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Tras amparo de ARTICLE 19, Suprema Corte analizará la constitucionalidad de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Foto: Agencia Cuartoscuro

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el amparo promovido por ARTICLE 19, con el acompañamiento legal de PROJUC, contra diversas disposiciones de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

El asunto (A.R. 474/2026) fue turnado esta semana a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, quien analizará si las disposiciones impugnadas de la ley, reformada en 2025, contravienen los principios y derechos reconocidos en la Constitución. Esta acción legal busca proteger el derecho de acceso a la información pública frente a los retrocesos que implicó la reforma y que se detallan a continuación:

  • Reserva de información por motivos ambiguos: La reforma permitió que las autoridades nieguen el acceso a la información con base en supuestos como los siguientes: “comprometa la paz social”, “cause daños al interés del Estado”, “el daño que cause publicarla sea mayor que el beneficio de saberla”, “[s]e refiera a programas del Gobierno Federal para salvaguardar materiales o instalaciones nucleares” o “ponga en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o de defensa desarrollados, adquiridos u operados por el Gobierno Federal de forma directa o indirecta, así como instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa”. Desde su entrada en vigor, se ha permitido negar información sobre diversos temas sin exigir pruebas de que divulgarla cause un daño o un riesgo real, ni explicar cómo se toma la decisión y quiénes son responsables de ella.
  • Reserva de información sobre irregularidades: La ley permitió reservar información sobre investigaciones penales en curso y procedimientos inconclusos contra personas servidoras públicas. Así, puede obstaculizarse el acceso a esta información hasta que exista una resolución firme, lo que puede tardar años y dejar a la ciudadanía sin información clave sobre irregularidades, corrupción o malas decisiones del Estado. Además, se estipuló que la información sobre corrupción solo puede hacerse pública si esta ya ha sido “acreditada”. Esto resulta problemático, pues los indicios de corrupción pueden ser necesarios para documentar, probar y denunciar estos actos.
  • Confidencialidad sobre la existencia de investigaciones: La reforma estableció que “se considera confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme.” Esta forma de opacidad impide la rendición de cuentas.
  • Transferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): La ley ordenó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumiera la gestión de la PNT, sin explicar cómo se realizaría la transferencia, qué institución garantizaría que la información no se alterara, perdiera u ocultara, ni cómo se protegería frente a intrusiones o manipulaciones. Esto ha generado inseguridad jurídica, pues las personas no pueden saber si la información disponible es confiable y está completa.
  • Suspensión de trámites, recursos de impugnación y plazos judiciales: Los artículos transitorios establecieron la suspensión, durante 90 días, de todos los trámites y recursos de impugnación relacionados con el derecho de acceso a la información. Durante ese periodo no fue posible presentar apelaciones o impugnaciones ni avanzar en los procedimientos, lo que obstaculizó el ejercicio efectivo de este derecho sin una justificación válida ni proporcional. Además, se dispuso la suspensión, durante 180 días, de los plazos de los juicios de amparo en materia de acceso a la información y protección de datos personales que ya estaban en trámite ante juzgados o tribunales, mientras se creaban los juzgados especializados en estas materias. Esta suspensión dejó en indefensión a las personas que habían promovido dichos juicios.
  • Violación del derecho a una buena administración pública: La falta de procesos claros y seguros para transferir la información de la PNT, proteger los datos disponibles públicamente, asegurar la rendición de cuentas de las personas servidoras públicas y mantener el acceso abierto y continuo a la información vulneró el derecho a una buena administración pública, reconocido internacionalmente.

Desde su entrada en vigor, hace más de un año, las reformas señaladas han afectado directamente a quienes buscan ejercer su derecho de acceso a la información pública.

Desde PROJUC y ARTICLE 19 reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho a saber, indispensable para combatir la corrupción y la opacidad y exigir transparencia y rendición de cuentas al Estado y a quienes nos gobiernan. Confiamos en que la Suprema Corte ejercerá su papel como garante de los derechos humanos y resolverá este asunto a favor de la Constitución y de los derechos de la ciudadanía.