El fin de semana pasado dos hechos coexistieron en el mismo escenario. Mientras miles de personas salieron en varias ciudades del país y del extranjero a protestar en la llamada #MegaMarcha contra la “imposición”, en la cual se rechazaba el triunfo limpio del candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto, a unas cuadras de ésta, en el Distrito Federal, se llevaba a cabo la boda entre el comediante Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo.
Pese a que cientos de jóvenes llegaron hasta las afueras del lugar para protestar, Televisa, la empresa encargada de dar cobertura en vivo al evento, decidió “subirle a la música” de la transmisión para acallar las consignas de los manifestantes. La protesta trascendió solamente como un hecho molesto para las y los invitados y poco digno del recuerdo de la boda de una de las principales figuras públicas de esta televisora, que minimizó el hecho de que miles de jóvenes desde hace varios meses la acusan de manipulación mediática, política y social.
El problema no radica en que los intereses editoriales de Televisa opten por destinar un espacio de más de cinco horas de su programación a un evento privado, el cual tuvo 23 puntos de rating, sino que la audiencia no tenga acceso a una mayor pluralidad de contenidos en los medios, entre ellos la televisión, para poder conocer lo que sucede más allá de las pantallas nacionales. La diversidad de la oferta es muy limitada.
Ante la falta de espacios, más personas exigen más y mejores canales de difusión. En esa lógica se insertan las redes sociales, que aunque no son accesibles a todos los sectores de la sociedad, permiten la bilateralidad en la que las grandes empresas se han negado a participar. El gobierno tiene obligación de promover y garantizar las condiciones para el nacimiento y desarrollo de medios plurales e incluyentes —lo cual incluye medios públicos, privados y comunitarios—, bajo la supervisión de un ente regulatorio. Esto bajo estándares internacionales en materia de y libertad de expresión y acceso a la información.
La pluralidad mediática promueve el acceso justo y equitativo al derecho de acceso a la información. Sin embargo, en México no podemos hablar de pluralidad en los medios cuando el Estado no ha adoptado políticas y medidas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo cual se traduce en que Televisa tiene el 56% de las concesiones de televisión abierta, mientras que en Tv Azteca cuenta con el 39% de éstas.
La diversidad y pluralidad de medios permite la participación ciudadana en vías de una sociedad más democrática, en la que a través de la promoción de diferentes opiniones y expresiones se fomente el diálogo entre la ciudadanía.
Hay que recordar que no es la primera vez que frente hechos de interés público, las principales televisoras anteponen intereses particulares y de grupo. Durante el primer debate entre los candidatos a la Presidencia, TvAzteca decidió no abrir su principal canal para la transmisión de éste, con el argumento de que sólo el 15% de su audiencia estaba interesada, así que preferían ofrecer una alternativa para la gran mayoría.
La desigualdad mediática que hoy enfrentamos, resulta una exclusión a la pluralidad de voces, debilitando el debate de la democracia. Según los Principios Camden sobre la libertad de expresión y la igualdad, la falta de pluralidad en los medios quebranta el derecho de toda persona a ser oída, a hablar y ser partícipe de la vida política y social, volviendo vulnerable e invisible a la misma sociedad.
Cuando se garantiza la pluralidad de medios y se promueve la diversidad de contenidos, los medios de comunicación sirven no sólo como contrapeso ante la información que difunde el gobiern£o o el poder, sino que también promueven la democracia y refuerzan el respeto por los derechos humanos.
