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Ciudad de México, 21 de agosto de 2025. – ARTICLE 19 Oficina Regional México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) condenan las amenazas de muerte, el hostigamiento digital, la exposición de datos personales (doxxing) y la campaña de desprestigio contra la periodista Shalma Castillo, en represalia por una serie de investigaciones publicadas en el medio Artículo 7 sobre corrupción y vínculos del gobierno de Tamaulipas con una persona recientemente extraditada a Estados Unidos por narcotráfico.

Las investigaciones y publicaciones

El 13 de agosto de 2025, Shalma Castillo publicó la investigación Proveedor de obras de gobierno de Tamaulipas, entre los extraditados a EU por narcotráfico. En ésta, reveló que la Secretaría de Obras Públicas asignó contratos a una empresa vinculada con José Francisco Mendoza Gómez, alias “Yiyo”, uno de los 26 hombres extraditados a Estados Unidos por narcotráfico en 2025.

En los días siguientes, amplió la investigación con dos notas adicionales que confirmaban la participación de Mendoza en trámites oficiales y las contradicciones del propio gobierno estatal, señalando incluso al secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya. Al exponer posibles actos de corrupción y nexos con el crimen organizado, los reportajes generaron un fuerte impacto público y desataron una ola de represalias que hoy ponen en riesgo su vida e integridad.

Escalada de agresiones

Tras estas publicaciones, Shalma recibió amenazas de muerte en redes sociales, incluyendo mensajes como “sus horas están contadas”. También fue víctima de doxxing, al difundirse ilegalmente su INE y su domicilio. Posteriormente, sufrió un ataque de hostigamiento digital masivo, con cientos de mensajes y llamadas que inutilizaron su teléfono. La propia compañía de telefonía informó a la periodista que su línea había sido comprometida, lo que le impidió incluso comunicarse con los servicios de emergencia. Asimismo, especialistas de la organización SocialTIC confirmaron que se trató de un ataque de denegación de servicio (DoS) a su línea.

De forma paralela, enfrentó una campaña de difamación y criminalización, donde se le vinculó con el narcotraficante investigado en diversos medios locales. 

Las intimidaciones trascendieron el espacio digital y se materializaron en el ámbito físico: las cámaras de seguridad de su domicilio dejaron de operar de manera repentina. La periodista expresó preocupación a estas organizaciones ya que observó a personas con chalecos de Morena Tamaulipas afuera de su vivienda, tomando fotografías, interrogando a vecinos y registrando información del entorno el mismo día que sus cámaras fallaron.

Omisión institucional y obligaciones del Estado

El 18 de agosto, Shalma presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); sin embargo, no ha recibido información sobre el inicio o avance de la investigación ni se le han otorgado medidas urgentes de protección. Por su parte, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas inició su proceso de incorporación, pero no ha adoptado ninguna acción o medida de protección, manteniéndola en una situación de riesgo extremo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento [y que] esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los Estados tienen la obligación de proteger a periodistas frente a riesgos reales e inminentes, adoptando medidas concretas, eficaces y sensibles al género de la persona periodista y a sus circunstancias individuales.

Las organizaciones firmantes reiteran que el periodismo de investigación es esencial para la democracia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y que ninguna periodista debe ser atacada por ejercer su derecho a informar.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19  y CIMAC exigen:

1. A la FEADLE, realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales de las agresiones.
2. Al Mecanismo Federal de Protección, otorgar medidas urgentes, efectivas e integrales que garanticen la seguridad de Shalma Castillo y su familia.
3. Al Gobierno del Estado de Tamaulipas, cesar toda forma de hostigamiento, abstenerse de estigmatizar o criminalizar a la periodista y garantizar el libre ejercicio de la labor periodística en la entidad.

FIRMANTES:

ARTICLE 19 Oficina Regional México y Centroamérica

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)