Foto: Agencia Cuartoscuro

• Exigimos al Congreso de la Unión acatar el mandato de la Suprema Corte de reformar la actual Ley General de Comunicación Social. Ha pasado más de un año y el Legislativo sigue incumpliendo.
• La Ley General de Comunicación Social legaliza las malas prácticas y perpetúa la relación de poder entre medios de comunicación y gobierno.
• Se requieren criterios idóneos, equitativos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial, de lo contrario continúa en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ciudad de México a 18 de octubre de 2022.- Este miércoles 19 de octubre, se cumple el plazo para que el Congreso de la Unión legisle en materia de publicidad oficial y subsane las deficiencias de la Ley de Comunicación Social. En caso de no hacerlo, sería la tercera vez que las y los legisladores incumplen la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 8 de septiembre de 2021.

La falta de regulación en el tema impacta negativamente el ejercicio de los derechos a la información y libertad de expresión, pues la actual ley no incluye mecanismos claros de asignación de recursos, tampoco previene la concentración del gasto.

A pesar de que durante la primera mitad del gobierno federal actual se han ejercido 8 mil 648 millones de pesos, equivalente a una cuarta parte de lo que se gastó en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, continúa la falta de transparencia y diversidad de medios que obtienen recursos de publicidad oficial.

La ausencia de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación han provocado que el presupuesto para publicidad oficial esté centralizado en unos cuantos medios. Televisa, TV Azteca y La Jornada son los medios de comunicación que más recursos recibieron en la primera mitad de este sexenio. Entre los tres suman 2 mil 552 millones de pesos, es decir el 29.52% del total general.

De 778 medios que percibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 se llevaron el 50.01%. Mientras que los 768 restantes, el 49.99%. Lo anterior muestra que aún con la reducción del gasto, la concentración de los recursos persiste, afectando gravemente la pluralidad mediática.

En caso de no legislar, el Congreso perpetuará las relaciones históricas de poder entre autoridades y medios de comunicación, donde es muy común que las primeras condicionen la asignación del gasto de publicidad oficial con base en “que tan bien” se hable de las mismas.  De esta manera, el Estado puede imponer criterios de restricción en el acceso a los recursos, proceso denominado como censura indirecta, previa o sutil.

Esta administración aún tiene la oportunidad de hacer un cambio relevante en materia de libertad de expresión y derecho a la información si regula adecuadamente la publicidad oficial, que, durante los sexenios anteriores, ha sido ejercida de manera discrecional.

Reformar la actual ley, con base en los más altos estándares internacionales en la materia, permitiría tener una legislación de comunicación social de avanzada, no solo a nivel nacional sino regional, pues ningún país de Latinoamérica cuenta con una normativa eficiente y que abone a una verdadera democracia.

Exhortamos al Congreso de la Unión a cumplir con el fallo de la SCJN a fin de que existan procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como prevenir la concentración del gasto y con ello robustecer la pluralidad en el debate  democrático y la línea editorial de los medios de comunicación.

En caso de incumplimiento, es indispensable que el Congreso de la Unión rinda cuentas y explique la razones detrás de sus omisiones. Desestimar la resolución de la SCJN, además de ser inconstitucional, favorece la censura sutil y con ello viola los derechos a la libertad de expresión y derecho a la información esenciales para la democracia.

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