Tras un año y medio de opacidad el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial se incorporan a la Plataforma Nacional de Transparencia
Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026. Finalmente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) se dieron de alta esta semana como sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Durante un año y medio no cumplieron con esta obligación, aunque estaba prevista en la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de marzo de 2025.
La reforma estableció un plazo de hasta 30 días naturales para cumplir con esta disposición, por lo que su incorporación ocurrió de manera tardía, tras una omisión institucional que nunca debió producirse. En ese periodo, las personas que buscaron información sobre estos órganos no pudieron utilizar la plataforma para presentar solicitudes de acceso a la información pública, darles seguimiento conforme a los plazos establecidos en la LGTAIP ni activar los medios ordinarios de impugnación ante la negativa de acceso a la información.
Esto significó que los nuevos órganos del Poder Judicial —creados a partir de la reforma judicial de 2024, que extinguió el Consejo de la Judicatura Federal— ejercieron funciones de autoridad con consecuencias directas en la impartición de justicia: el OAJ tomó decisiones administrativas y el TDJ, decisiones disciplinarias. Sin embargo, la sociedad no pudo utilizar la principal plataforma institucional de acceso a la información para requerirles información sobre esas decisiones, con las garantías y los procedimientos previstos en la LGTAIP, y exigirles transparencia y rendición de cuentas.
De esta manera, las reformas que prometieron garantizar la continuidad de los derechos terminaron por generar barreras adicionales para su ejercicio, sin que las autoridades ofrecieran soluciones oportunas frente a las afectaciones producidas.
La exigencia
En una democracia, es imprescindible garantizar que quienes imparten justicia actúen con independencia y que las sanciones en su contra no se utilicen de forma arbitraria para castigarles por sus decisiones. Por ello, es fundamental que las decisiones del TDJ sean transparentes, estén sujetas al escrutinio público y respeten la independencia judicial. En este contexto, ARTICLE 19 documentó las dificultades para acceder a información sobre el funcionamiento de este tribunal.
A partir de diversas solicitudes de acceso a la información sobre resoluciones disciplinarias, sanciones a personas juzgadoras y criterios de evaluación del desempeño judicial, entre otros temas, ARTICLE 19 registró omisiones y negativas de respuesta del TDJ. También documentó las barreras derivadas de la falta de respuesta a las solicitudes presentadas por correo electrónico y de la imposibilidad de utilizar la PNT para identificar cómo contactar a la autoridad responsable, presentar solicitudes y darles seguimiento. Asimismo, analizó cómo estas dificultades limitaron el conocimiento público de las decisiones del tribunal.
Ante estas omisiones, en agosto de 2026, ARTICLE 19 promovió un juicio de amparo indirecto contra la negativa del TDJ a cumplir con la ley en materia de transparencia. En su respuesta a la demanda, el tribunal atribuyó la falta de registro en la PNT a la reestructuración administrativa derivada de la transición por las reformas judicial y de transparencia. También sostuvo que no existían omisiones ni afectaciones, pues había medios alternativos de comunicación, como el correo electrónico, para presentar solicitudes de acceso a la información.
Así, la reorganización de las instituciones del Estado fue utilizada como argumento para suspender la garantía de derechos y justificar periodos de opacidad, en perjuicio de la ciudadanía. La respuesta del TDJ también demostró que las reformas no estuvieron acompañadas de las condiciones institucionales necesarias para garantizar la continuidad del derecho de acceso a la información.
Esta semana, casi tres meses después de la presentación de la demanda y a pocos días de la audiencia constitucional del juicio de amparo para exigir su incorporación a la PNT, el TDJ finalmente se dio de alta en la plataforma. En la misma víspera, el OAJ también se incorporó. Este registro es apenas un primer paso para materializar el acceso a la información. Ahora, ambos órganos deberán responder las solicitudes sobre su quehacer.
Este litigio deja una advertencia clara: la desaparición de instituciones, la redistribución de competencias y la creación de nuevos órganos públicos no pueden justificar el debilitamiento de las garantías existentes, especialmente cuando se trata del derecho de la sociedad a conocer y vigilar las decisiones de quienes ejercen el poder público.
Las obligaciones de transparencia del OAJ y del TDJ no son aspectos secundarios de su funcionamiento: son condiciones indispensables para la rendición de cuentas y el escrutinio público de sus decisiones. Su cumplimiento permite vigilar el ejercicio del poder, identificar posibles arbitrariedades y evaluar los resultados de una reforma judicial cuyas implicaciones para los derechos humanos y el acceso a la justicia continúan siendo objeto de debate público.
La transparencia no se agota en el registro en una plataforma: se materializa cuando las autoridades rinden cuentas a la ciudadanía. ARTICLE 19 continuará investigando, documentando y exigiendo información sobre las decisiones, los procedimientos y las responsabilidades tanto del TDJ como del OAJ.
