Ciudad de México, 12 de febrero de 2025.- ARTICLE 19 ve con preocupación las reacciones estigmatizantes e intimidatorias que personas funcionarias públicas de Guatemala, específicamente del Ministerio Público (MP) y el Congreso de la República, han llevado a cabo en contra de los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, durante el ejercicio de su labor informativa.
Recientemente, el medio digital Vox Populi abordó, primero el tema de una camioneta utilizada por el Presidente del Congreso Nery Ramos. Después el mismo medio, hizo pública la falta de apertura a responder preguntas de interés público por integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público José Rafael Curruchiche Cucul y Leonor Eugenia Morales Lazo.
Tras abordar ambos temas, Ramos, vinculado al caso de la camioneta, y la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, respondieron con comentarios estigmatizantes e intimidatorios.
En el caso de Nery Ramos, al ser cuestionado el 27 de enero por los periodistas respecto a la propiedad de la camioneta blindada que utiliza durante sus funciones, este respondió asegurando que el trabajo de los periodistas es amarillista: “ponerle misterio y ponerle el amarillismo a una nota cuando yo he sido claro que es un vehículo y a quién pertenece (…)”.
Por su parte, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal regional del nororiente arremetió el 3 de febrero contra los periodistas en redes sociales. La reacción de Monterroso sucedió tras la denuncia de Sonny Figueroa en redes sociales ante la negativa de las autoridades del MP a responder sus preguntas en la Torre de Tribunales. Monterroso replicó varias de las publicaciones de los periodistas descalificándolos haciendo referencia a que actúan de acuerdo a su “emoción etílica del momento”.
Las publicaciones de la fiscal Monterroso en la red social X resultan preocupantes dado el contexto de violencia contra la prensa que existe en Guatemala y los casos de persecución a la prensa en los que se ha involucrado la fiscal. La falta de acceso a la información pública, como se deja ver, expone a un mayor riesgo a las personas periodistas. Este tema se ha denunciado en otras ocasiones por la organización.
Es importante señalar que su actuar es contrario a los estándares internacionales que velan por una mayor tolerancia a la crítica y el escrutinio periodístico por parte de personas funcionarias públicas.
En el informe anual de 2023 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presenta información relativa a agresiones contra voces críticas que ejercen el periodismo, las cuales se concretan con el uso indebido del derecho penal, así como amenazas e intimidaciones. Por tanto, exigimos que las autoridades se abstengan de propagar discursos que estigmatizan y buscan intimidar a la prensa.
A su vez hemos documentado que, a raíz de publicaciones hechas por la plataforma Xela NEWS (vinculada con Gustavo Adolfo Cardenas Joaquín), mismas que hemos denunciado anteriormente, registramos un incremento y agravamiento de comentarios violentos contra ambos periodistas. Muchas de estas publicaciones en redes sociales son amenazas que incluso refieren a quitarles la vida. Esta situación resulta especialmente preocupante ya que profundiza el ambiente de por sí violento en que se encuentra la prensa en Guatemala.
Es necesario que las opiniones e ideas diversas y plurales puedan emitirse en el espacio físico o digital sin que su emisión traiga consigo violencia de ningún tipo cual sea el medio, mucho menos por parte de las autoridades que tienen la obligación especial de proteger y garantizar los derechos de informar y ser informados. Desde ARTICLE 19 nos mantenemos vigilantes del actuar de las personas funcionarias públicas frente al ejercicio periodístico en Guatemala.
