Jueves 20 de abril de 2023.- El Gobierno de México suscribió el Acuerdo de Escazú desde 2018, entrando en vigor el 22 de abril de 2021 en un contexto donde las graves violaciones a derechos humanos es cada vez más hostil y mortal para las personas defensoras de los derechos colectivos, territoriales y ambientales (CEMDA, 2022), aunado a la expansión de las industrias extractivas, el aumento de los impactos de la crisis climática, el recorte y la disminución de recursos y funciones estatales dirigidos a la protección y el desarrollo sostenible (como la desaparición del fondo climático) (CEMDA, 2023).
En el Informe sombra realizado por organizaciones de derechos humanos en México en el marco de la COP2 del Acuerdo de Escazú, y presentado a la Secretaría General de la CEPAL el día 19 de abril de 2023, se hace referencia a las medidas regresivas realizadas por el Gobierno mexicano en relación con los compromisos internacionales establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Además, este Informe expone un relevante diagnóstico sobre dónde estamos en cada uno de los tres derechos de acceso en materia ambiental y personas defensoras del medio ambiente, así como planteamientos de a dónde queremos ir y cómo podemos llegar ahí.
En relación con el derecho de acceso a la información ambiental, los mecanismos existentes para acceder a información medioambiental como es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no garantizan la transparencia y veracidad para la ciudadanía, están desactualizados, son parciales y no presentan información en datos abiertos, carecen de un enfoque de pertinencia cultural, o en el peor de los casos, la información ni siquiera existe.
Por el contrario, desde el 01 de abril de este año, el pleno del INAI quedó imposibilitado para sesionar al no contar con el quórum legal para ello, debido a la omisión injustificada del Senado de la República de no designar ya a tres de sus integrantes, dos de ellas/ellos con un acumulado de 383 días. El hecho de que el pleno del órgano garante de acceso a la información y de protección de datos personales esté incompleto es sumamente grave, pues pone en situación de indefensión a las personas y vulnera cada día que pasa la garantía de un derecho instrumental clave para el ejercicio de muchos otros derechos más, incluido el medioambiental.
Además, persiste la práctica de denegar información a las solicitudes de acceso a la información, principalmente aquellas relacionadas con los megaproyectos y las industrias extractivas impulsadas desde el mismo gobierno federal como son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Precisamente, el 22 de noviembre de 2021, el presidente de la República emitió un decreto en el cual declaraba el proyecto del Tren Maya, entre otros, como un asunto de interés público y seguridad nacional durante un plazo de 12 meses (SEGOB, 2021). A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió parcialmente dicho decreto, esto deja claro que el gobierno mexicano no tiene la
intención de cumplir cabalmente con su obligación de garantizar el acceso a información a la
ciudadanía, tanto de carácter ambiental y de cualquier tipo.
Sobre el derecho de acceso a la participación, hace un año en la primera COP de Escazú, México se comprometió a garantizar la participación pública en los asuntos ambientales, asegurando una mayor representación de la ciudadanía y de grupos en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer los mecanismos para que tengan un verdadero impacto en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales. Los dos mecanismos de participación ciudadana contemplados en la legislación mexicana que contemplan mecanismos para el desarrollo de proyectos con impacto ambiental, como la consulta y
reunión pública, son muy poco utilizados y no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales como establece el Acuerdo de Escazú.
En el caso de los megaproyectos como el Tren maya, el proceso de participación ha sido cuestionado incluso por organismos internacionales. En diciembre del 2022 este proyecto ferroviario fue señalado por nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU, que advirtieron que este proyecto podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades, con respecto a su territorio y bienes naturales.
El caso del Tren Maya no es el único, tenemos el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Transístmico. Sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cabe recordar que en la COP 1 de Escazú, el gobierno mexicano se comprometió a identificar deficiencias en el marco legal mexicano y a evaluar con el poder legislativo, la necesidad de plantear modificaciones al marco normativo nacional y su armonización con la normatividad a nivel local (SRE, 2022).
Al respecto cabe señalar que a la fecha no ha habido avances significativos por parte de México para atender los compromisos que adquirió en la COP 1 para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, incluyendo la existencia de procedimientos y recursos jurídicos adecuados y efectivos para garantizar este derecho.
Adicional a ello, la ejecución y el cumplimiento de sentencias es un reto y un proceso desgastante, debido a que no hay claridad sobre los plazos y alcances de estas, además no existen mecanismos de seguimiento claros ni autoridades responsables de ello. se señala la deficiencia de los órganos ambientales existentes y la falta de tribunales especializados en la materia.
Los asuntos socioambientales que se llevan a tribunales estatales y federales aún no son resueltos de manera homologada con los estándares internacionales en la materia, y se continua con una interpretación del derecho desde una visión civilista, sin atender a los nuevos paradigmas, tomando en consideración el conocimiento científico, las circunstancias particulares de las comunidades o personas defensoras y de su territorio.
Finalmente, es fundamental recalcar la prevalencia de la impunidad ante los ataques, desapariciones y asesinatos de personas defensoras, la estigmatización que se hace de las voces críticas a los proyectos gubernamentales desde el más alto púlpito del poder, fortalece estrategias de control, abuso de poder y represión estatal y privada, que se retroalimentan de las relaciones asimétricas de poder y las desigualdades prevalecientes.
Es ahí en los territorios y para las personas y comunidades que se juegan la vida día a día, donde este Acuerdo en México tiene que traducirse en prioridades, compromisos y hechos concretos.
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