Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- La transparencia sobre las fosas clandestinas en México registró un retroceso entre 2024 y 2025, de acuerdo con el informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, en el marco de la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

El análisis, basado en solicitudes de acceso a la información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), revela un deterioro en la cantidad y calidad de la información proporcionada por las autoridades. A un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las respuestas fueron más escasas, menos completas y menos útiles para conocer la magnitud de la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país.

Entre los principales hallazgos destaca que las respuestas de buena calidad disminuyeron de 57.6% en 2024 a 39.3% en 2025, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de 27.3% a 39.3%. Además, ocho fiscalías que habían proporcionado información en 2024 dejaron de hacerlo en 2025.

El informe identifica un grupo de entidades donde la opacidad fue particularmente preocupante. Quintana Roo registró el mayor retroceso al pasar de una calificación perfecta a no entregar información útil; Baja California reservó por cinco años los datos sobre fosas clandestinas; Coahuila y Nayarit respondió dos meses después, con cero fosas; Colima remitió a un enlace inactivo y Guanajuato canalizó a un portal sin información suficiente para identificar fosas clandestinas. A estos casos se suman Morelos, que acumula cuatro años consecutivos sin responder solicitudes; Hidalgo, que se declaró incompetente para proporcionar la información; Tamaulipas, que dejó de responder tras haber entregado datos en ejercicios anteriores; y Veracruz, que limitó el acceso mediante respuestas administrativas insuficientes.

El diagnóstico también documenta prácticas que restringen el derecho de acceso a la información, como la entrega de datos incompletos, el uso de enlaces inactivos, la ampliación injustificada de las causales de reserva y respuestas que trasladan a la ciudadanía la carga de reconstruir información que las autoridades deberían sistematizar y publicar de manera proactiva.

Durante la presentación del informe, Olimpia Montoya, del Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato, enfatizó que la opacidad del Estado no permite que las familias tengan acceso a información para buscar a sus seres queridos. “Una herramienta puede ser la diferencia para encontrar a nuestros familiares. A pesar de la promesa del Banco Nacional de Datos Forense, hoy no es útil para nosotras”, destacó. 

Penny Ramírez y Leslie Salazar, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, hicieron énfasis que la omisión del Estado es doble, ya que no solo obliga a las familias a buscar a sus seres queridos con sus propias manos, sino que las condena a reconstruir la información que el gobierno en ocasiones se esfuerza por ocultar. Desde 2017 se estableció la creación del Registro Nacional de Fosas y hasta hoy es una deuda cruel y una barrera directa contra la justicia.

Pamela Benítez, de Data Cívica, explicó que la falta de información de calidad sobre fosas clandestinas limita la posibilidad de conocer la magnitud de la crisis forense en México. Además de que con ello, se traslada a la ciudadanía la responsabilidad de reconstruir información que el Estado debería generar, organizar y publicar de manera continua.

Jessica Alcázar, de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, sostuvo que es indispensable garantizar respuestas completas, claras y verificables. El vacío institucional que persiste sobre la información pública relacionada con fosas clandestinas limita el derecho de acceso a la información y debilita la rendición de cuentas, particularmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde el Estado tiene una obligación reforzada de transparencia, principalmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y por último, el periodista de datos Efraín Tzuc destacó que a un año de la desaparición del INAI, este informe da claves sobre los efectos del cambio institucional en materia de transparencia para acceder a información pública sobre la crisis forense. “Nos enfrentamos a un contexto donde el árbitro de la transparencia son las mismas fiscalías, y esto tiene graves consecuencias para familias, periodistas y organizaciones”.

Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para cumplir plenamente con las obligaciones de transparencia y garantizar información pública completa, accesible y de calidad sobre fosas clandestinas, fortalecer la transparencia activa y contribuir al derecho a la derecho a la verdad y a la rendición de cuentas en favor de las familias de personas desaparecidas y de la sociedad.