10 años de impunidad e injusticia para la familia de Moisés Sánchez
Foto: ARTICLE 19
Ciudad de México, a 24 de enero de 2025.- El 24 de enero de 2015 se encontró el cuerpo sin vida de Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión: La Voz de Medellín, periodista inquebrantable, defensor de derechos humanos, líder en su comunidad y padre de familia. Tan sólo 22 días antes, el 2 de enero, había sido privado de su libertad en su domicilio en Medellín de Bravo, Veracruz, por un grupo armado. Así, hace 10 años se confirmó su muerte, e inició una lucha de la familia Sánchez para exigir justicia. A 10 años de estos hechos, hay aún perpetradores prófugos, lagunas en la investigación, carencia de una reparación integral del estado, e inclusive falta de voluntad política para inclusive reunirse con las víctimas.
Moisés y su proyecto periodístico
Moisés siempre tuvo un interés de luchar contra las injusticias que veía. Inclusive, comenzó a estudiar derecho por correspondencia para poder defenderse y ayudar a otros. Una vez que se mudó a Medellín de Bravo, comenzó a redactar:
“Al principio eran notas escritas a mano en cuadernos y hojas sueltas […] Con eso se iba a un café internet, tipeaba, imprimía y, de regreso en su casa, durante otras noches recortaba las versiones finales de artículos, cartones y encuestas. En la tienda de fotografía revelaba las imágenes que él mismo captaba, elegía las mejores y, ya con todo, recortando y pegando armaba la plantilla original de su periódico, La Unión.”
Para completar los gastos y seguir financiando su actividad, manejaba un taxi por las tardes y noches.
Su semanario creció, y se volvió parte de las voces que clamaban justicia y verdad a las autoridades. Su periodismo conllevaba un activismo social: reportando baches en las calles, escribía cartas y peticiones a las autoridades de diversos temas, asesoraba y acompañaba a quien lo necesitara hasta que lograran dar solución al problema, amplificaba las voces que protestaban en distintas ciudades de Veracruz. Esto generó reacciones nocivas por múltiples actores en el poder, y resultó en una serie de amenazas y agresiones, inclusive del propio alcalde de Medellín.
El 2 de enero de 2015 las amenazas se consolidaron y sujetos armados tomaron a Moisés por la fuerza en su propio domicilio junto con su material de trabajo. Fue hasta el 24 de enero que su cuerpo fue encontrado, y un día después las autoridades ministeriales de Veracruz, reportaron los hechos.
La impunidad que no termina
La familia Sáchez Ordóñez ha exigido desde el primer momento acciones rápidas y contundentes de las autoridades. ARTICLE 19 ha acompañado el caso y en conjunto han exigido la investigación del caso. Pero ni la Procuraduría de Veracruz (ahora Fiscalía) ni la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República- FGR) quien atrajo el caso han logrado llevar a los perpetradores a la justicia. Por el contrario, las autoridades investigadoras desestimaron la labor periodística de Moisés, negaron que el hecho tuviera un vínculo a su libertad de expresión y decían que “había sido asesinado un taxista, y no era en realidad un periodista”.
Al día de hoy, de los autores materiales sólo se presume un detenido de al menos seis. Por su parte, el presunto autor intelectual, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, continúa prófugo. Algunas detenciones han caído debido a fallas en el propio proceso de investigación. Ejemplo de esto fue que el 30 de marzo de 2023 la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó públicamente la reaprehensión de Luigui ‘N’, ex policía municipal y uno de los señalados como responsables en el homicidio. El 31 de marzo, tan sólo un día después de la reaprehensión anunciada por las autoridades, quedó en libertad.
Los familiares de Moisés llevan años luchando contra la falta de voluntad política tanto de los gobiernos estatal como federal. Han organizado protestas pacíficas, reuniones con las autoridades, cooperado con las investigaciones y dado toda la información que tenían, y se han aliado con otras familias de periodistas asesinados y desaparecidos para exigir justicia como colectivo. Desafortunadamente, las autoridades han respondido con desinterés y desdén.
Jorge Sánchez, el hijo de Moisés, participó en enero de 2023 en la conferencia Mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó la impunidad que viven decenas de familias de periodistas en Veracruz, y solicitó atención y acciones. Aunque se ordenaron una serie de reuniones, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el gobierno de Veracruz sostuvieron solamente dos reuniones, antes de decir que “convocarán a la siguiente cuando haya avances”. Desde marzo de 2023 no ha habido avances ni reuniones.
2025, ¿para qué acompañar a las víctimas?
Este año, Jorge resaltó la falta de seguimiento a Rocío Nahle, la nueva gobernadora de Veracruz. Jorge solicitó a la gobernadora de Veracruz una reunión con integrantes de la Red Nacional de Memoria y Lucha de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. La funcionaria del estado de Veracruz le respondió: “¿para qué?”… “hablen con ellos” refiriéndose a la CEAPP (Comisión Estatal para la Atención y Protección de Los Periodistas). Si bien, la CEAPP juega un rol fundamental en la protección de la prensa, no deben ser los mecanismos o comisiones de protección ventanillas únicas de atención. La libertad de expresión y la protección de la prensa son tarea conjunta de las autoridades, y es preciso tener políticas públicas integrales en todos los niveles para luchar contra la impunidad.
Tres gobernadores y tres presidencias después, la familia de Moisés sólo recibe un “¿para qué?” mostrando una falta de voluntad y el desconocimiento de su rol como autoridades ante violaciones a derechos humanos.
A una década de impunidad e injusticia, la familia de Moisés Sánchez Cerezo, en acompañamiento de ARTICLE 19, reiteramos nuevamente:
- A los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, que generen en su agenda espacios para el acercamiento, atención y seguimiento de las víctimas. Que se retomen las reuniones de trabajo con las familias de Moisés y decenas de otros periodistas asesinados en Veracruz, cumpliendo con las promesas de sus antecesores.
- A la Fiscalía General de la República, garantizar el acceso a la justicia de la familia Sánchez Cerezo. Evitando que se cumpla un año más de impunidad.
- Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, continuar con la protección de la familia de Moisés Sánchez, así como de las víctimas y familias de la prensa en Veracruz.