Preocupa que gobiernos promuevan el “discurso de odio” para silenciar voces en sus países
Ciudad de México 22 de octubre de 2019.- El 27 de septiembre de 2019, ARTICLE 19 México y Centroamérica participó en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre «la protección judicial de las víctimas de terrorismo inspiradas en el discurso de odio», en la que solicitó al Gobierno de México cesar la difusión de discursos estigmatizadores contra periodistas y otros grupos, e hizo un llamado tanto al Estado como a la CIDH para que reconozcan la obligación especial de los Estados de proteger el derecho a la libertad de expresión cuando desarrollen iniciativas para contrarrestar la incitación al odio en la región.
El Gobierno de México solicitó esta audiencia pública preocupado por el aumento de la incitación al odio que deshumaniza y estigmatiza a los grupos del continente, en particular la ideología de la supremacía blanca dirigida a las comunidades mexicanas, y a los grupos hispanos o latinoamericanos en general. El Gobierno de México ejemplificó su preocupación por los recientes ataques contra mexicanos en El Paso (Texas), un caso en que el perpetrador mató a 22 personas y publicó un manifiesto racista y xenófobo en la plataforma 8chan, minutos antes de disparar.
Por su parte, tanto los Comisionados como el Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) enfatizaron en que los Jefes de Estado tienen el deber especial de proteger a sus ciudadanos de la discriminación y la incitación a la violencia. Como lo expresó el Comisario Luis Ernesto Vargas: “es supremamente grave que los presidentes o Jefes de Estado sean hoy en América los que más inculquen esos discursos de odio”.
En este sentido, ARTICLE 19 reconoce los esfuerzos del Gobierno de México para llamar la atención de la CIDH sobre los graves ataques contra los mexicanos y comparte su preocupación por la protección de las víctimas de la violencia basada en la discriminación y el odio contra las comunidades mexicanas y latinoamericanas en los Estados Unidos y otros países.
Durante la audiencia, ARTICLE19 enfatizó que el enfoque del gobierno mexicano para desarrollar las actuales iniciativas legislativas para contrarrestar la incitación al odio no debe centrarse en Internet y el uso de las redes sociales como la principal causa de la violencia contra los grupos minoritarios. Por el contrario, las cuestiones relativas al discurso de odio en México y en la región son consecuencia de otros problemas que los Estados tienen la obligación de abordar con un enfoque multidimensional y de derechos humanos, y de realizar amplios esfuerzos para combatir los estereotipos negativos, y discriminatorios, de personas y grupos, así como promover el entendimiento intercultural que fomente la igualdad, el pluralismo y la diversidad. En lugar de criminalizar o sancionar, como lo expresó el Comisionado Vargas, las plataformas digitales también se están utilizando para denunciar, hablar y hacer visibles las actitudes discriminatorias.
Asimismo, ARTICLE 19 recordó lo señalado en los Principios de Camdem, sobre la necesidad de «los Estados de imponer obligaciones a los funcionarios públicos de todos los niveles, incluidos los secretarios, para evitar en la medida de lo posible hacer declaraciones que promuevan la discriminación o socaven la igualdad y el entendimiento intercultural». En este sentido, reiteramos firmemente que cualquier esfuerzo por contrarrestar la incitación al odio, incluidos los que el Gobierno de México alista en la audiencia pública -como los delitos basados en la discriminación, las iniciativas legislativas y las campañas nacionales contra el discurso odio-, seguirá siendo ineficaz si el Presidente de México sigue difundiendo discursos estigmatizantes que excluyan y pongan en situación de vulnerabilidad a determinados grupos, en particular a los medios de comunicación y a los periodistas, una población que corre especial riesgo de ser objeto de su actividad periodística en el país.
ARTÍCULO 19 acoge con beneplácito el llamado de las Comisionadas Flávia Piovesan, Antonia Urrejola Noguera y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, para discutir y desarrollar el alcance de las obligaciones de los Estados con respecto a la incitación al odio y la prohibición de la incitación al odio bajo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Nota para prensa
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