Por ley, cada año el jefe del Poder Ejecutivo Federal debe entregar un informe en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, lo hace por escrito, las fuerzas políticas cancelaron la posibilidad de diálogo directo entre poderes y fuerzas políticas y aislaron la presentación del informe a un espacio carente de deliberación y disenso, bajo los términos del Ejecutivo en un ambiente controlado por el aplauso.
El sexenio que termina tuvo un inicio difícil cuestionado en su legitimidad debido a los resultados de las elecciones del 2 de julio de 2006, tras el conflicto postelectoral y después de la escabrosa toma de protesta ante el congreso el Presidente Calderón lanzó una semana después una cruzada sin precedentes contra el crimen organizado. Probablemente partiendo del diagnóstico equivocado y con acuerdo al consenso punitivo, seis años después esta cruzada no solamente parece no tener fin sino que ha dejado más de 60 mil muertos.
En otras áreas como la económica, se podría decir que este gobierno tuvo modestos aciertos al tomar decisiones pertinentes respecto a la crisis financiera mundial en el año 2009, se conservó cierta estabilidad y la economía, aunque poco, ha crecido cada año. Ha sido un sexenio donde el tema de acceso a la información no ha sido el fuerte, por el contrario las designaciones del Presidente para consejeros del IFAI ha privilegiado la lealtad y la amistad sobre el conocimiento en detrimento de la autonomía del instituto.
Este sexenio ha sido particularmente violento en contra de los periodistas, nocivo para el ejercicio a la libre expresión y el Estado ha sido cómplice activo de ello. Por eso resalta que en su discurso alusivo al informe presidencial le haya dedicado tan solo una línea a un tema escandaloso, dijo Calderón: “Otro gran pendiente de los tres órdenes de Gobierno es garantizar la protección efectiva de periodistas y otras personas con especial riesgo frente a la violencia criminal”.
En ARTICLE 19 hemos dado seguimiento a la gestión del presidente Calderón en la defensa a la libertad de expresión y derecho a la información desde el día uno. En definitiva parece preocupante que el presidente omita deliberadamente el contexto de violencia contra la prensa que vive el país, México es el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo y ese no es un indicador satisfactorio de ningún gobierno, menos de uno que se ufana de que gracias a la reforma en materia de Derechos Humanos ha fortalecido el marco institucional para protegerlos y garantizarlos.
En su discurso Felipe Calderón aseguró “abrimos las puertas al diálogo con la sociedad. Hemos respetado, sin cortapisa, la libertad de expresión y de crítica”, sin embargo el 53 por ciento de las agresiones contra periodistas han sido perpetradas por funcionarios públicos federales, locales o municipales. Agresiones que hoy se encuentran en total impunidad, pues resulta complicado para el Estado ser juez y parte de la violencia contra la prensa.
Durante la administración 2006-2012 han sido asesinados 48 periodistas, se han registrado 35 atentados con explosivos o armas de fuego en contras de instalaciones de medios, han sido víctimas de desaparición 8 periodistas y como nuevo fenómeno registrado durante el 2011 y 2012 han tenido que desplazarse de manera forzada 28 periodistas al no poder ejercer su profesión en el lugar de residencia. Este panorama no es menor para ser ignorado en la culminación de un gobierno tan cuestionado.
A finales de la administración Fox la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), desde ese momento advertimos repetidamente sobre las capacidades limitadas de esa instancia para hacer su trabajo, es decir, la investigación de casos. En 2009 se hizo el primer llamado de atención al respecto.Tras seis años de creada, la Fiscalía Especial tiene entre sus resultados sólo una sentencia condenatoria. Se trata del esclarecimiento de una amenaza vía electrónica (AP17/FEADP/2006) contra una periodista por la que el Juzgado 17° de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte aplicó una pena alternativa de 180 días multa y ordenó la reparación del daño por un monto de 36 mil 400 pesos.
El gobierno de Calderón reestructuró la fiscalía en el 2010, la dependencia cambió su nombre al de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero no solventó sus deficiencias, los recursos supuestamente destinados a la investigación de delitos cometidos contra periodistas disminuyeron en un 72.36% hasta el 2011 que pasaron de poco más de 2 millones a 636 mil 740 pesos, a pesar de que los casos habían incrementado año con año, pese al subejercicio presupuestal que alcanzó en 2010 el 91.79% el Ejecutivo designó para el ejercicio 2012 17 millones 968 mil 89 pesos para una fiscalía que no da resultados, no ha emitido ninguna sentencia condenatoria desde el 2007.
De esta manera y con retos a cuestas como la implementación de la nueva Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la legislación secundaria derivada de la reforma al artículo 73 constitucional que federaliza los delitos contra periodistas -promovida por ARTICLE 19-, este sexenio no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha apostado en suma por paliativos y chalecos antibalas en lugar de garantizar el ejercicio libre del periodismo. Entre otras cosas, lo que no se dijo en el Informe presidencial.
