Informe trimestral 2014: Impunidad y negligencia contra la prensa
En el primer trimestre de 2014, ARTICLE 19 ha registrado un total de 66 agresiones a la prensa en México. Esto representa 16 agresiones más en comparación con el mismo periodo en el 2013. En total se documentaron 23 agresiones físicas a comunicadores, 19 amenazas, nueve intimidaciones, ocho actos de hostigamiento judicial, cinco detenciones arbitrarias, un asesinato y una denuncia por difamación. Los principales perpetradores serían servidores públicos, responsables del 59% de las agresiones.
En este periodo, además, ARTICLE 19 ha documentado una serie de deficiencias y omisiones en el actuar de las autoridades encargadas de investigar las agresiones a la prensa, así como de las responsables de garantizar la integridad y seguridad de los periodistas amenazados por el ejercicio de su oficio.
El 6 de febrero, un día después de la privación ilegal de la libertad del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, Enoc Maldonado, director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y Fiscal encargado del caso, expuso que “conflictos con vecinos” podrían estar detrás de la desaparición de Gregorio Jiménez, cuyo cuerpo finalmente fue encontrado sin vida el 11 de febrero. Junto al cadáver del periodista, se localizó el de Ernesto Ruiz Guillén, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Villa de Allende, Veracruz, cuya desaparición, ocurrida el 18 de enero, fue informada por Gregorio. Aun cuando este hecho fortalece la hipótesis de que al periodista lo asesinaron por su labor informativa, el Fiscal Maldonado insistía en señalar que a Gregorio lo mataron por un conflicto personal con su vecina Teresa de Jesús Hernández, señalada por Gregorio Jiménez, en una de sus notas periodísticas, como la dueña de un bar conflictivo en la región.
Veracruz fue la entidad mexicana más violenta para la prensa en este primer trimestre de 2014. Además del asesinato de Gregorio Jiménez, otros diez periodistas y dueños de medios fueron agredidos o amenazados por su labor.
En algunos casos, como ocurre con el periódico Notivisión que se edita en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, son reiteradas las agresiones aun cuando cuentan con “medidas de protección” por parte del Estado Mexicano. El jueves 23 de enero, dos personas intentaron secuestrar a Ulises Mejía del Ángel, uno de los dueños del periódico. Los responsables fueron capturados en flagrancia por policías municipales y llevados ante un Juez local, quien ordenó su liberación aun cuando la privación ilegal es un delito penal grave que no alcanza caución.
El periódico Notivisión, en un lapso de ocho meses, ha sufrido diversas agresiones relacionadas con su perspectiva crítica de la administración pública local. Lo anterior le ha valido que dependencias como el Mecanismo de Protección para defensores de los Derechos Humanos y Periodistas a nivel Federal y otras instancias gubernamentales a nivel estatal, ordenasen una serie de medidas de protección para garantizar la seguridad del medio y sus colaboradores. Aun con esas medidas, las agresiones para el personal y dueños de Notivisión continuaban.
Situación Preocupante en el Distrito Federal
En el Distrito Federal, los policías capitalinos tuvieron un rol determinante en el tema de agresiones a la prensa, que la ubicaron como la segunda entidad mexicana con más agresiones a la libertad de expresión en el primer trimestre del año. En cinco de los diez casos documentados por ARTICLE 19, los presuntos responsables son policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El jueves 20 de marzo, policías de esta corporación detuvieron arbitrariamente a la periodista Fabiola Gutiérrez Quiroz, del portal Somos El Medio, cuando documentaba un operativo contra vendedores ambulantes en una de las estaciones del Metro. Los policías después de decirle que estaba «prohibido» grabar, la esposaron y la remitieron ante el Ministerio Público, donde se le inició una investigación por «ultrajes» y le fijaron una fianza de 4,900 pesos (376 dólares) para enfrentar el proceso en libertad.
Apenas un mes antes de estos hechos, un colega de Fabiola, Luis Méndez, fue detenido en una de las estaciones del Metro cuando documentaba un desalojo de vendedores ambulantes invidentes encabezado por la policía capitalina. En esa ocasión el periodista fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien ordenó su liberación al considerar que sólo estaba cumpliendo con su labor informativa.
Para ARTICLE 19, resulta preocupante la situación que se vive en el Distrito Federal en este primer trimestre del año, pues en 2013 ocupó la posición número uno de entidades agresoras de la prensa con 82 ataques documentados, siendo los policías capitalinos los perpetradores en 60% de los casos.
Otras zonas de riesgo en México
En Guerrero y Sinaloa, entidades que ocuparon el tercer y quinto lugar de agresiones a la prensa en este primer trimestre del año, con nueve y cinco casos documentados, respectivamente, la situación no fue diferente en cuanto al perfil de los responsables. De las nueve agresiones documentadas en Guerrero, tres fueron perpetradas por policías y tres por diputados y funcionarios estatales.
En el caso de los legisladores y servidores públicos agresores, éstos han exigido a través de un exhorto y una demanda penal, que tres medios de comunicación de circulación regional revelen las fuentes utilizadas en la publicación de una nota que hace referencia a las millonarias observaciones de la Auditoría General del Estado a 14 ayuntamientos de Guerrero en las cuentas públicas 2012, violentando el derecho que tienen los comunicadores a la reserva de fuentes.
En el caso de Sinaloa, los responsables de las cinco agresiones cometidas contra comunicadores del periódico Noroeste, son policías estatales y municipales. En los cinco casos, los comunicadores del medio fueron agredidos y amenazados cuando daban seguimiento noticioso a la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y la supuesta red policiaca que lo protegía.
En Oaxaca, donde ARTICLE 19 documentó siete ataques a la prensa en el primer trimestre del año, que la ubicaron como la cuarta entidad con más agresiones en el país, los principales perpetradores fueron integrantes del Partido Unidad Popular (PUP), que el 1 de enero durante la toma de protesta del Alcalde de San Miguel Soyaltepec, agredieron físicamente a cuatro comunicadores del periódico “El Tuxtepecano”.
Crisis de la Política de Protección
A las agresiones registradas en el primer trimestre del año en México, se suma la crisis que atraviesa el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), instancia federal encargada de brindar protección a comunicadores y activistas amenazados por su labor. La crisis en la dependencia estalló el pasado 24 marzo, cuando cuatro consejeros ciudadanos que integran la Junta de Gobierno del Mecanismo, hicieron pública su salida de la Junta, en tanto no se resuelvan los problemas estructurales que vive el Mecanismo como el rezago en más del 70% de los casos y la falta de ejecución de 263.9 millones de pesos (20.3 millones de dólares) en casi dos años de labores.
Conclusión
El panorama para la libertad de expresión en este primer trimestre de 2014 no sólo es más adverso por el incremento de las agresiones. La impunidad que suele existir en más del 90% de los casos documentados y la crisis que atraviesa la instancia federal encargada de proteger a los comunicadores amenazados, se han convertido en los mejores alicientes para los agresores de la prensa en México.