Para cuando las tropas estadounidenses finalmente se retiraron de Vietnam, ya era demasiado tarde. Los movimientos insurgentes se habían expandido a los países vecinos. Washington y el resto de las potencias occidentales, presionadas por las protestas en contra de la intervención armada en el Sudeste Asiático, permitió a Khmer Rouge, una guerrilla de corte maoísta, llegar al poder en 1975. El plan de su líder, Pol Pot, era revertir los efectos de “contaminación” occidental y burguesa del pueblo camboyano. En la práctica el plan significó el aniquilamiento de la incipiente clase media, entre 1.4 o 2.5 millones de personas. Tanto por ejecuciones (muchas veces públicas) como por la hambruna que produjo la manipulación de los modos de producción tradicional de alimentos. “Eran enemigos del pueblo”, es la justificación que hasta hoy sostienen los mandos superiores que ordenaron el genocidio.
Sacravatoons no 1699 : «Freedom Park»
En un esfuerzo sin precedentes, Naciones Unidas organizó con el apoyo del gobierno de Camboya un tribunal especial para juzgar los crímenes en contra de la humanidad que tuvieron lugar durante el régimen comunista. En 1993, gracias también al apoyo internacional, tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en el país. Sin embargo, los procedimientos (lentos) de la Corte y el control férreo del Partido Popular de Camboya, han impedido que la reconciliación y la democracia lleguen a toda la población.
Existe un vacío generacional en el pueblo camboyano, aún existen zonas repletas de minas anti-personales, los cientos de miles de cadáveres enterrados en las numerosas fosas comunes aún no son identificados. A los mandos de Khrem Rouge se les concedieron una amnistía de facto. La evacuación forzada de ciudades enteras generó un problema de tenencia de la tierra que continúa siendo uno de los principales problemas sociales en el país.
La herencia autoritaria
Si bien el Partido Popular de Camboya (CPP), partido hegemónico desde el proceso de transición en la década de los 80 hasta hoy, ha experimenta cambios sustanciales en su perspectiva ideológica, el disenso en cualquiera de sus formas es aplastado de manera sistemática. El Código Penal contempla una serie de delitos que castigan e inhiben cualquier expresión discordante con el gobierno o clase política. Por ejemplo, se contempla figuras penales que castigan la crítica a las autoridades, a las instituciones gubernamentales, a las decisiones judiciales. También se controla excesivamente el derecho a la libre asociación y a la protestas a través de delitos como el de incitación al desorden.
En la práctica el disenso, la protesta y en sí el trabajo relacionado con la defensa y promoción de los derechos humanos, es activamente coartado con procesos judiciales. Los miembros de la oposición dentro de la Asamblea Nacional son amenazados con el retiro de fuero y acusaciones penales, como es el caso de Mu Sochua. Las personas que defienden derechos humanos, así como los líderes comunales son amenazadas con arrestos y fabricación de delitos. Muchos se han visto obligados a abandonar el país, otros han sido encarcelados bajo cargos totalmente fabricados.
El caso de Hang Chakra, editor de pequeño periódico es un buen ejemplo de los obstáculos que enfrenta la prensa, permaneció casi 10 meses en una de las tantas prisiones sobrepobladas de Camboya por publicar información sobre un caso de corrupción. El encarcelamiento afecto gravemente su salud física y hoy intenta reponerse para mantener viva su publicación quincenal. La prensa es controlada como en otros países técnicamente democráticos, a través de la publicidad oficial y otras presiones indirectas. Las fuentes y quienes deciden utilizar los pocos espacios para la crítica en los medios de comunicación son amenazados con ser acusados de los delitos de “desinformación”. Quienes realizan investigaciones respecto al genocidio, son acosados por los servicios de inteligencia, tal es el caso de Thet Sambath, director de documental Enemigos del Pueblo que fue premiado recientemente en el Festival Sundance.
Enemies of the People
Además existe una iniciativa que pretende restringir y regular el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, lo cual significaría la formalización de la represión del trabajo de derechos humanos y humanitarios que se lleva a cabo en Camboya. Los pocos abogados que deciden defender a quienes alzan su voz son amenazados con el retiro de su licencia e inclusive son obligados a afiliarse al CPP. Para este partido político, toda crítica en su contra o en contra de sus intereses económicos, forman parte de la oposición política. Es decir, no hay un espacio de neutralidad a quienes desarrollan una función pública lejos de las agendas partidistas. La incertidumbre y el miedo a ser procesado por uno de los delitos en contra de la expresión, es constante.
La lucha por romper el silencio
La tenencia de la tierra, así como el tema de la conservación de los bosques, ha obligado a las comunidades a alzar la voz. “Son ellos quienes impulsan ahora el movimiento de derechos humanos en Camboya”, explica el director de la Centro de Derechos Humanos de Camboya, Ou Virak, “ellos están marcando el paso. El gobierno quiere quitarles su tierra y eso es lo único que tiene. Para ellos significa defender lo poco que tienen”.
La represión de la policía en contra de las protestas y los movimientos comunitarios que resisten los desalojos forzados ha sido brutal, arrestos masivos, vigilancia en las comunidades, amenazas telefónicas, detenciones ilegales en centros clandestinos. Por lo que las comunidades han tenido que tomar decisiones radicales como en el caso del Lago de Boeung Kak en la capital Phnom Phnem. Ahí la comunidad decidió que las mujeres encabezarían las protestas. “Si los hombres son detenidos perderíamos el sustento para nuestras familias”, explica una de la líderes, “decidimos blindar nuestro activismo por la tierra con los derechos de las mujeres.” Recientemente el gobierno anunció que otorgaría títulos de propiedad a esa comunidad y que cancelaría el proyecto inmobiliario en esa zona. Sin embargo la batalla por la tierra sigue, son varias las comunidades que enfrentan la posibilidad de perderlo todo. Este es el caso la comunidad Borei Keila, quienes fueron detenidos luego de protestar por la destrucción de sus hogares y forzarlos aceptar la decisión del gobierno. La mayoría de los detenidos fueron mujeres y sus hijos. La lucha por romper el silencio, continúa.
