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14 de agosto de 2025.- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica rechaza las agresiones físicas y el bloqueo informativo ocurridas el 12 de agosto, en contra de César Flores, periodista comunitario de Radio Progreso, por parte de Osmin Zelaya, empleado del Instituto de la Propiedad (IP) -ubicado en El Progreso, Yoro-, en el marco de la cobertura que realizaba sobre denuncias públicas sobre el deficiente servicio que brinda la citada institución. 

El 12 de agosto, el comunicador acudió al IP, con la finalidad de entrevistar a la abogada Angélica Antúnez, quien realizó una denuncia pública bajo el respaldo de otras personas inconformes por la mala calidad de la atención de esa institución. Al finalizar esa acción, Flores intentó ingresar al instituto para entrevistar a Osman Santos Baquedano, jefe de esa oficina; sin embargo, Osmin Zelaya, ​​encargado del acceso al edificio, lo interceptó para negarle la entrada argumentando que: “por ser medio de comunicación, no se le permitiría el ingreso”.

César Flores insistió en hablar con una persona responsable de gestionar la entrada. Sin embargo, el empleado cerró la puerta y al reabrirla, a los pocos minutos, el periodista comenzó a grabar. La reacción de Zelaya fue agresiva, le comentó que “dejara de molestar”, y lo agredió físicamente. Lo empujó y golpeó en dos ocasiones en el rostro, con el puño cerrado y lo amenazó de manera continua señalándole que “no lo provocara”. Según la información recopilada, hubo testigos quienes intervinieron en favor del comunicador e incluso grabaron los incidentes.

Posteriormente, Lesly Banegas Frazier y Cristian Pineda, del equipo de Radio Progreso, acudieron al lugar en auxilio de César, quienes también fueron grabados por el funcionario.

De acuerdo con información del mismo periodista, no es la primera vez que es agredido por autoridades. De manera reciente, Sugeidy García, registradora civil del Registro Nacional de las Personas (RNP), le tomó fotografías sin su consentimiento y tomó nota de su nombre como forma de intimidación. Esto, después de que el periodista le consultó sobre la legalidad de ocupar dos cargos públicos simultáneamente.

Es importante recordar que Honduras es un país de riesgo para ejercer el periodismo. De manera reciente, en el marco de la próxima celebración del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas sobre Honduras, siete organizaciones alertaron sobre el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país. Informaron que “con la polarización política actual, los índices de impunidad continúan al alza y, dada la imposición del estado de excepción ampliado en Honduras, el escenario para las elecciones generales es preocupante”.

Ante esta situación, ARTICLE 19 exige:

• Al Estado hondureño atender a cabalidad su obligación internacional de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Es urgente que el funcionariado público y todas las personas que trabajan en instituciones públicas, tengan capacitaciones periódicas en materia de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a estos derechos.
• De manera particular, a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de Honduras que atienda la denuncia del periodista a partir de una investigación imparcial, diligente y exhaustiva.
• Al Mecanismo de Protección de Honduras que implemente las medidas de prevención necesarias para evitar la repetición de estas agresiones, de conformidad con la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.