La construcción de una verdadera democracia requiere de diferentes elementos. En el 2002, con los nuevos aires democráticos que invadieron al país, bajo la presión de un importante número de personas, el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Un hito en nuestra sociedad. Se lograba una legislación relevante para lograr cambios de gran calado en la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental. También, se creaba el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
La citada ley y el Instituto fueron la envidia de la comunidad internacional. No hubo más que reconocimientos a lo que se había logrado en México. Al final del sexenio del Presidente Fox, muchos señalaron que la única real aportación de su sexenio fue exactamente en este ámbito. Han pasado nueve años en los cuales hemos visto avances y serios retrocesos en la materia. Siguen existiendo estados de excepción para el escrutinio de los poderes legislativo y judicial. El marco normativo y el IFAI han resistido embates feroces del gobierno federal. Parecería que la Ley de Transparencia no ha sido del todo eficaz para cambiar una cultura de opacidad y corrupción dentro del ámbito público. El catálogo de malas mañas para negar información por parte de servidores públicos crece constantemente. El panorama no es distinto en las demás entidades federativas.
La vacante que dejó la Comisionada María Marván vuelve a ser un punto de inflexión en la corta vida del IFAI y de este derecho. La paradoja radica en la profunda opacidad con la que Felipe Calderón escogerá a la persona que sustituya a Marván. Parecería que al tratarse del órgano de transparencia el Ejecutivo federal tendría mayor apertura y realizarían un proceso abierto y de cara a la sociedad. Su talante democrático parece no alcanzarle para ello. Es verdad que la ley le permite gestionar en lo oscurito su decisión, pero tampoco la misma norma le prohíbe hacerlo de forma transparente.
Caemos en una nueva paradoja: ¿por qué el secretismo para conocer las hojas de vida de las personas que el Presidente está contemplando para el puesto? La demanda de conocer a esas personas no parece ociosa ni descabellada. Al final es de interés público conocer quién tendrá la labor de fortalecer al IFAI y salvaguardar el derecho a saber. Hasta ahora, el acopiar información sobre el proceso es digno de una novela.
En los pasillos se arrojan nombres sin confirmar tales como: Benjamín Hill, cuyo paso por la Función Pública y Hacienda no le dan la experiencia necesaria para ser comisionado del IFAI. Además, su relación matrimonial con la Coordinadora General de Comunicación Social y vocera del Gobierno Federal en temas de seguridad, Alejandra Sota, generaría, sin lugar a dudas, un conflicto de interés con su labor. Está Ricardo Celis Aguilar Álvarez, quién actualmente trabaja en la Consejería Jurídica de Presidencia quien no tiene ninguna experiencia académica ni profesional en el tema de transparencia. Alejandro del Conde, si bien es cierto que actualmente es el Secretario de Protección de Datos Personales del IFAI, tampoco tiene experiencia probada para estar a la altura del cargo. José Roldán Xopa, hasta ahora el único candidato de la academia, su capacidad es amplia, sobre todo en lo que se refiere a derecho administrativo y derecho público en general, ha trabajado el tema de transparencia y su independencia está asegurada; Ricardo Salgado tendría un sólido conocimiento jurídico en la materia y amplia experiencia, sin embargo, su independencia del ejecutivo podría ser cuestionada.
Seguramente algunos nombres más saldrán y algunos desaparecerán, pero el proceso carece de las garantías mínimas de transparencia. Al parecer la práctica de nombrar a personas sin el conocimiento mínimo en la materia se ha convertido en una práctica dentro del IFAI. La evidencia está en los nombramientos en el área de datos personales.
Los procesos de nombramiento son importantes para el diálogo democrático. Es vital poner en marcha mecanismos que busquen asegurar que las personas nombradas sean las idóneas, a juzgar por sus capacidades técnicas (conocimiento y experiencia), su compromiso con el encargo (evidenciado por su trayectoria) y el asegurar que no haya conflictos de interés. Paralelamente al nombramiento del IFAI está la renovación del pleno del Instituto de Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF). El proceso local no es perfecto pero prevé salvaguardas importantes para buscar a las personas idóneas para asumir el cargo de comisionados ciudadanos. Bien haría el ejecutivo federal en echar un vistazo al proceso del DF. El último nombramiento de un comisionado del IFAI por la presente administración puede ser el ocaso del IFAI. La designación repercutirá en la credibilidad y fuerza del Instituto de Transparencia.
