Ciudad de México 28 de abril de 2025.- En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas sobre Honduras, siete organizaciones internacionales y locales han alertado en un informe enviado el 7 de abril sobre las violaciones sistemáticas de la libertad de expresión y de prensa en el país.

Las organizaciones ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de los Periodistas, Free Press Unlimited, PEN Internacional, PEN Honduras, Reporteros Sin Fronteras y Asopodehu (Asociación para la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras) enviaron un informe al Grupo de Trabajo del EPU de Naciones Unidas para alertar sobre las leyes que restringen la libertad de expresión y de prensa en el país; asesinatos y agresiones en contra de periodistas y medios comunitarios e indígenas; amenazas a la libertad de cátedra y la limitación de la participación igualitaria de mujeres periodistas y autoras en medios de comunicación y editoriales en su país, así como la violencia contra periodistas mujeres y comunidades históricamente marginadas.

El informe destaca que Honduras tiene uno de los contextos de derechos humanos más complejos e inestables de América Latina, y requiere la atención inmediata de la comunidad internacional. Las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa se han deteriorado con la polarización política actual, los índices de impunidad continúan al alza y, dada la imposición del estado de excepción ampliado en Honduras, el escenario para las elecciones generales es preocupante.

El informe documenta que la violencia que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa se relaciona de manera relevante a la falta de garantías por parte del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia al no proveer y promover adecuadamente las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo en el país.

La carencia en instituciones comprometidas con el mejoramiento de la situación actual, la falta de investigaciones, medidas de reparación de víctimas e impartición de justicia permite que el ciclo de impunidad se acentúe, más aún cuando las mismas autoridades agreden a los y las periodistas. Hasta 2024, se presentaron un total de 600 quejas contra elementos de seguridad por el uso ilegítimo del poder público en el marco del estado de excepción, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

En este contexto, se presentaron 13 recomendaciones sobre los temas analizados, entre las que destacan:

La revisión de la Ley de Protección y su reglamento para el fortalecimiento institucional del mecanismo de protección, con garantías de presupuesto propio, autonomía e independencia administrativa y decisoria.

La derogación inmediata de delitos contra el honor para evitar una mayor vulneración de medios y periodistas. La implementación de querellas por injuria y difamación vulneran el ejercicio periodístico de quienes fomentan un debate diverso;

La aplicación de las medidas necesarias para garantizar que una perspectiva inclusiva de género y de diversidad se integre plenamente a los programas culturales, periodísticos y editoriales públicos y privados;

Que el Estado no discrimine la prensa mediante su política publicitaria, para favorecer a ciertos medios por sobre otros, por motivos políticos ni comerciales;

Y que la CONADEH impulse diálogos con las universidades, académicos y alumnos, para que las autoridades universitarias eviten prácticas que vulneren la libre expresión.

Sobre el EPU:

El Examen Periódico Universal es un mecanismo de evaluación de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU, a través del cual los países reciben recomendaciones de sus pares. En este proceso, la sociedad civil hace sugerencias de recomendaciones para que sean consideradas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el anterior ciclo de evaluación al que se sometió Honduras en 2020, el país recibió 223 recomendaciones, 203 de las cuales fueron aceptadas por el país y tomó nota de 20. En la evaluación de las organizaciones responsables de la contribución enviada el 7 de abril, las recomendaciones relativas a la libertad de expresión no han sido respetadas por el Estado hondureño. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciará sobre la situación de Honduras en noviembre.