ARTICLE 19 observa con profunda preocupación cómo diversos amagos desde los poderes legislativos federal y capitalino por regular y restringir las marchas, alcanzan, mediante la reforma referida, su expresión más virulenta. Esto es así debido a que, la adopción de medidas penales, tienen un efecto inhibitorio en el derecho a la libre manifestación pública.
El día de ayer el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada
Desde el 5 de marzo de pasado, el diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma mediante la cual se propone adicionar al Código Penal Federal el artículo 141Bis atinente a los “delitos contra la paz pública”. Dentro de la propuesta se incluía el agravamiento de penas para aquellas personas que actúen encapuchadas.
El afán criminalizador del diputado federal Sotomayor no cejó ahí y días después de las marchas conmemorativas del 2 de octubre presentó una iniciativa para la expedición de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. En dicha propuesta pretende imponer requisitos desproporcionados para realizar marchas tales como: solicitud de permiso a las autoridades capitalinas; restricción de horarios y la prohibición absoluta manifestarse en vías primarias.
En confluencia con lo anterior, la administración de Miguel Ángel Mancera ha insistido en la necesidad de “discutir” la regulación de marchas en la ciudad sin la implementación de un mecanismo para la deliberación pública del tema. Ante ello la Asamblea Legislativa, sin justificación alguna y de forma unilateral, responde a las voces que propugnan por la limitación de la protesta social a su mínima expresión mediante el agravamiento de penas.
A través de un comunicado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal considera que la labor de los policías en las marchas “ha sido limitada en los últimos meses, y el respeto por la investidura que representan se ha rebasado con muestras de prepotencia y violencia hacia estos cuerpos policíacos, ocasionando con ello ataques a la paz pública, lesiones, amenazas, daño en propiedad ajena, robo, etcétera.”
Lo que los asambleístas pierden de vista, es que desde el 1º de diciembre, el cuerpo de granaderos ha incurrido en el uso desproporcionado e irracional de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y difundir información, entre otras.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio cuenta en su Recomendación 7/2013 de las violaciones a derechos humanos en agravio de 102 personas durante las manifestaciones del 1º de diciembre. Por otra parte, ARTICLE 19 documentó agresiones físicas y detenciones arbitrarias de periodistas y manifestantes el 1º de septiembre, entre ellas la de Gustavo Ruiz Lizárraga, fotorreportero de la Agencia Subversiones quien apenas el 11 de noviembre obtuvo auto de libertad por falta de elementos para procesar dentro de un juicio plagado de irregularidades. En este sentido, ARTICLE 19 ha corroborado de primera mano imputaciones carentes de sustento basadas únicamente en dichos falsos de policías.
Debido al preocupante incremento de violencia contra la prensa ejercida por los policías capitalinos en el marco de protestas públicas, ARTICLE 19 impulsó una red de monitoreo para la marcha del 2 de octubre y como resultado publicó el informe ROMPE EL MIEDO. En dicho documento se exhiben con claridad las 46 agresiones contra la prensa, 32 de ellas perpetradas por granaderos y 3 por personas con comportamiento policial. En el mismo contexto, 5 observadores y observadoras de derechos humanos pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fueron agredidos brutalmente por policías capitalinos.
A la luz de lo anterior, el argumento de los asambleístas capitalinos resulta contrafáctico y falaz, puesto que la violencia del Estado es la que prevalece en las marchas de los últimos once meses. Lo que debe ser verdadero motivo de preocupación es la falta de protocolos adecuados de actuación para la policía; la ausencia de investigaciones diligentes, imparciales y objetivas en contra de los servidores públicos que han vulnerado derechos humanos; y la utilización del sistema de procuración y administración de justicia para castigar a manifestantes y periodistas a través de imputaciones y juicios carentes de las reglas mínimas del debido proceso.
La apuesta por una regulación de la marchas resulta en sí misma riesgosa para el derecho a la protesta social. Con mayor razón la adopción de restricciones penales pone en peligro la libertad expresión, asociación y participación pública, mandando un mensaje de criminalización para inhibir la protesta. Además apuesta por un sistema de justicia inefectivo que no tutela las garantías de presunción de inocencia y defensa adecuada.
Al expresar el cuerpo legislativo capitalino que el agravamiento de penas es una “medida de prevención con el fin de evitar que se continúe agrediendo tanto física como verbalmente a los cuerpos policíacos”, se pretende victimizar a los agentes de seguridad cuyo actuar ha sido caracterizado por la arbitrariedad y la impunidad.
Para ARTICLE 19, la reforma penal contraviene los principios democráticos de legalidad e igualdad propios de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un régimen de excepción para manifestantes. De esta forma se pretende dirigir el aparato punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a los manifestantes e impulsando el uso político del sistema de procuración y administración de justicia.
ARTICLE 19 considera que la promulgación y publicación de las adiciones al Código Penal para el Distrito Federal representaría un grave retroceso en el goce y ejercicio de libertades en la ciudad. De ser así, correspondería a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal materializar su preocupación en el tema y en consecuencia promover una acción de inconstitucionalidad para evitar que se consume la criminalización de la protesta social.
Tristemente la mayoría de los ciudadanos estamos en babia mientras nos joden. Lo que deberían analizar los asambleisteas antes de aprobar cadenas a la ciudadanía es como EN TAN POCO TIEMPOI, casi puede decirse de un dia para otro, la policía capitalina se convirtió en enemiga de los ciudadanos que se manifiestan y hasde de los que no. Mancera juega un triste papel que a algunos no nos sorprende, su proceder como procurador no prefiguraba otra cosa. La asamblea legislativa se tiñe de oprobio.
La gran pregunta es porqué esto no le preocupa a la población cuando esto va en contra de su propia libertad.
Creo que los ciudadanos de a pié, que tienen que sufrir las dificultades diarias de esta megaciudad, al contrario de lo que afirma el articulista, estamos profundamente agradecidos de que se meta orden en relación a las marchas, ya que éstas son organizadas por una minoría, que muchas veces medran con ello y lo convierten en su modus vivendi, con la cual no nos identificamos la gran mayoría de los que las padecemos. Es más, me parece que todavía se quedaron cortos en establecer medidas que favorezcan a los golpeados capitalinos y esto se demostraría muy fácil si se reunieran firmas para pedir que se fijaran espacios y formas para manifestarse y así dejar de perjudicar a quienes se ven impotentes a la hora de tratar de ejercer su derecho de moverse y trabajar libremente sin obstáculos artificiales que violentan sus derechos por quienes abusan de los «suyos» y hacen un infierno de quienes los tienen que aguantar.
Pareciera más bien que quien suscribe el artículo, tuviera algún interés particular en que no se protegiera el verdadero derecho de la ciudadanía a la libertad y a la seguridad pública. La Reformas en ningún momento buscan criminalizar a nadie ni mucho menos iniciar persecuciones imaginarias que sólo a quienes buscan el camino de perjudicar a los demás mediante la violencia y obstrucción de nuestra vida cotidiana, se sentirían amenazados. Basta con RESPETAR a las personas que nada tenemos que ver con sus «causas» para no ser golpeados por ningún granadero. Creo incluso, que la Reforma se quedó corta ante la imperante necesidad de poner orden en esta devastada ciudad.
No creo que sea buena idea cambiar las leyes adicionando penas, lo mejor para todos es que haya diálogo entre autoridades y población y que fueran escuchadas todas las quejas por leves que sean, pues analizando las marchas, no nacen solas, son provocadas por falta de servicios, atención o derechos que no se respetan por parte del gobierno. Si deveras el gobierno citadino o federal quieren terminar con las marchas, muy sencilla la solución: Escuchen las protestas y atiendan de manera civilizada a los ciudadanos manifestantes, resuelvan los conflictos y se acaba el problema
sin necesidad de reformar nada. SOLO ESO HAGAN SU TRABAJO LAS AUTORIDADES, QUE ESTÁN. PARA SERVIR A LOS CIUDADANOS QUE SOMOS LOS QUE PAGAMOS SUS EXHORBITANTES SUELDOS!!!
-«reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada» // BRAVÍSIMO!!!!
-«La apuesta por una regulación de la marchas resulta en sí misma riesgosa para el derecho a la protesta social. Con mayor razón la adopción de restricciones penales pone en peligro la libertad expresión, asociación y participación pública, mandando un mensaje de criminalización para inhibir la protesta.» // Nadie ha respetado nunca los derechos genuinos de los verdaderos ciudadanos a protestar de todos modos, ni menos el derecho CONSTITUCIONAL de los ciudadanos a circular libremente. Está ley va con dedicatorias incluidas como CNTE, SME, y otros grupos que con la toma de las calles asesinan gente inocente por no poder ser transportadas en ambulancia a un hospital. Bien por nuestros legisladores.
Como dijeran en la Col. Buenos Aires, mexico, d.f. «vamos por partes» «LIBERTAD»? Y quien me ha dado libertad de transito cuando a alguien se le ocurre «manifestarse» y marchar sobre alguna via primaria, llamese reforma, insurgentes, o cualquiera otra del DF., y tengo que buscar como llegar a mi destino 3 horas despues… Ahora , si hay algo en lo que concuerdo con el articulista. Porque al ciudadano comun y corriente no le preocupa que le «acoten» su libertad de expresion? Si deberia preocuparnos, porque yo les aseguro que si dos o tres de nosotros intentamos manifestarnos por cualquier situacion, a nosotros si nos aplican la lay, nos meten «al bote», y nos siguen elmproceso completo como en tiempos de la inquisicion, nos queman en ina plaza publica, para dar un escarmiento y que a ningun otro «ciudadano» se le ocurra protestar, pero si fueramos parte de algun movimiento con «afiliacion partidista, sindicalista, social y reivindicadora de las garantias individuales», entonces, nos modifican la ley, para salir libres y sin mancha de la carcel. No señores, el problema no radica en que se modifiquen las leyes para hacerlas mas duras contra las marchas y manifestaciones, de lo cual estoy a favor, el problema radica en la forma discrecional en que el gobierno de esta ciudad y de este pais aplica las leyes.
Ojalá nuestras autoridades, de todos los niveles y colores, se ocuparan y no solamente se preocuparan, por solucionar tantos y tantos agravios hacia la CIUDADANIA o al menos medio hacerlo o tan siquiera intentarlo.En cuanto al comentario de la modificación a las leyes y reglamentos ( dicho de otra manera arreglos) para dejar de fastidiar al menos un poco por los IRRACIONALES y no pensantes que no acaban de entender que esta PRECIOSA CIUDAD no es suya y no la pueden tener secuestrada,ni maestros, ni esme, ni prd, ni pan,ni pri,etc,etc.(todos con con minúsculas porque no dan para mas) mas aún se mencionó la actuación de encapuchados dentro de las turbas y esto es la falta de hombría y civismo que no es otra cosa que el anonimato.