Nuestro derecho a la información va más allá de el acceso a documentos. Nuestro derecho a preguntar, inquirir, cuestionar y retar a los funcionarios públicos es parte fundamental de la democracia. El periodismo de interés público juega un papel fundamental para responder a la necesidad de la sociedad para estar informada. Un periodismo deficiente, corrupto, tendencioso o simplemente malo afecta la dimensión social del derecho a la libertad de expresión. Porque vale recordar que según la doctrina del derecho, la libertad de expresión tiene dos dimensiones, la individual que refiere el derecho de cualquier individuo a expresar ideas y opiniones por cualquier medio; y la dimensión social, la cual tiene que ver con el principio básico de que cualquier sociedad necesita información veraz, equilibrada, oportuna.
Durante la semana que corre una pieza periodística publicada en la Jornada estremeció (y tal vez no lo suficiente) a la sociedad mexicana. La pieza fue escrita por la periodista Sanjuana Martínez. El general en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo le otorgó una entrevista a la periodista con el fin de analizar la situación de la seguridad pública (o la inseguridad en este caso) en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde el general Villa es el responsable de combatir al crimen organizado. La información vertida en la entrevista es estremecedora para cualquier ciudadano que valore el estado de derecho, ese méndigo estado que los políticos de todas las fracciones lo usan como si fuera mantra. A través del diálogo entre Sanjuana y el general Villa se dibujó perfectamente la podredumbre del sistema, de nuestras instituciones castrenses y policiacas, de la estrategia de seguridad. Y no, no es aquí el lugar para criticar la estrategia de seguridad pública que emprendió el Presidente, sin embargo queda claro que el elemento permanentemente ausente en la estrategia policiaco/militar son los derechos humanos. Ahí están las sandeces del militar como botón de muestra.
Una de tantas cosas que le falta a la sociedad mexicana es conocer más a sus empleados, ya sean municipales, estatales o federales. Ignorar de lo qué hacen y cómo lo hacen ha dado pie para que se sirvan con la cuchara grande y se revuelquen en el lodazal. La falta de mecanismos ciudadanos para exigir y demandar formalmente cuentas claras ha propiciado que nuestro dinero, el público, se use para contratar a personas que se manejan fuera de la ley como el general Villa. Son nuestros impuestos los que pagan ineficientes, corruptas y pesadas burocracias. Nuestras instituciones nos han fallado. Ahí está la CNDH que cuesta más que cualquier oficina de Ombudsman en el mundo y sus resultados son escasos. Pero eso sí, hace usufructo de millones de pesos cada año los cuales no corresponden en lo más mínimo a los insuficientes resultados. La transparencia y rendición de cuentas sigue siendo un anhelo. Y no es una realidad simplemente porque el status quo beneficia a la clase política que descansa cómodamente sobre los intereses sociales. Mientras la sociedad no conozca que hay generales Villa al mando de nuestra seguridad pública, seremos, como sociedad cómplices de atrocidades cometidas por nuestros empleados.
En ningún momento buscamos con este texto no reconocer que el trabajo de seguridad pública en diversos puntos de la república es sumamente complicado, como también lo describe el general. Pero la discusión no debe centrarse en la “barbarización” de nuestra sociedad. En ir acuñando el “ojo por ojo”. El ir siendo cómplices ante violaciones graves a derechos humanos. Son los criminales los destinatarios de esta violencia pero la estamos padeciendo o padeceremos eventualmente todos. Simplemente la ilegalidad no se combate con mayor ilegalidad. Para eso está el estado, para salvaguardar nuestras instituciones legales. Alguien avísele al general Villa que él es parte del estado. Y, al mismo tiempo, avísenle por ahí, a cualquier otro alto funcionario estatal o federal que su silencio también es cómplice. Asusta saber que apuestan a que pase la nota y el momento. En cualquier otro país democrático, el general presentaría su renuncia al igual que el gobernador del estado. Pero no, aquí en México analizamos y contemplamos; estornudos de indignación apaciguados con la dotación completa de atole con el dedo, cortesía de los funcionarios involucrados.
Resulta fundamental que el libre flujo de ideas, información y opinión no sea inhibido, obstaculizado, amenazado por la violencia generalizada que vive el país. Sin información veraz y clara podemos caminar hacia un ocaso del cual no se sabe cuánto comerá de nosotros como sociedad la barbarie que puede imperar. Debemos redoblar esfuerzos para defender nuestro derecho a la información para evidenciar la barbarie que nos acecha.
