Foto: ARTICLE 19

Hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral

Guatemala 17 de mayo de 2023.- A un mes de las elecciones nacionales, las organizaciones firmantes llevamos a cabo y/o apoyamos una misión en el país con el propósito de analizar el estado de la libertad de prensa en Guatemala. Nos desplazamos a diversas zonas del territorio nacional y sostuvimos diálogos con personas periodistas y comunicadoras para conocer las circunstancias en las que desarrollan sus actividades y los desafíos que enfrentan. Nos entrevistamos con directivos y directivas de medios de comunicación, representantes de organizaciones de sociedad civil y con autoridades del Estado para conocer sus iniciativas y esfuerzos para garantizar la libertad de prensa. La conclusión a la que llegamos es extremadamente preocupante no sólo para el derecho de personas periodistas y comunicadoras de informar, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para tomar decisiones de manera libre y consciente.

En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. En un contexto en el que solamente 16%  de la población, de acuerdo con la reciente encuesta de Prensa Libre, confía en el Tribunal Supremo Electoral como institución garante de un proceso electoral democrático, tales restricciones a la prensa pueden afectar aun más la credibilidad del resultado del escrutinio.

            La persecución de periodistas no es reciente en el país. Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo la prensa comunitaria en territorios donde empresas nacionales e internacionales se asocian con el crimen organizado y las autoridades locales para silenciar las investigaciones periodísticas. Además, la misión ha observado que existe un escenario en el que la prensa es vista como una amenaza a la alianza entre actores estatales y privados, creada para controlar instituciones, y sostener la corrupción y la impunidad en el país. En vista de ello, el acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura, que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Giammattei y que podría consolidarse en estas elecciones.

            La criminalización de José Rubén Zamora, de los y las periodistas de elPeriódico y el cerco financiero sobre este medio, que llevó a su cierre este lunes, son un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general. Atreverse a denunciar la corrupción y la impunidad incrustadas en el Estado guatemalteco bastó para desencadenar la persecución. Lamentablemente, el caso de elPeriódico no es aislado.

En vísperas de las elecciones en un país que se proclama democrático, esta misión constató otros casos preocupantes para el periodismo en sus diferentes expresiones – como por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Norma Sancir y la agresión sufrida por Sonny Figueroa.

            Con mayor frecuencia, los y las periodistas prefieren dejar de firmar sus columnas o coberturas por miedo a represalias. Las personas periodistas se convierten en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes o ser incluidos en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Alrededor de 20 personas periodistas dejaron el país tras ser amenazadas o acusadas judicialmente por coberturas incómodas al poder. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte incluso de candidatos. El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los anunciantes refuerza los intentos de silenciamiento. La autocensura también es resultado de la actuación de net centers y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la Fundación Contra el Terrorismo. El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor.

La respuesta institucional a este escenario es insuficiente. Aunque el país cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de intimidación y agresión a la prensa no se investigan o quedan impunes – como los recientes casos de asesinatos de periodistas, entre ellos el de Mario Ortega (2020). Todas las personas periodistas y de la sociedad civil entrevistadas por esta misión desconfían o no creen en la eficacia de este órgano. La Procuraduría de los Derechos Humanos, que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, tampoco cumple activamente con su mandato en este contexto. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas.

            El acceso a fuentes estatales está restringido y la ley que debería garantizar el acceso a la información pública se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes. La falta de transparencia afecta también al Tribunal Supremo Electoral, donde un memorandum interno impide a los funcionarios hablar con la prensa.

Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera, por lo que el Estado de Guatemala debe tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a informar y a ser informado.

Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en todo el país. A su vez, urgimos a la comunidad internacional a no renunciar a su deber de promover y defender los derechos humanos en todo el mundo.

Finalmente, reconocemos el valiente trabajo de las personas periodistas y comunicadoras en Guatemala y su contribución a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática. 

Firmas

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Comité por la Protección de Periodistas (CPJ)

Free Press Unlimited

Freedom House

Fundación para la LIbertad de Prensa (FLIP)

Fundamedios

IFEX- ALC

Protection International Mesoamérica

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Voces del Sur