Foto: ARTICLE 19

• 264 organizaciones de la sociedad civil, personas periodistas, académicas y defensoras reprobamos la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la eliminación del INAI y pedimos al Senado que la deseche.  
• Tras la eliminación del órgano autónomo garante se regresa a un modelo sin mecanismos para garantizar el derecho a la información. 

México, 26 de noviembre de 2024. El pasado 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general por 347 votos la reforma constitucional que desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) para trasladar sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes denominada de la Función Pública. 

Estamos en la antesala de su discusión en la Cámara alta, con lo cual, de aprobarse, se culminarían las estrategias de debilitamiento institucional que se emprendieron desde 2021, a través de: 1) narrativas de desprestigio hacia el INAI, que implicó altos costos en su credibilidad ante la sociedad; 2) la falta de designación de tres de sus integrantes, que le impidió operar por meses y, actualmente, 3) la desaparición definitiva del instituto.  

Al quitar la autonomía del INAI y transferir sus funciones a una secretaría perteneciente al Poder Ejecutivo, se eliminan los mecanismos de inconformidad preexistentes y en caso de que determinada dependencia del Ejecutivo se niegue a otorgar información se generarán obstáculos para sancionarla o un posible conflicto de interés porque sería el mismo poder verificando cómo se entregó la información.    

Ante el bajo nivel de acatamiento de la ley en nuestro país, como lo muestra la trayectoria histórica mexicana, es necesario que sean instancias con una jerarquía más alta y con autonomía quienes sancionen a las instituciones que no cumplan con sus funciones.  

Por otro lado, se pierde la especialización que alcanzó el INAI. Esto es importante ya que las discusiones que realizan las y los comisionados en pleno requieren conocimiento técnico para valorar información que tiene que divulgarse e información que pudiera limitarse legalmente. Un ejemplo de ello es la facultad del Instituto de declarar la apertura de información ligada a un acto de corrupción y violaciones graves a derechos humanos, o el análisis para ponderar si la publicación de información es más importante que los daños que generaría, por el alto interés público de estos casos. 

Al mismo tiempo, como su propósito fundamental es la tutela de dos derechos humanos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, la especialización permite al órgano garante establecer criterios de protección basados en los más altos estándares internacionales en la materia. Contar con un órgano autónomo especializado con estas características colocó a México como un referente mundial en materia de transparencia en 2015. 

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no es una institución especializada en la defensa y protección del derecho de acceso a la información, tiene al menos otras diez funciones, por lo cual carece de conocimiento técnico para desarrollar esta labor.  En un análisis comparativo entre países que cuentan con una institución que garantiza la información, al menos 50 tienen autonomía técnica. En cambio, México le dejará esta obligación a una Secretaría que no está especializada en la materia y que además depende de la presidencia de la república, lo cual pone en riesgo el cumplimiento imparcial de sus funciones y levanta suspicacias del control de la información pública que nos pertenece a todas y todos. 

El reclamo y rechazo que hemos manifestado las organizaciones, así como la comunidad internacional es legítimo porque se contaba con un diseño institucional que funcionaba frente a las resistencias de las instituciones para otorgar información y se está sustituyendo por un esquema débil que privilegia la opacidad y le apuesta a la cultura del secreto.    

Sin instituciones autónomas y especializadas para proporcionar información se prevé una disminución en los niveles de transparencia y dificultades para acceder a datos a través de solicitudes de acceso a la información. Sin información pública no hay democracia y no sabemos qué hacen los gobiernos. La ciudadanía necesita información para ejercer otros derechos y para qué los gobiernos rindan cuentas. Sin información se pierde la posibilidad de que la sociedad se informe y esto sólo beneficia a gobiernos discrecionales y de sombras. La decisión de la Cámara de Diputados es regresiva y busca dejar al pueblo indefenso y en desprotección ante los abusos de poder. ¡Exigimos al Senado que cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no apruebe esta reforma! 

 #LoQueDejamosDeSaber 

#SinCuotasNiCuates 

Anexo de firmas