Gobierno mexicano debe garantizar derecho a la verdad en graves violaciones a derechos humanos
Washington, D.C., a 17 de marzo de 2017.- En el marco del 161 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo lugar la audiencia temática “Estado del Derecho a la Verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos en México”. La delegación de peticionarios estuvo integrada por representantes de las organizaciones ARTICLE 19, la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho (FJEDD), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la periodista Susana Zavala. También se sumaron a la petición la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto de Liderazgo Simone de Bouvoir.
En México los crímenes del pasado no se han esclarecido y esta realidad nos ha condenado a la repetición de los mismos. Empezando por la Guerra Sucia, y hasta la fecha, se acumulan casos como las fosas de Veracruz, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Calera o Ayotzinapa, más cientos de casos invisibilizados y olvidados por el Estado mexicano y desconocidos por la sociedad. Es necesario garantizar el Derecho a la Verdad, lo que implicaría que tanto víctimas, familiares y representantes legales, como la sociedad mexicana en general podamos conocer la verdad de lo que ha ocurrido. El Derecho a la Verdad ha sido reconocido por la CIDH1 como un derecho autónomo e independiente que debe ser garantizado por los Estados más allá de los procesos de procuración de justicia. En la presente audiencia se exigió al Estado mexicano que reconozca y garantice dicho derecho.
Entre las problemáticas para garantizar el Derecho a la Verdad, la FJEDD señaló las deficiencias en las investigaciones penales y los obstáculos para acceder a la información de las mismas por parte de familiares, víctimas y representantes. Por su parte, el EAAF abordó las deficiencias en el sistema forense y la necesidad de contar con lineamientos y políticas en la materia, así como de constante escrutinio para evitar la generación de “versiones históricas” sustentadas en supuesta evidencia científica. Por ello, propuso crear una institución nacional forense autónoma y un registro nacional de fosas clandestinas a nivel nacional. En su intervención, ODI, A.C. narró la fragmentación en los mecanismos de reparación mientras que Susana Zavala, periodista que trabaja la Guerra Sucia, describió las políticas de ocultamiento en el sistema actual de archivos.
Finalmente, Ana Cristina Ruelas, directora de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, denunció la política de opacidad de los últimos años con el uso de la protección de datos personales para restringir el acceso a documentos con información de posibles implicados en casos de violaciones graves a derechos humanos, tanto del presente como del pasado: condenar el pasado a la confidencialidad es asegurar la impunidad del presente. La política de archivos no sólo se refiere a documentos históricos, sino a todo documento generado en la actualidad: los archivos darán verdad sobre lo que ocurre en casos como Veracruz, Apatzingán, Tlatlaya y tantos otros. De ahí la importancia de legislar una Ley General de Archivos que asegure la correcta gestión archivística y lleve a contar con un pasado abierto. La política de archivos no puede quedar bajo el resguardo de SEGOB.
Compartimos las ideas de Edison Lanza, Relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, quien, al ubicar la importancia y el origen del Derecho a la Verdad en América Latina, señaló que en casos de violaciones graves es claro que no se pueden proteger datos personales: «No podemos hablar de testar o tachar documentos con información de posibles involucrados en violaciones graves a derechos humanos”. A su vez, indicó que el Derecho a la Verdad implica que familiares de víctimas y desaparecidos accedan a los expedientes de sus casos y también implica que la sociedad pueda conocer su pasado y saber lo que pasó.
En efecto, en México el pasado no está resuelto y ha sido condenado a repetirse: las viejas prácticas persisten desde nueva aristas, solapadas por un entorno de impunidad y opacidad. Es por ello que frente a estos señalamientos, instamos a la CIDH a que dé las directrices para que el Estado mexicano atienda la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la conformación de un Consejo Asesor de Derechos Humanos integrado por un grupo de expertos independientes.
A continuación se presenta el documento con el conjunto de señalamientos, peticiones al Estado mexicano y solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Audiencia temática en la CIDH: El derecho a la verdad en México by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd
1 Al respecto puede consultarse el voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer McGregor Poisot en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, en particular párrs. 24 – 26.
Nota para prensa
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