Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes sin vida en el rancho “Huizachal” en San Fernando, Tamaulipas. La masacre de 58 hombres y 14 mujeres es uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México. El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esta masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho y en las otras masacres de migrantes.
Sin embargo, a 7 años de estos lamentables hechos, las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.
El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia.
Por resolución emitida el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. A la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.
Por otro lado, las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. A siete años, la información que se les ha proporcionado es escasa, y pese a existir ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero, las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso.
Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad —como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012— esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado.
Por su parte, Fundación para la Justicia y ARTICLE 19 hemos promovido dos amparos tras las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente, por lo que los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad.
Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas. El pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del poder judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por PGR, de 17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta que ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad.
Exigimos se abran las investigaciones que la PGR ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes. La masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos.
Asimismo, exigimos que la entrega de información de la masacre de los 72 migrantes se haga en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta.
Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el poder judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos.
Firma la petición dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR).
