Informe “Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión”

Author ARTICLE 19 MX-CA

Published on: 3 mayo, 2021

Este informe visibiliza los elementos que obstaculizan el ejercicio libre y seguro de la prensa en Guatemala, así como los retos para esta nación que, al mismo tiempo, evidencian las obligaciones en las que el Estado ha sido omiso o negligente.
Se hace patente que las amenazas y la coacción son los delitos más utilizados para reprimir la libertad de prensa.
Además, se confirma que las agresiones contra periodistas mujeres en Guatemala son numerosas y reiteradas, pero permanecen invisibles.

Ciudad de Guatemala, a 3 de mayo de 2021.- La información y la libertad para adquirirla y difundirla es la materia prima de la democracia. Mediante la labor periodística se da cumplimiento al derecho humano de libertad de expresión, de informar y ser informados. No obstante, en Guatemala esto no es posible pues prevalece uno de los fenómenos más graves y recurrentes en el país: la violencia ejercida contra quienes se desempeñan en el periodismo de manera profesional u ocasional.

A partir de este hecho, ARTICLE 19, Centro Civitas, Artículo 35 y destacadas y destacados periodistas y profesionales de la comunicación lograron conjuntar en el informe “Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión” aquellos datos que dan constancia de la problemática de la violencia contra periodistas. Este documento de investigación destaca por su relevancia de cara a las violaciones a la libertad de expresión en Guatemala, que lastiman el tejido social y vulneran una prerrogativa fundamental de la humanidad, y por tratarse de un esfuerzo colectivo por brindar elementos de análisis que impulsen un cambio profundo, constante y permanente que impacte en la actividad periodística.

Y es que, hoy, Guatemala es un país donde ejercer el periodismo es riesgoso, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras, que en su informe sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020 ubicó al país en el puesto 116 entre 180 países catalogados.

Persisten los modelos autoritarios que atentan contra la finalidad legítima de la libertad de prensa, que es lograr consensos y avanzar en los derechos humanos de la población mediante información oportuna, clara y fidedigna. Lo anterior se refleja en los resultados que este Informe documenta, tales como:

Durante el periodo analizado, el delito más denunciado fue el de amenazas (34%), seguido por el de las coacciones (15%).
El análisis específico de 2005, año con el mayor número de denuncias, refleja la persecución desarrollada durante ese periodo contra las radios comunitarias.
Según los registros proporcionados por el sistema de registro del mp, de enero de 2011 al 31 de julio de 2020 han sido presentadas 820 denuncias por agresiones a periodistas.
Entre 2011 y junio de 2020 la amenaza y la coacción siguen siendo los delitos más denunciados.
Tampoco podemos dejar de mencionar los casos que implican la vulneración del derecho a la vida. Hablamos de 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 casos de lesiones, entre graves, culposas y leves. Esto significa que, como consecuencia de las ofensivas contra la libertad de prensa, casi 50 personas han perdido la vida, según los datos del mp.
Uno de los fenómenos de violencia más preocupantes observado durante 2020 es la criminalización de periodistas mediante difamación y violencia psicológica; portación ilegal de pertrechos; intento de soborno, extorsión, sedición, hurto, robo e incendio agravados.
La violencia contra las mujeres periodistas también es preocupante: 90% de ellas dijo haber experimentado acoso sexual cuando realizaban sus labores periodísticas y que no existían para ellas redes de soporte de parte de los medios ni de sus familias o compañeros hombres. Además, los casos no son denunciados.
Otro de los grupos de periodistas contra quienes la violencia se ha expresado con mayor rudeza es el de los que trabajan en los otros departamentos del país.
Las percepciones de las y los periodistas sobre el quehacer de los gobernantes en materia de comunicación política de las tres últimas administraciones son: criminalización y persecución penal de las radios comunitarias; el uso de netcenters para desacreditar y atacar a periodistas en las redes digitales; la confrontación directa de los presidentes con la prensa; la negativa a informar; los ataques selectivos a periodistas independientes y que realizan un periodismo investigativo; la manipulación de la opinión pública por parte de personajes que se han manifestado contrarios a la cicig y que descalifican a periodistas, y el manejo discrecional y arbitrario de la pauta publicitaria gubernamental en favor del monopolio de la televisión abierta.

Todo lo anterior se vuelve más grave aún ante la situación de impunidad prevaleciente en Guatemala, pues hace visible la falta de voluntad política, de marcos legales e institucionales y de atención a la exigencia ciudadana y resarcimientos, entre otros aspectos. La falta de presupuestos asignados –en la actualidad no existe un lineamiento rector en términos de inversión pública que garantice protección a periodistas– confirma el desinterés del Estado ante la situación del periodismo en Guatemala.

Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión es un documento que busca abonar a la identificación de elementos que obstaculizan el ejercicio libre y seguro de la prensa en Guatemala, como también a reconocer los retos para la nación guatemalteca en su conjunto que, a la vez, evidencian las obligaciones en las que el Estado ha sido omiso o negligente, frente a las que deberá hacer un esfuerzo extraordinario para disminuirlos gradualmente.