Agresiones a la prensa en Oaxaca: Entre la impunidad y la falta de protocolos oficiales
Las agresiones contra la prensa de Oaxaca registradas en poco más de media década, han provocado que la libertad de expresión que se ejerce en esa entidad del sureste de México, se vea amenazada por dos problemas sumamente graves: La impunidad y la falta de protocolos oficiales para brindar información clara y oportuna a la prensa.
En 61 casos (44 por ciento del total), los presuntos responsables son servidores públicos, vinculados principalmente con fuerzas de seguridad a nivel estatal y municipal.
Oaxaca, según cifras del Coneval, es la tercera entidad con mayor número de pobres en México. Tiene una población de 3.8 millones de habitantes de los cuales 2.4 millones viven en situación de pobreza y 1.1 millones hablan una lengua indígena. Cuenta con 570 municipios, todos con dinámicas sociales diferentes.
El presente informe tiene como objeto aportar elementos de valoración sobre las amenazas que aquejan a Oaxaca en materia de libertad de expresión, que la ubican como una de las tres entidades mexicanas –de 32- con más agresiones a la prensa en siete años (el primer lugar lo ocupa el Distrito Federal y el segundo Veracruz).
Para ello se hace una revisión de las agresiones documentadas por ARTICLE 19, y se recogen las entrevistas hechas a poco más de 60 comunicadores locales.
Doble impunidad: Para la Relatoría Especial en Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema”.
No sólo por la pérdida de la vida, que representa el máximo bien que tiene cualquier ser humano, sino por el vacío informativo que se genera en la sociedad y la vulnerabilidad que provoca entre el resto de los comunicadores.
Para ARTICLE 19 no hay duda que la impunidad existente en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, donde en promedio sólo una de cada 10 denuncias penales se consigna ante un juez, fomenta la repetición de actos violentos similares.
Lo anterior le ha sucedido a los trabajadores del periódico El Piñero de la Cuenca, que se edita en el municipio de Loma Bonita, quienes ante la inacción de las autoridades ministeriales para investigar las agresiones y la incapacidad de implementar medidas eficaces de protección, han vivido 13 ataques en un lapso de tres años.
Es de llamar la atención que en el caso de los tres periodistas asesinados, en el lapso del estudio, las autoridades ministeriales que investigan los crímenes han desvinculado el ejercicio profesional de las víctimas argumentando causas ajenas a su labor, aun cuando se tiene conocimiento que previo a los homicidios fueron amenazados o agredidos.
El 7 de abril de 2008, las periodistas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez, de 24 y 20 años de edad, respectivamente, fueron emboscadas cuando regresaban de una cobertura noticiosa.
Laboraban en la estación de radio “La Voz que Rompe el Silencio, en el Municipio autónomo de San Juan Copala, comunidad indígena Triqui, donde denunciaban abiertamente los cacicazgos existentes en sus poblaciones, confrontadas entre sí. Producto de su labor, las comunicadoras recibieron amenazas de muerte que hicieron del dominio público al grabar un spot radial donde abiertamente señalaban que nos les importaba morir por sus ideas.
En su momento, la Procuraduría de Justicia de Oaxaca informó que el asesinato de las comunicadoras se debió a una “confusión”, en tanto la PGR informó que atraería el caso. El crimen continúa impune a poco más de seis años de ocurrido.
El 17 de julio de 2013, el periodista de la fuente policiaca Alberto López Bello, del periódico El Imparcial de Oaxaca, fue asesinado. Semanas antes, el comunicador había sido detenido arbitrariamente por policías estatales durante una cobertura noticiosa para su medio. Tras aclarar las cosas con el agente del Ministerio Público, el periodista fue liberado, sin embargo, ante la Policía Estatal quedo fichado.
La primera semana de noviembre de 2013, casi cuatro meses después de ocurrido el asesinato del periodista de El Imparcial de Oaxaca, la Fiscal de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Laura Borbolla, descartó que el homicidio se debiera a su actividad profesional de López Bellos, declarándose “incompetente” para investigar el caso.
En tanto, el entonces Procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, dijo que tras una investigación conjunta con la PGR (instancia que se declaró incompetente), se llegó a la conclusión de que el móvil del asesinato se debió a una riña con un grupo de personas presuntamente vinculadas con una célula del crimen organizado de Veracruz, “que habría cometido varias extorsiones y asesinatos” en Oaxaca.
Al descartar el ejercicio profesional de las víctimas como móvil de los asesinatos, las autoridades oaxaqueñas contradicen la declaración internacional conjunta en materia de Libertad de Expresión, hecha por los representantes de las diferentes oficinas relatoras de derechos humanos en América, Europa y África, quienes recomiendan a los gobiernos no descartar el trabajo periodístico “tanto se demuestre lo contrario”, y se agoten todas las vías de investigación relevantes “vinculadas con los actos de expresión.»
Sin protocolos.- Para ARTICLE 19 la falta de protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad de Oaxaca, no sólo ha violentado el derecho que tienen los periodistas y ciudadanos de expresar sus opiniones libremente y recibir información sin restricciones. No saber tratar a la empresa en actos de alto riesgo, como operativos o hechos policiacos, ha generado el incremento de las agresiones a la prensa por parte de estas autoridades.
Durante los meses de septiembre y octubre de 2013, ARTICLE 19 visitó cuatro de las regiones de Oaxaca (Mixteca, Costa, Cuenca del Papaloapan y su capital política) para impartir una serie de talleres de protección a periodistas, pero también para conocer las principales problemáticas que enfrentan los comunicadores.
Bajo la dinámica Chatam House, consistente en retomar la información pero sin citar la fuente de manera directa, poco más de 50 periodistas participaron en una serie de entrevistas realizadas por ARTICLE 19. En los meses posteriores, las entrevistas se fueron actualizando sumando poco más de 60 hasta abril de 2014.
Un tema recurrente en las entrevistas, además de las paupérrimas condicionales laborales en las que suelen desempeñar la labor periodística, fue la falta de protocolos de actuación de las autoridades para atender a la prensa y el trato discrecional con medios y periodistas.
Señalaron que gran parte de las agresiones, sobre todo las físicas, provienen de los cuerpos de seguridad.
“Los policías no saben tratar a la prensa. Cuando se acude a un hecho noticioso de corte judicial o policiaco no nos proporcionan información. Sólo cuando eres conocido del juez, comandante o policía te ofrecen datos”.
“Igual ocurre cuando acudes con los encargados de las áreas de comunicación social de las corporaciones policiacas o dependencias de gobierno. Si el medio de comunicación donde trabajas es afín a la postura oficial te ofrecen información, pero si eres crítico de sus acciones te bloquean”.
Además, los policías no suelen portar distintivos con nombres y rangos, lo que dificulta el trato con la prensa.
En el caso de la Policía Federal y el Ejército, las instancias cerraron su flujo informativo. Explicaron que en la pasada administración (2006-2012), existía un canal abierto informativo con esas autoridades pero desde el 1 de diciembre de 2012 no hay contacto con ellos.
¿Qué proponen? Para tratar de revertir los vacios informativos, el trato discrecional con la prensa y las agresiones de los cuerpos policiacos, los comunicadores entrevistados lanzaron una serie de recomendaciones consistentes en la implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades.
Consideran que es necesario que las dependencias de seguridad nombren a un funcionario encargado de proporcionar, en tiempo real, información en terreno.
Califican como viable que los representantes de las fuerzas policiacas siempre estén identificados con nombre y rango.
Además, sostienen que como encargados de proteger el trabajo de la prensa, los servidores públicos deben tomar cursos encaminados a respetar los derechos humanos y la labor que realizan los medios de comunicación.
Por su parte, los periodistas reconocen que el desconocimiento de la actuación policial en hechos de acto impacto vulnera su seguridad, de ahí que se comprometan a mejorar sus prácticas en terreno y a respetar el trabajo de las autoridades.
Para ARTICLE 19 l situación de la prensa en Oaxaca no sólo es adversa por la falta de protocolos de actuación de sus policías, responsables de casi el 50 por ciento de las agresiones, sino por la impunidad que impera en la mayoría de los casos documentados.
ARTICLE 19 considera que de continuar la impunidad y no resolverse de forma transparente las agresiones, que ubican a Oaxaca como uno de los tres estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo, se corre el riesgo de que los ataques se sigan repitiendo y que las autoridades federales y estatales, encargadas de investigar los casos, se conviertan en un nuevo agente agresor de periodistas y medios.
Revisa también el historial de agresiones contra el Piñero de la cuenca, periódico de publicación en Oaxaca
