Desde el año 2000 la violencia contra quienes ejercen la actividad periodística ha incrementado. La Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de la Cámara de Diputados reporta 33 asesinatos de 1983 a 1999, mientras que desde 2000 registra 77. Esto es, el número de periodistas asesinados casi se duplicó en la última década. Sin embargo, es a partir de la Administración del Presidente Felipe Calderón que este incremento en las agresiones se dispara. Por ejemplo, en el año 2003 se contabilizaron 76 agresiones contra la prensa mientras que en el 2009 se registraron 244, es decir, más de un 300%. No sólo el número de agresiones incrementó sino también la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas contra quienes ejercen el periodismo. De los 10 casos registrados de periodistas desaparecidos desde el 2000, 80% de ellos tuvieron lugar entre el 2006 y el 2010.
Ante el incremento de las cifras de periodistas víctimas de agresión, no han sido pocos los señalamientos provenientes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Durante la visita oficial a México en agosto pasado de las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas, las recomendaciones preliminares al Estado mexicano versaron entorno a dos temas: El combate a la impunidad y la puesta en marcha de un mecanismo de protección. Los planteamientos no son nuevos, el primero es una exigencia histórica del movimiento de derechos humanos, mientras que la segunda ha sido una exigencia desde 2008 de varias organizaciones (nacionales e internacionales) que defendemos el derecho a la libre expresión.
Finalmente el 3 de noviembre del año pasado el gobierno federal anunció la firma del convenio de colaboración para la creación de tan esperado mecanismo. Parecía que el gobierno había dejado atrás el aletargamiento y menosprecio con el que había tratado el tema. Sin embargo al revisar el contenido del acuerdo quedó claro que no era otra cosa más que un acto de buena voluntad de las entidades firmantes para desempeñar el mandato que por obligación legal actualmente tienen que cumplir. El Convenio contemplaba la publicación de las reglas de operación del mecanismo en el mes de enero del presente año. Las organizaciones especializadas, las cuales llevamos por más de cuatro años trabajando en el tema, asumimos que el documento sería elaborado con una amplia participación de la sociedad civil (dígase periodistas y organizaciones de la sociedad civil). El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos, Felipe Zamora, pensó diferente. Empezó y terminó el mes de enero y las organizaciones especializadas en protección (aquellas que han desempeñado una labor que por años ha sido soslayada por los gobiernos actuales) jamás fueron consultadas, la información pública sobre el proceso deliberativo es inexistente y a cambio, existe una cantidad considerable de rumores sobre el futuro del mecanismo de protección.
Ya son casi 6 meses de retraso en la publicación de las reglas de operación. La lentitud en la creación del programa de protección retrata la incoherencia gubernamental de decir una cosa y hacer otra. Ahí los resultados (o ausencia de ellos) para sostener la afirmación.
Para muestra un botón
El periódico El Sur de Guerrero fue atacado el 10 de noviembre por un grupo de personas armadas que ingresaron a las oficinas del periódico en Acapulco. El 25 de marzo (viernes) la redacción recibió una llamada para amenazar al director de periódico por lo que solicitaron el apoyo del programa de protección de Artículo19. Comenzamos las gestiones para que, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la CNDH y del mecanismo de protección, fueran resguardadas las instalaciones y el personal. Sin embargo, al comunicarnos a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entidad encargada de la coordinación del mecanismo de protección, nos percatamos de que nadie ahí sabía qué hacer. La titular, Omeheira López Reyna se encontraba viajando a Washington para participar en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suponemos que trabajaría durante todo el fin de semana ya éstas empezaban hasta el siguiente lunes. La secretaria que atendió la llamada insistía en comunicarnos con la Dirección de Comunicación Social porque era “un asunto de periodistas”, finalmente hablamos con un servidor público que tampoco tenía claro el procedimiento y no contaba con la facultad de tomar decisiones en una emergencia semejante. No fue hasta que el Subsecretario Felipe Zamora contestó a una serie de trinos vía twitter que la emergencia fue atendida y designó a una persona de su confianza para darle seguimiento, ¡vaya institucionalidad de los procesos!. En pocas palabras, la experiencia de presentar un caso al mecanismo de protección puede ser comparada al ahogamiento que implica perseguir quimeras o espejismos en el desierto.
