Acoso digital e intimidación contra periodista de Noroeste en Sinaloa
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026- El 24 de octubre, un perfil apócrifo en la plataforma Facebook publicó información falsa de una reportera del medio Noroeste. La persona utilizó el perfil para difundir declaraciones en su contra y vincularla con grupos de delincuencia en un grupo local de ventas.
Aunque la publicación fue eliminada momentos después, su difusión tuvo repercusiones en la vida cotidiana de la periodista y generó preocupación en su entorno cercano. Fueron amistades y colegas quienes le alertaron sobre la existencia de estas declaraciones.
ARTICLE 19 expresa su preocupación y rechazo ante los actos de acoso digital, particularmente por el uso de la imagen de la periodista para realizar señalamientos en su contra desde un perfil apócrifo. Preocupa especialmente que este tipo de acusaciones reproduzcan narrativas estigmatizantes y criminalización que, en otros contextos, han sido utilizados para desacreditar y silenciar la labor periodística. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades para que estos hechos sean analizados desde una perspectiva de género, reconociendo las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su labor periodística.
De acuerdo al informe A/78/270 (2023) del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de las periodistas advierte que es más frecuente que las mujeres sean víctimas de amenazas y acoso en la esfera digital. Estas agresiones no constituyen hechos aislados ni se limitan al espacio virtual: pueden vulnerar su privacidad, menoscabar su confianza y afectar su bienestar emocional, además de generar temor por su seguridad física. Asimismo, pueden tener consecuencias directas en su desarrollo profesional, al llevarlas a ausentarse de sus empleos, abandonarlos e incluso dejar de ejercer el periodismo.
Así, la violencia digital no solo compromete la seguridad y el ejercicio profesional de las periodistas, sino que también puede extender sus efectos a sus entornos familiares y medios de subsistencia, además de limitar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.
En este sentido, resulta indispensable que las autoridades reconozcan estos hechos como parte de un contexto más amplio de violencia de género contra las mujeres periodistas, eviten abordarlos como incidentes aislados o simples conflictos en redes sociales y adopten medidas oportunas de prevención, investigación, atención y protección que garanticen el ejercicio libre y seguro de su labor informativa, sin estigmatización, criminalización ni represalias.
ARTICLE 19 expresa su preocupación por estas prácticas que buscan generar miedo, inhibir la cobertura informativa y colocar a quienes ejercen el periodismo en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de las mujeres periodistas, estas agresiones muchas veces buscan desacreditar, disciplinar y silenciar sus voces, restringiendo su participación en el debate público. La labor periodística no puede convertirse en motivo de persecución, estigmatización o intimidación.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 hace un llamado urgente a:
- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa: dar seguimiento a la denuncia y garantizar que se lleve a cabo una investigación diligente, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género, conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, y se considere como línea prioritaria de investigación la posible relación de los hechos con el ejercicio de la labor periodística.
- El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa: realizar una evaluación integral de riesgo que considere los posibles impactos diferenciados de la violencia contra las mujeres periodistas, así como garantizar las medidas de protección necesarias para la periodista y su entorno cercano.
- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos: en acorde a su compromiso de monitorear el actuar de las autoridades en su respuesta, dar seguimiento puntual al caso y vigilar que las instituciones responsables cumplan con sus obligaciones de protección y acceso a la justicia incorporando un enfoque de género y derechos humanos.
- A Meta: atender los reportes correspondientes y actuar frente a publicaciones que utilizan perfiles falsos para difundir señalamientos que pueden poner en riesgo la integridad y seguridad de las personas periodistas.
