Lo sucedido durante el Carnaval de Mazatlán en el Bar Antares fue una tragedia. Alrededor de las 5:30 de la mañana un grupo de personas armadas (aproximadamente 10) que viajaban en dos camionetas arribaron al estacionamiento del bar y abrieron fuego en contra de las personas que aún permanecían cerca del lugar. Las autoridades informaron que 5 personas fueron asesinadas y 10 más resultaron heridas. A pesar de la conmoción, las fiestas de la ciudad continuaron sin mayores contratiempos, tres meses después el gobierno de Sinaloa decreta una serie de reformas a la Ley de Inspección y Normatividad. Entre las adecuaciones se contempla condicionar la renovación de licencias a bares y centros nocturnos a que “no se haya vendido, exhibido, expuesto y/o reproducido música y video, imágenes y/o espectáculos artísticos, tendientes a enaltecer criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas”.
El gobernador Mario López Valdez fue categórico al explicar la motivación de dicho acto administrativo: “Queremos establecer como política que no vamos a autorizar la revalidación de licencias de alcohol a aquellos espacios donde hacen o fomentan la apología del delito.”
La declaración del gobernador sinaloense, así como el apoyo expresado por Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, dejan entrever una serie de elementos que fundamentan las preocupaciones en torno a la disposición de condicionar la venta de alcohol de acuerdo con los contenidos (música, videos e imágenes) y los espectáculos que sean presentados. Esto debido a que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de manera injustificada y desproporcional.
La protección de las expresiones artísticas y culturales
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2008), establece que “La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.”
El corrido es una expresión musical que se consolidó en el gusto popular durante la revolución a principios del Siglo pasado. Durante ese periodo abundaron las canciones que contaban las historias de los fugitivos que “andaban metidos en la bola revolucionaria”. No son pocos los corridos de esa época que siguen siendo escuchados, a pesar de muchos reproducen estereotipos negativos de las mujeres y exaltan la tensión entre clases sociales. A la par de la proliferación del narcotráfico y el contrabando en México, los canta-autores (principalmente del norte del país) comenzaron a contar las historias, aventuras y recurrentes finales trágicos de las personas que se dedican a ese tipo de actividades.
Los corridos y los narcocorridos son expresiones artísticas provenientes de la marginalidad. No inventan historias sino describen la cotidianidad que enfrentan quienes los cantan, escuchan y bailan. Para la socióloga Laurent Aubague, estudiosa del fenómeno de los narcocorridos, “[L]a música aparece a veces como un factor de unidad nacional. Portavoz de las miserias cotidianas, la canción popular es a la vez rebelde y consensual.” Esta situación se repite en el caso de otros géneros musicales como el hip hop, el punk y la cumbia villera, en donde las letras hacen referencias a la violencia, la criminalidad, el uso de substancias psicoactivas, en muchos casos utilizando palabras misóginas. Sin embargo el aporte de cada uno de estos géneros a las artes, la cultura y la identidad comunitaria son innegables.
En palabras de Carlos Monsivais, “Más que celebración del delito, los narcocorridos difunden la ilusión de las sociedades donde los pobres tienen derecho a las oportunidades delincuenciales de los de arriba. En la leyenda ahora tradicional, los pobres, que en otras circunstancias no pasarían de aparceros o de manejar un elevador, desafían la ley de modo incesante. El sentido profundo de los corridos es dar cuenta de aquellos que, por vías delictivas, alcanzan las alturas del presidente de un banco, de un dirigente industrial, de un gobernador, de un cacique regional felicitado por el presidente de la República.”
A pesar de lo chocante, ofensivo o vulgar que puedan parecer los narcocorridos, o cualquiera de sus variaciones a los ojos del gobernador López Valdez y al Sr. Alejandro Poiré, son expresiones cuyo contenido es discurso protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. Que le echen un ojo, no estaría mal.
Las restricciones al derecho a la libertad de expresión
Ciertamente la libre expresión no es un derecho absoluto, así está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo con el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, pueden ser impuestas restricciones para “asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás (…) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” (Art. 19.3.B y 19.3.C). Estas limitantes deben de atender el llamado examen tripartita, es decir, debe de ser decretadas por una ley, servir a un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática.
La Convención Americana de Derechos Humanos va más allá de lo establecido en el Pacto Internacional: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. (Art. 13.5)
De esa forma, para que la restricción a la libertad de expresión esté apegada a los tratados internacionales vigentes, deben de concurrir el acto de apología del odio y que ésta incite a la violencia.
La prueba de daño
En el caso de promover una restricción al derecho a la libertad de expresión, las autoridades tienen la responsabilidad de demostrar que es necesaria. El gobernador López Valdez no ha tenido empacho en señalar que los narcocorridos (así, en su acepción más general) constituyen una apología del delito. Alejandro Poiré va más allá y sentencia que: “No podemos permitir, como gobierno y sociedad, que los delincuentes invadan impunemente también las esferas culturales para normalizar sus crímenes, debilitar nuestros esquemas de valores y obstaculizar la construcción de una cultura de la legalidad que tanta falta nos hace para alcanzar la auténtica seguridad.”
Las generalizaciones en el discurso de Poiré, además de mostrar un desconocimiento y desprecio absoluto del fenómeno de los narcocorridos, presuponen que quienes cantan o componen narcocorridos son delincuentes. No existe evidencia científica que confirme que el componer, escuchar o bailar narcocorridos genere violencia o que sea un método de enganche para que los jóvenes se unan a alguna actividad delictiva. Las voces que apoyan la censura de los narcocorridos lo hacen basándose en percepciones, muchas de ellas afianzadas en estereotipos negativos y condición social. Así mismo, conviene recordarles a aquellos que trabajan para la sociedad, lo alarmante que puede llegar a ser que brinquen de manera súbita a afirmar que letras musicales que hablan y describen delitos resultan en apología de delitos. Es conveniente resaltar que los narcocorridos no son ilegales. ¿Por qué si lo sería escucharlos, reproducirlos y bailar a su compás?
Recordemos que una situación fue sufrida por raperos y músicos de hip hop durante los años más oscuros de la restauración conservadora en los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan. Dentro de los pilares de la democracia se encuentra la promoción del pluralismo de voces, las cruzadas culturales, especialmente aquellas promovidas desde los gobiernos constituyen una prueba inequívoca de autoritarismo. La evidencia nos arroja que son en países menos democráticos donde se busca de censurar contenido de manera unilateral y contraviniendo el derecho internacional del cual el estado mexicano es parte.
El hecho de que el gobernador de Sinaloa haya puesto en marcha una política basada en una percepción personal es en verdad preocupante. El hecho de que lo secundo alguien como Poiré, lo hace más alarmante. El tema es importante porque se refiere a la defensa de libertades civiles. No es una cuestión de gustos. Si cedemos en nuestras libertades y dejamos que nuestros servidores públicos comiencen a señalar qué contenido es sano y qué contenido es dañino para la sociedad, entraremos en un proceso de involución democrática. Simple, con nuestras libertades no se metan. Son nuestras.
