de amparo en el fondo y, en su caso, quede firme la sentencia.

No obstante, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Medellín de Bravo, Veracruz, quien giró dicha orden a través del entonces Juez Ariel A. César Robinson Manzanilla, con motivo de esa suspensión, debió dejar sin efecto la orden de reaprehensión para que no se ejecutara y notificar de esto a las autoridades ministeriales para su conocimiento.

• Segundo, la familia y representantes, no fuimos notificados que se haría la reaprehensión, así como tampoco recibimos información oportuna sobre la posterior liberación, pues fue hasta  cinco días después cuando la Fiscalía notificó de lo ocurrido. Esto transgrede los derechos de las víctimas de estar informadas, y nuevamente se les revictimiza.

La reaprehensión de Luigui N fue manejada públicamente como un logró que alcanza la justicia en el crimen contra Moisés Sánchez, lo cual se encuentra alejado de la realidad, ya que aún queda un camino largo por recorrer en cuanto a la ubicación y procesamiento de otros autores, tanto materiales como mediatos o intelectuales, para garantizar el derecho a la verdad y justicia de las víctimas.

Lo ocurrido tiene un impacto negativo en la búsqueda de justicia de las víctimas, a partir del desaseo y falencias institucionales en lo que debería tener un tratamiento sumamente cuidadoso, como lo es el de aprehender a una persona imputada o sentenciada por un hecho ilícito.

El caso de Moisés Sánchez también enfrenta otras complicaciones que lo afectan sustantivamente. Desde el inicio de las investigaciones, es decir, desde hace más de ocho años, hubo un desaseo que incluso llevó hasta la posible comisión de actos de tortura contra uno de los imputados que emitió una confesión en enero de 2015 ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, y lo cual se convirtió en la prueba madre de esa institución, lo que tuvo como consecuencia que otros imputados obtuvieran amparos por falta de mayores elementos de prueba, además de esa confesión.

Sumado al hecho de que propios peritos oficiales de esa institución determinaron que dicho procesado fue sujeto a actos de tortura, lo que impacta en la búsqueda de justicia, verdad y reparación a las víctimas. Esto se empeora aún más ante la falta de coordinación actual entre las autoridades de Veracruz y la FGR a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión FEADLE, quien conduce la indagatoria desde 2016.

En reuniones recientes que se han sostenido con estas instituciones, ha resaltado esta falta de coordinación, ni siquiera de una comunicación mínima, en aras de robustecer y conjuntar esfuerzos como Estado mexicano a favor de las víctimas, haciendo notar la importancia de dicha coordinación interinstitucional.

Por lo anterior, la familia Sánchez y ARTICLE 19 exigimos que las investigaciones y trato del caso de Moisés Sánchez, a más de 8 años de los hechos, se realice con total cuidado y debida diligencia, evitando graves errores como el sucedido. Ante tantos años de impunidad, se vuelve importante que los pocos avances que se han obtenido, estén plenamente cuidados y bien trabajados.

Asimismo, ARTICLE 19 reitera la relevancia y urgencia de una efectiva y plena coordinación interinstitucional entre las autoridades de Veracruz y las autoridades federales, particularmente con la FEADLE de la FGR quien lleva actualmente la conducción de la investigación.

Nota para prensa

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