México, D.F., a 9 de septiembre de 2015.- La libertad de expresión y la protesta enfrentan una ofensiva desde el Estado. A partir de diciembre de 2012, México vive un proceso de crisis en materia de libertades democráticas y derechos humanos. La restauración de prácticas autoritarias y el aumento de la violencia, han afectado la vigencia de la democracia.
Ello genera un contexto político desde el cual funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno descalifican a quienes se manifiestan; minimizan agresiones en su contra; y justifican detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal de forma arbitraria.
En este escenario, se integra el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social compuesto por 11 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, vinculados por la defensa de las libertades en el país a través del monitoreo legislativo y el empleo de acciones jurídicas.
El Informe da cuenta del aumento de la violación de derechos humanos en contextos de manifestaciones: leyes que restringen los derechos ciudadanos; imposición de condicionamientos administrativos para la manifestación y el uso del espacio público; las facultades a los cuerpos policiacos para el uso discrecional y arbitrario de la fuerza; y el uso del derecho penal para castigar a manifestantes y personas que documentan las protestas.
Este documento fue construido desde el monitoreo constante de iniciativas legislativas que puedan restringir el derecho a la protesta, así como de eventos en los que se documenta agresiones contra manifestantes y documentadores en distintas partes del país.
De la misma manera, da cuenta del papel preocupante que ha jugado el Poder Judicial de la Federación ante los recursos de amparo interpuestos por diversos colectivos de estudiantes, sindicatos, periodistas y personas defensoras derechos humanos contra leyes que buscan inhibir la manifestación pública en el Distrito Federal, Puebla y Quintana Roo.
En este sentido, el documento analiza como México se inserta en una tendencia global a limitar la fuerza de las expresiones de disenso y las críticas a la gestión gubernamental. En tal contexto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social refrenda que sin protesta no hay democracia.
Es importante que las autoridades generen condiciones para la garantía y ejercicio de los derechos implicados en las manifestaciones públicas. En la actual crisis de representación política, la protesta social se erige como uno de los pocos mecanismos de control democrático sobre los poderes públicos.
Informe Control del Espació Público 3.0
