A un año de las órdenes de aprehensión: Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam permanecen libres, y Lydia Cacho en el exilio
Ciudad de México, a 11 de abril de 2020.- El día de hoy se cumple un año de que fueron libradas las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín; el empresario, Kamel Nacif Borge; el ex director de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, Juan Sánchez Moreno, autores intelectuales de la tortura a la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho.
Hasta el día de hoy, solamente Sánchez Moreno, ha sido detenido, procesado y sentenciado en enero pasado, a sólo 5 años de prisión. Además, otros policías han sido detenidos y enjuiciados por su participación en el plan fraguado desde altas esferas del poder político y económico para agredir a la periodista.
Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla, en el trayecto fue torturada por parte de elementos policiales. Las agresiones derivaron de la revelación que hizo la periodista en el libro “Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil”, sobre una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños, de entre 4 y 14 años de edad, en la que se involucran a Nacif y Marín.
Por el delito de tortura, la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, giró las órdenes de aprehensión el 11 de abril de 2019.
El estado actual del proceso de búsqueda de justicia arroja que, por las agresiones, sólo hay dos personas sentenciadas, tres sentenciadas y cuatro prófugas, entre ellas, Marín, Nacif y Karam. Para Lydia Cacho y ARTICLE 19 es muy claro que no habrá justicia completa mientras los autores intelectuales se mantengan impunes. Aún no se explica cómo Marín y Karam, quienes –según información de diversas fuentes– se encuentran en el estado de Puebla, siguen sin ser detenidos y continúan con la operación sus negocios.
La lucha en los tribunales: necesidad de blindar al Poder Judicial de la Federación contra la corrupción de torturadores
Durante el año transcurrido desde el libramiento de la orden de captura, se ha mantenido la exigencia de justicia a través de una férrea defensa en los tribunales federales y la comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la consecución de la ordenes de aprehensión, particularmente en contra de los altos funcionarios y el empresario implicados en la trama que reveló la corrupción existente en el aparato de procuración y administración de justicia.
La confabulación para reprender a Lydia a través del uso desviado de la justicia y la perpetración de actos de tortura y permanentes ataques durante 14 años, tiene como trasfondo la protección de redes criminales de trata, pornografía infantil y lavado de dinero.
Esto ha sido corroborado y evidenciado mediante una decisión histórica adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 17 de julio de 2018. No obstante, algunas autoridades judiciales han actuado en sentido contrario a lo determinado por el órgano internacional encargado develar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Llama la atención que, en noviembre de 2019, el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún haya otorgado un amparo a Marín, Karam y Nacif, argumentando violaciones formales que deberán ser subsanadas por la Magistrada que libró la orden de captura. Si bien las órdenes permanecen vigentes, dicha resolución de amparo extrañamente pretende introducir aspectos de fondo que de cumplirse cabalmente dejarían insubsistentes las órdenes de aprehensión. Hoy los recursos de revisión interpuestos contra dicha sentencia son del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo.
En el mismo sentido, el pasado 27 de febrero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con sede en San Andrés Cholula, otorgó un cuestionable amparo contra la orden de aprehensión girada desde noviembre de 2018 contra la policía prófuga Verónica Chávez Cruz. Los Magistrados de dicho Tribunal manipularon la ley a favor de los victimarios, trasladando nuevamente a Cacho la carga de la prueba, repitiendo una de las prácticas contrarias a derechos humanos más arraigadas en el sistema judicial mexicano.
Chávez Cruz, junto con los agentes de la Policía de Puebla, Alejandro Rocha Laureano y María Irene Arteaga Rangel, quienes se encuentran detenidos, ocultaron información para engañar sobre los hechos. La madrugada del 17 de diciembre de 2005, se trasladaron a la caseta de La Esperanza, en Puebla, e introdujeron a mujeres policías en el automóvil con los elementos que trasladaron y torturaron a Cacho durante 20 horas desde Cancún. Cuando ellas tuvieron la posibilidad de declarar la verdad ante las autoridades investigadoras, se negaron, asumiendo así su participación de la cadena de mando para cometer tortura y ocultamiento de evidencia.
En junio del 2019, de forma por demás sorpresiva e ilegal, el Juez de Distrito Especializado en Ejecución Penal pretendía darle el beneficio de preliberación al, hasta ese momento, único policía torturador con sentencia firme, José Montaño Quiróz, ex comandante de la extinta Policía Judicial de Puebla. Dicha resolución no respetaba las mínimas garantías de defensa de la víctima, por lo que en apelación logramos revocar la decisión y mantener al torturador en prisión.
El evidente poder corruptor de las redes criminales en el ámbito político y económico operan a favor de los prófugos, procesados y sentenciados, todos defendidos por la misma red de abogados. ARTICLE 19 exige que el Consejo de la Judicatura Federal se mantenga vigilante de actos de corrupción y amenazas a jueces y magistradas en los procesos entablados contra todos los implicados, así como los juicios de amparo entablados por su defensa pagada por los prófugos. Lydia Cacho y su defensa han demostrado que las redes de corrupción judicial y política siguen operando a favor de los prófugos.
Los riesgos a la integridad y seguridad de Lydia Cacho persisten
La lucha por la justicia sigue atrayendo graves amenazas y peligros para la propia Lydia Cacho, quien a raíz del allanamiento sufrido en su casa el 21 de julio de 2019, tuvo que desplazarse fuera del país, sin que a la fecha existan condiciones de seguridad para su regreso. Esto ha reactivado un proceso de reforzamiento y ampliación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2009 a favor de la periodista (MC 192-09). Las investigaciones de la FGR sobre estos hechos no han avanzado con la debida diligencia, por lo que durante estos doce meses ha incrementado la impunidad en el caso.
Esta es una batalla entre los tratantes de niñas, protegidos por políticos contra Cacho y las y los servidores públicos dispuestos a hacer cumplir la ley. El 22 de marzo 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en un acto de justicia, congeló la cuentas de Marín, Karam y Nacif, así como de sus empresas y familiares. La actuación de la UIF es un hecho de gran relevancia que sin duda abona a la aplicación de la justicia. Sin embargo, esta situación coloca en nuevo riesgo a Lydia y a su defensa, sin que a la fecha se haya notificado por parte de las autoridades competentes de las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cómo se van a fortalecer los esquemas de protección para Lydia y sus representantes.
Resulta urgente y necesario que se cumplan las órdenes de aprehensión contra Karam, Marín y Nacif. Además, se continúen las investigaciones contra otras personas implicadas para brindar plena garantía de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a Lydia Cacho. Sólo así habrá certidumbre para la sociedad en general de que se romperá el pacto de impunidad imperante durante las últimas décadas.
Es importante recordar que, desde 2005, el entonces Procurador General de la República, Macedo de la Concha y el titular de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reconocieron que la red develada por Lydia Cacho constituye actos graves de organizaciones de delincuencia organizada Transnacional; reiteramos que es así como debe ser tratado este caso.
Nota para prensa
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