Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.- Durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han desplegado una estrategia de comunicación que no ha garantizado efectivamente el derecho a la información de la sociedad y de las personas afectadas. Durante la primera etapa de la crisis, la información oficial no ha sido un catalizador de protección y garantía de derechos. A la luz de estándares internacionales sobre los deberes del Estado en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 ha documentado un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Esta falta de información ya ha sido motivo de denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados en edificios ubicados en Álvaro Obregón 286 y en el Multifamiliar Tlalpan, entre otros. Asimismo ha sido motivo de reclamos por parte de vecinos de la Av. Sonora, que cruza las colonias Hipódromo Condesa y Roma Norte, cuyos edificios presentan daños severos. Desde el viernes 22, esta ausencia de información clara y precisa provocó tensiones y conflictos en puntos como Chimalpopoca y Bolivar, donde se desplomó una fábrica textil. De la misma manera, hay datos sobre el bloqueo informativo que han padecido las y los periodistas, cuya labor resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.

No hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida en materia de comunicación, cuando se cuentan con vastos recursos para informar a la sociedad. Por el contrario, la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto. Tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población. En los lugares de colapsos o daños severos, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso Frida Sofía, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.

En esta tesitura, tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas. Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues. También se ha obstaculizado la labor de periodistas en los lugares de derrumbe.

Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo  controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como #Verficado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro.

A continuación, haremos un breve estudio sobre las condiciones para el libre flujo de información en la Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre. Ello retomando los deberes del Estado en estos contextos críticos de desastres naturales, mismos que se encuentran desarrollados en diversos instrumentos internacionales.[1]

Para tales efectos, se realizaron encuestas en 11 de puntos de la Ciudad de México donde los inmuebles colapsaron (9) o presentaban daños severos (2). Para este estudio retomamos aspectos como información incluyente, abierta, fluida, ética, pertinente, objetiva, adecuada, accesible y comprensible, tanto a nivel general como en los lugares donde se han implementado acciones de rescate.

Previo a dicha revisión sobre el flujo de información in situ, presentamos un análisis sobre la estrategia general de comunicación que los gobiernos local y federal implementaron los días posteriores al sismo.

Como parte de las conclusiones, incluimos una serie de recomendaciones que esperamos sean atendidas a la brevedad.

1. Análisis general de la estrategia de comunicación e información del gobierno mexicano

De un análisis general de la comunicación social del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México podemos afirmar que la falta de información precisa y oportuna para la población se ve reflejada en las calles y específicamente en los puntos de derrumbe y zonas de riesgo. El contexto amerita una utilización máxima de los mecanismos y recursos existentes que den certeza a las personas sobre el grado de vulnerabilidad en que se encuentran sus calles, sus colonias, sus hogares y sus familiares.

Para ejecutar las estrategias puntuales tendientes a disminuir el riesgo y poner a salvo vidas de los habitantes, el Estado debe coordinar esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno, y en ese esquema debe brindar la información pertinente y clara a partir de todas las plataformas de comunicación. Para ello debe contar con planes de acción como respuesta a desastres naturales.

Es importante resaltar que tales estrategias pueden contener planes de asistencia humanitaria como primera reacción, pero sin perder de vista que su objetivo debe enfocarse en asistir a las personas afectadas para proteger vida y dignidad, mas no enaltecer a determinadas autoridades o generar protagonismos políticos.

Si bien diversas secretarías de Estado, de los ámbitos federal y estatal, difundieron información a través de sus redes sociales sobre las acciones de rescate, lista de albergues, centros de acopio, programas sociales o recomendaciones para la detección de grietas en los hogares, las estrategias de comunicación social de las autoridades se han dedicado a promover la imagen del gobierno y a generar mensajes que exaltan el patriotismo y el heroísmo en lugar de proveer información pertinente y adecuada que garantice la vida y la integridad de las personas.

Asimismo, la información difundida sobre el registro oficial y el seguimiento de las personas hospitalizadas y desaparecidas presenta graves inconsistencias, al igual que la socialización de las necesidades reportadas en cada punto de derrumbe.

Ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación. Por su parte, en tanto intermediario privado, Google activó su Localizador de personas[2].En cambio, personal de Seguridad Pública y Protección Civil informó erróneamente que ya no había personas en edificios derrumbados, cuando los familiares señalaban lo contrario.

En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial se difundió a través de Locatel pero, antes las deficiencias planteadas infra, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas. La información de Locatel contrasta con las listas elaboradas por la sociedad civil, las cuales incluyen mayor número de hospitales, tanto públicos como privados, y mayor número de personas hospitalizadas. Además, ésta no coincide con los datos alojados en la plataforma de Google sobre personas desparecidas. De acuerdo con la lista colaborativa rescatecdmx, más del 70% de las fuentes de información sobre personas ingresadas en hospitales provino de fuentes no oficiales.

Cabe resaltar que al día de hoy ninguna autoridad ha explicado por qué elementos del Ejército, Marina y Policía Federal portaron armas de fuego en los derrumbes, zonas de riesgo y centros de acopio, creando confusión y temor entre la población.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no ha brindado información de interés público en el actual contexto. Por el contrario, difundió mensajes de secretarios que enaltece las actividades de las fuerzas armadas y de elementos de Protección Civil, en lugar de dar instrucciones e información clara para responder a las inquietudes de la población. Sin embargo, de manera excepcional, el secretario se pronunció para desvirtuar las acciones emprendidas desde sociedad civil, soslayando que la difusión de “noticias falsas” es resultado de la incapacidad de las autoridades para brindar información clara y oportuna y así evitar la incertidumbre y la confusión entre las personas afectadas por el sismo.

El gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretenden resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones; lo que, con base en esta documentación, es medianamente cierto.

Por otro lado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio 3 mensajes públicos en 8 días, aun cuando se comprometió en sus 2 primeros mensajes emitidos el día del sismo, a informar de manera oportuna y periódica a la población. En estos, Peña Nieto informó de manera general sobre las medidas que el gobierno federal activaría para atender la situación de emergencia. También, han circulado fotos del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en reuniones de trabajo. Sin embargo, prevaleció la ausencia de información útil y específica sobre los acuerdos, planes de emergencia, responsabilidades institucionales y las rutas de ayuda para la población.

Lejos de incentivar mecanismos efectivos para evitar la propagación de mensajes inciertos, las autoridades emprendieron los días 22, 23 y 24 de septiembre una campaña de mensajes contradictorios –a través de cuenta oficiales como @segobmx o del propio Osorio Chong, @osoriochong– para que las personas hicieran caso omiso a los rumores e invitaron a consultar sólo información de cuentas oficiales. Ello intentó desacreditar en un primer momento el esfuerzo que desde la población se articuló para garantizar la fiabilidad de la información. Las plataformas sociales –como #Verificado19S, entre otras– suplieron la incapacidad institucional para responder de manera eficiente a los impactos de la emergencia provocada por el sismo del 19 de septiembre. A tal punto llegó la efectividad de #Verificado19S que cuentas en redes sociales como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difundieron información provista por esta iniciativa.

Los ejemplos anteriores dan cuenta que la información proporcionada por las autoridades no se ha dado de forma periódica, oportuna, pertinente, adecuada y objetiva. No ha existido una vocería capaz de mantener el flujo de información constante ante la situación. La sociedad civil ha tenido que generar mecanismos de seguimiento al margen de la incapacidad gubernamental para difundir información clara, concisa y oportuna.

2. Resultados de la documentación in situ

La evaluación in situ sobre el flujo de información se basó en entrevistas realizadas a civiles en 11 sitios, 9 de ellos zonas de derrumbe (Coquimbo, Gustavo A. Madero; Escuela Enrique Rebsamen, Tlalpan; Calle Enrique Rebsamen, Benito Juárez; Multifamiliar de Tlalpan, Tlalpan; Torreón y Viaducto, Benito Juárez; Gabriel Mancera y Escocia, Benito Juárez; Gabriel Mancera 33, Benito Juárez; Ámsterdam 25, Cuauhtémoc; y Álvaro Obregón 286, Cuauhtémoc) y 2 con alto riesgo de derrumbe (Pacífico 223, Coyoacán; y La Morena 312, Benito Juárez). Asimimo, el análisis se basa en la percepción de quienes acompañan los trabajos de búsqueda en los alrededores de dichos sitios.

2.1 Información sobre las labores in situ

De acuerdo con la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas[3] y las Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, en una situación de desastre o de crisis humanitaria todas las personas ubicadas en dichos contextos deben recibir cierto tipo de información de manera adecuada, oportuna, clara, precisa y veraz sobre aspectos tales como la situación de vulnerabilidad y los riesgos que de la misma se puedan derivar, zonas de riesgo, procesos de evacuación y desalojo así como las razones por las cuales son necesarias, centros de evacuación, los recursos disponibles o previstos para llevar a cabo los trabajos in loco, los mecanismos de administración y de control de los mismos, etc.[4]

A partir de la información recabada por ARTICLE 19 en estos 11 contextos, hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda.

En ninguno de los 11 sitios en los que se recabó la información se implementó una estrategia para brindar actualizaciones sobre el estado de las cosas y/o insumos que faciliten la toma de decisiones de manera periódica, lo cual generó mucha incertidumbre. En ninguno de los sitios se pudo identificar con claridad a la autoridad encargada de las tareas de vocería, o el reconocimiento de éstos por parte de la población es ambiguo, con testimonios como: “son personas de la delegación”, “son marinos pero van cambiando y dicen cosas contradictorias”.[5]

De los 11 lugares documentados, sólo 2 contaban con autoridades identificadas para dirigir las actividades y coordinar los trabajos in situ (labores de rescate, evaluación de riesgo, canalización de recursos, tareas de limpieza, etc.). En 4 casos, fueron ciudadanos quienes tomaron la coordinación de los esfuerzos. Mencionaron la presencia de fuerzas de seguridad y su participación en los trabajos, pero no como actores capaces de satisfacer las necesidades básicas de información.

En 6 lugares[6] (54% de la muestra) no se compartieron los protocolos y estrategias para las labores de rescate o de evaluación de riesgo. La poca información que han recibido las personas viene de fuentes no oficiales, es decir, de voces ciudadanas que de buena fe tratan de aminorar la incertidumbre. Sin embargo, en ocasiones y ante la falta de información oficial, dan pie a rumores que han traído consigo connatos de violencia que podrían haberse evitado con información clara, oportuna y periódica, como en el caso de la fábrica textil  ubicada en Chimalpopoca y Bolívar.

Durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto, la canalización de los recursos materiales y humanos requeridos en los sitios y derrumbes se hizo de manera espontánea y sin que las autoridades asumieran la responsabilidad de satisfacer estas necesidades. Según la documentación realizada, la población involucrada tiene, hasta la fecha, mayor claridad de los insumos con los que se cuenta para realizar las labores de rescate, ayuda, acopio y protección civil en el lugar de los hechos, así como los que faltan. También se documentaron declaraciones de autoridades negando la existencia de herramientas – por ejemplo en Álvaro Obregón 286- para continuar con las labores de rescate, cuando los propios grupos de sociedad civil organizada les han informado de la disposición de los mismos.

El caso de la niña inexistente nombrada Frida Sofía, supuestamente atrapada con vida en el derrumbe de la Escuela Enrique Rébsamen, ilustra de manera clara la falta de rigor con el que las autoridades mexicanas difundieron información a los medios y a la población. Las opiniones públicas nacional e internacional[7] coinciden en la gravedad de que una situación como esta tenga lugar en medio de la tragedia que como país estamos encarando. Justo en los momentos más cruciales para marcar la diferencia entre la vida y la muerte, el gobierno federal canalizó todo su esfuerzo en dirigir la atención y los recursos para el rescate de una persona que nunca existió.

En conclusión, bajo el análisis de la muestra anteriormente descrita, hasta este momento las autoridades no han cumplido los mínimos estándares para explicar a la población de que manera se están articulando para afrontar la situación, quiénes son las y los responsables, bajo qué principios se rige su actuar, cuál es la función de cada una de las autoridades presentes y, en el caso particular de las fuerzas armadas, cuál es el comportamiento que se espera de ellos y las obligaciones a cumplir que justifican tanto su presencia como el cerco que han establecido para limitar la actuación de la sociedad civil.

2.2 Información necesaria sobre las estrategias para responder al desastre natural

A partir del peligro creado por un desastre natural, el Estado debe tomar medidas que resulten en el resguardo y garantía de la vida e integridad física y mental de las personas, medidas planteadas desde una cultura de comunicación ética y respetuosa.

Como parte de las estrategias de rescate, la evacuación es una de las medidas urgentes a realizar, debe ser pronta, monitoreada y atender a particularidades geográficas y de las y los habitantes, siempre informando a la población sobre los tiempos y las acciones a tomar.

La comunicación de estas medidas debe ser de forma 1) oportuna, aclarando el impacto del evento y el riesgo generado; 2) rápida, para evitar dilaciones que impliquen más riesgos; 3) claras, es decir, un mensaje contundente y preciso que no resulte en diferentes interpretaciones; 4) relevante, información útil sobre las estrategias del Estado para enfrentar la situación de riesgo, que implique actividades concretas tanto para las autoridades encargadas de ejecutarlas, como información de ‘qué hacer’ para salvar vidas y poner a salvo los demás derechos fundamentales, y 5) accesible, información disponible en todas las plataformas de comunicación y en todos los idiomas utilizados en las zonas afectadas o por las personas damnificadas [8]

Además de la información recabada en los 11 sitios antes mencionados, hemos documentado denuncias de servidores/as públicos/as a quienes sus superiores les han solicitado que retiren de sus redes sociales los videos o fotografías con las que buscaban dar cuenta del deterioro y posible riesgo en sus lugares de trabajo, bajo el argumento de “no generar mayor confusión”, como sucedió por parte de las autoridades del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Dado que se ha registrado este patrón en distintas dependencias, es inevitable interpretar esta serie de actos como una política de censura por parte del Estado mexicano que en nada abona a las necesidades de información que la población demanda para tomar decisiones de protección y autocuidado y, por el contrario, incrementa la sensación de inseguridad con la que está viviendo la población.

Al momento de la elaboración de este documento, no hay información oficial sobre personas desaparecidas, lo cual genera incertidumbre a la sociedad en general y configura una forma de trato cruel, inhumano y degradante a las familias afectadas. Además de las plataformas digitales pare búsqueda de personas mencionadas supra, en un ejercicio meramente ciudadano, se han desplegado listas afuera de los edificios con información recabada por familiares, amigos/as y conocidos/as que se han acercado a los lugares de derrumbe. Este mecanismo social necesario y pertinente no toma en cuenta la posibilidad de otorgar el estatus de persona desaparecida a quienes vivían en hogares unipersonales o bien aquellas con familiares o redes de contactos fuera de la ciudad o que no han podido trasladarse a los sitios de derrumbe. Por parte de las autoridades no se ha mencionado esta falencia de información y mucho menos las acciones que emprenderán para tener un padrón oficial y el tiempo que esto tomará. Esta información es imprescindible para garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación integral de daños.

Las listas de personas hospitalizadas generadas por Locatel –las cuales están siendo sólo difundidas a través de sus redes sociales y su página web– presentaron dos graves problemas. Por un lado, la institución difundió listas que no compilaban la información de la totalidad de personas hospitalizadas en la Ciudad de México. Quienes fueron registrados en la primera lista del día, no figuraban en la segunda entrega. Por otro lado, Locatel –hasta el día de hoy– brinda información de personas hospitalizadas en centros médicos públicos, omitiendo la información de hospitales privados a los que se trasladaron víctimas del sismo por razones de saturación de las instituciones de salud pública.

Con respecto a las personas fallecidas, más allá de las medidas precautorias que deben tomarse en términos de protección de datos personales, las autoridades han fallado en brindar información por todos los medios sobre dónde puede examinarse la documentación fotográfica y demás documentación del/a fallecido/a, dónde se guardan sus pertenencias personales y dónde se están realizando los exámenes forenses.

Parte de las acciones de reconstrucción señalan la pronta identificación de cuerpos como pieza fundamental, misma que debe obedecer estándares tanto médicos como comunicativos para minimizar el estrés emocional de familiares.[9] En la Ciudad de México, la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan emitió un comunicado una semana después del terremoto para declarar que no cuentan “con información precisa de las autoridades sobre el número de personas que lamentablemente perdieron la vida, así como a quienes han rescatado o pudieran estar bajo los escombros”. En conferencia de prensa, familiares de víctimas de Álvaro Obregón 286 exigieron al gobierno de la ciudad información certera sobre los desparecidos: “No sabemos si están en un hospital o en la morgue, nadie nos avisa”[10].

De los 11 casos documentados in loco por ARTICLE 19, ninguno obedece a los estándares de comunicación sobre la coordinación de autoridades federales y locales. Respecto a la información puntual sobre las personas fallecidas, solo se documentó un caso en que sí había información. Un caso que representa menos del 10% de la muestra.[11]

2.3 Obstrucción a la labor periodística

Aunado a lo anterior, la necesidad de información oportuna y expedita se vio entorpecida por la persistencia de bloqueos informativos por parte de las autoridades. En varias zonas de derrumbe en la Ciudad de México primó el hermetismo y la falta de información fiable que las y los periodistas pudieran difundir.

La reportera de El Sur, Vania Pigeonutt, declaró: “[…]había mucha desorganización atribuida a las autoridades, ellos no nos dejaban pasar a pesar de que no estorbábamos ni queríamos acercarnos tanto”. Pigeonutt dio cuenta del bloqueo informativo por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México en Av. Obrero Mundial casi esquina con Medellín: “una policía nos dijo que no podíamos hablar con la familia [de víctimas] ni con civiles […] en ese punto presencié cómo la policía, incluso, empujó a otra compañera reportera”. La periodista señaló que la mañana del miércoles 20 de septiembre, la policía la sacó del lugar y, por ende, ya no pudo dar cobertura noticiosa.

El viernes 22 de septiembre en la zona de Álvaro Obregón 286, Vania Pigeonutt fue nuevamente obstaculizada en su labor periodística. Señaló que a la prensa se le dio el acceso que a ella se le negó: “Soy corresponsal de un medio de Guerrero y a mí no me querían dejar pasar pero a los extranjeros sí. Entré brincando un jardín para poder estar del lado de los demás reporteros, quienes también tuvieron ciertas complicaciones para pasar, ya que el perímetro acordonado era mayor que el día anterior.»

En esta zona, la falta de información oficial ocasionó que los familiares de las víctimas y personas buscadas en labores de rescate exigieran información oportuna sobre las labores de búsqueda y los cuerpos encontrados por los rescatistas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, al tiempo que manifestaron la desconfianza hacia las autoridades capitalinas que fungieron como su enlace, ya que éstas no les proveyeron de información adecuada, veraz ni oportuna sobre las labores de rescate.

Por su parte, Isabel Mateos Hinojosa, fotorreportera independiente, fue víctima de estos bloqueos durante la cobertura de los hechos posteriores al sismo. La fotógrafa narró a ARTICLE 19 que durante la cobertura noticiosa a las labores de rescate en el complejo Multifamiliar Tlalpan, del 21 de septiembre al 23 de septiembre, circuló “información contradictoria” por parte de las autoridades a cargo de las labores de rescate. Narró que, incluso, un elemento de Protección Civil no identificado le negó información sobre la posibilidad de rescatar a más personas: “nadie da información….a los periodistas nos tratan como chismosos, meten al personal de prensa en un corralito (sic)”.

Mateos Hinojosa relató que al interpelar a un miembro del ejército no identificado sobre cuáles eran sus labores en el marco de la implementación del programa DNIII de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo como respuesta: “no podemos dar información”. Además la fotógrafa mencionó que “nadie decía quién estaba a cargo e imperaba un ambiente de descoordinación” entre elementos de la policía capitalina y la Secretaría de Marina (Semar) presentes en la zona de desastre.

Neldy San Martín, reportera de El Financiero/Bloomeberg, señaló que durante su labor periodística del 20 de septiembre: “estábamos en el edificio de Torreón y Viaducto en la Narvarte […] llegaron policías federales no identificados [y] nos dijeron que no podíamos estar ahí, les indiqué que estaba haciendo mi trabajo de forma respetuosa, en una orilla, ni siquiera invadiendo espacio de labores de rescate […] una de las agentes de la policía me jaló del brazo, me dijo mugrosa […]”

San Martín afirmó que varios reporteros han vivido este tipo de agresiones y obstrucciones, sobre todo  si portaban cámaras de video. “[…] si eras de Televisa tenías acceso a todos los edificios […] al Rébsamen, a las zonas de derrumbe”, mientras que “a otros medios [las autoridades] no nos dejaban ni acercarnos a las inmediaciones”.

Otra periodista independiente que prefirió mantenerse en el anonimato refirió a ARTICLE 19 que durante la cobertura del derrumbe de Chimalpopoca y Bolívar la policía de Ciudad de México le dijo que ellos no estaban autorizados para dar informes a medios de comunicación sobre personas vivas ni cuerpos rescatados en esta zona. Durante el jueves 21 y viernes 22, la policía de la Ciudad de México tampoco dio explicaciones sobre el uso de maquinaria pesada. La periodista abundó que “policía de la Ciudad de México mencionó que ellos no sabían qué herramientas ni víveres eran necesarios en la zona. Dirigían a las personas con la brigada feminista para que este colectivo dijera qué cosas eran necesarias.”

La periodista mencionó que el viernes 22 de septiembre a las 14:30 horas se detuvieron las labores de rescate en esta zona y se usaron tres máquinas para limpiar el predio de escombros. Una hora después, las y los voluntarios pidieron a la policía de la Ciudad de México que les dejara entrar para verificar con qué fin se estaba utilizando la maquinaria pesada. Describió la periodista que ante el bloqueo y la incertidumbre se generó un enfrentamiento entre brigadistas y fuerzas de seguridad.

Los bloqueos informativos individuales a los que diversos periodistas se enfrentaron, además de constituir violaciones al ejercicio de su libertad de expresión, entrañan una violación al derecho de la sociedad a estar informada, en contextos de desastres naturales.

Conclusiones

Como lo ha documentado y señalado ARTICLE 19, en el marco general de una crisis de violaciones graves de derechos humanos, el Estado mexicano acostumbra desplegar una política de ocultamiento y censura. Dicha política se acentúa, a la luz de la evidencia mostrada en este documento, en un contexto de desastre natural.

La actual estrategia de comunicación gubernamental no ha sido proactiva ni eficiente para difundir las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades. Tampoco garantiza, hasta el momento, las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto de posibles actos de corrupción.

Los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación también se encuentran condicionados por el actual proceder de las autoridades federales y capitalinas. De esta manera es poco viable que se garantice la no repetición de daños tan graves en caso de una nueva catástrofe.

En este contexto, resulta paradójico que las autoridades, en especial las federales, promuevan que la población consulte información solamente en fuentes oficiales cuando éstas no brindan información suficiente, necesaria y adecuada. En la misma tesitura, tampoco se ha garantizado información pertinente para las víctimas y personas afectadas en lugares de derrumbe y/o zonas de riesgos.

Si en condiciones de “normalidad” resulta injustificable la opacidad y el silenciamiento de voces críticas, inhibir el flujo de información cuando ocurren desastres naturales incide directamente sobre el goce y ejercicio de los derechos a la vida, la integridad y seguridad personales. De ninguna manera, el acceso a la información puede suspenderse o restringirse de manera desproporcionada en contextos de alto riesgo. Por el contrario, se debe garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información -en  las dimensiones individual y colectiva- en aras de facilitar, proteger y promover el ejercicio de otros derechos.

Para ARTICLE 19 resulta preocupante que 32 años después del sismo que causara grandes estragos en la capital del país, los gobiernos subsecuentes no tomaron medidas preventivas que evitaran la repetición de la catástrofe y garantizaran la vida y la dignidad de las personas.

Por lo anterior, exigimos una política de comunicación que garantice a la población el acceso a la información, a fin de brindar certeza sobre los protocolos implementados en las zonas de desastre y sobre las necesidades de centros de acopio y de albergues, a la par de brindar cifras certeras sobre las personas rescatadas, desaparecidas y hospitalizadas.

Bajo esta premisa, urge la coordinación de las diversas instancias implicadas en las labores de rescate, y posteriormente, de reconstrucción, para garantizar la plena participación de la ciudadanía y de las personas afectadas.

Es inadmisible que las autoridades utilicen los recursos destinados para comunicar las estrategias y acciones de las entidades gubernamentales para promover la imagen de altos funcionarios e instituciones que, en principio, están obligados a intervenir en situaciones de crisis como la actual.

Con el objetivo de apuntalar la importancia del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 hace las siguientes recomendaciones:

• Implementar mecanismos efectivos de difusión de información útil y oportuna a través de medios accesibles, diversos e incluyentes
• Garantizar la coordinación entre las distintas dependencias y procurar difundir cifras e información confirmada para generar certezas para la sociedad mexicana y la comunidad internacional.
• Garantizar el libre ejercicio periodístico y de documentación, con respeto a los derechos humanos.
• Comunicar efectivamente medidas de prevención, atención y reconstrucción.
• Proveer de forma diligente datos confirmados sobre personas desaparecidas y hospitalizadas.
• Garantizar el derecho de la información de los familiares de personas atrapadas en zonas de derrumbes, mediante mecanismos claros, permanentes y transparentes.
• Establecer procedimientos claros y precisos para brindar información a familiares de personas fallecidas.
• Evitar el uso político de las necesidades de la población.
• Administrar de forma responsable los recursos nacionales -públicos y privados- asignados para atender la emergencia así como los recursos provistos por organismos internacionales.
• Establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas que aseguren que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

Descarga el informe en PDF en este enlace.

Referencias:

[1]   Proyecto de brookings – BERN sobre desplazamiento interno (2011) Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, Washington, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_045.pdf

[2]    El “Localizador de personas” es una plataforma digital utilizada por la empresa en casos de desastres naturales para aportar información sobre personas desaparecidas y realizar búsquedas para localizarlas. Previamente, esta herramienta se activó en Haití (2010) y Japón, en contextos de desastres naturales.

[3]    Esta Norma es una guía para promover una mejor calidad y una mayor rendición de cuentas en todos los aspectos del trabajo con comunidades y personas afectadas por desastres naturales. Como parte de los nueve compromisos que propone este instrumento, el número cuatro subraya la importancia de que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias conozcan sus derechos, tengan acceso a la información y participen en todas las decisiones que les conciernen. Cfr. CHS Alliance, Group URD y el Proyecto Esfera (2015) La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, versión en español disponible en https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf

[4]    Idem. p. 13 y Proyecto de brookings – BERN sobre desplazamiento interno (2011) Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres naturales, Washington, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_045.pdf

[5]    Sitios: 1) Calle San Luis No. 199, 24/09/17; 2) Lindavista, 23/09/17

[6]    Gabriel Mancera y Escocia, Benito Juárez; La Morena 312, Benito Juárez; Gabriel Mancera 33, Benito Juárez;  Coquimbo, Gustavo A. Madero; Escuela Enrique Rebsamen, Tlalpan; Ámsterdam 25, Cuauhtémoc;

[7]    La noticia del rescate que confundió a México, como lo denominaran varios medios internacionales, evidenció la falta de diligencia de las autoridades mexicanas, dejó ver los vacíos de información confliable en el contexto de desastre naturall, vulnerando no sólo el derecho a la información, también a la vida e integridad. Cfr. Frida Sofía, el rescate que confundió a México, El país. 22 de septiembre de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/09/21/actualidad/1506028797_638924.html; Descartan la existencia de la niña «Frida Sofía» bajo los escombros de la escuela Rébsamen, derrumbada en Ciudad de México por el terremoto;BBC Mundo. 22 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41355799; La búsqueda de Frida en México, la historia del rescate que no fue;Clarín. 22 de septiembre de 2017; Disponible en:  https://www.clarin.com/mundo/busqueda-frida-mexico-historia-rescate_0_ByCL_6ZjZ.html

[8]    Criterios retomados de HUMAN RIGHTS AND NATURAL DISASTERS. Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster. Estados Unidos, Marzo 2008; HUMANITARIAN DISASTERS AND INFORMATION RIGHTS, Legal and ethical standards on freedom of expression in the context of disaster response. ARTICLE19. Reino Unido, 2005

[9]    Gestión de Cadáveres en situación de desastre. Comité Internacional de la Cruz Roja, Organización Mundial de la Salud. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, et al. Estados Unidos, 2009.

[10]  Animal Político, Nadie nos dice nada, es desesperante: familias exigen información de rescates en Álvaro Obregón, 26 de septimebre de 2017, disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/09/alvaro-obregon-rescates-victimas-sismo/

[11]  Sitio: Pacífico 223 Pueblo de los Reyes, del. Coyoacán, 22/09/17

Nota para prensa

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