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ARTICLE 19 y CCDHN preocupados por el hostigamiento contra periodista en Baja California

Author Juan Vázquez

Published on: 4 junio, 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Baja California notificó, la semana pasada, que la periodista Carmen Olsen se encuentra sujeta a proceso judicial por el delito de difamación, que en Baja California se castiga con hasta dos años de cárcel.

ARTICLE 19 ha documentado que en un lapso de dos años cinco periodistas y medios de comunicación bajacalifornianos han sido denunciados penalmente por la presunta comisión de delitos contra el honor. Las denuncias han sido interpuestas por servidores públicos  y empresarios, provocando un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, siendo beneficiados el poder político y económico.

Cabe recordar que la demanda contra Carmen Olsen, fue interpuesta por Claudia Cristina Espinoza, quien en octubre de 2012, fecha de la denuncia, auxiliaba al entonces director de Seguridad Pública en Playas de Rosarito, Francisco Castro Trenti, mismo que el 4 de enero de 2013, ordenó a un grupo de policías municipales, bajo su cargo, agredir físicamente a la periodista.

Más allá de las múltiples irregularidades en el proceso seguido contra Olsen y las visibles inconsistencias en los elementos probatorios, el proceso penal contra la periodista de Playas de Rosarito es posible debido a que en Baja California permanecen vigentes los delitos contra el honor.

En ARTICLE 19 resaltamos que esta denuncia no es el único proceso que la periodista enfrenta, sumándose así a la imputación del delito de ultrajes a la autoridad por las agresiones de las cuales fue víctima el 4 de enero de 2013; conviertiéndose de víctima a acusada.

Debido a lo anterior y ante la parálisis legislativa en el tema, ARTICLE 19 interpuso una demanda de amparo contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que confirma la sujeción a proceso de Carmen Olsen por el delito de difamación exhortando al Poder Judicial de la Federación  que declare la inconstitucionalidad de este delito, como única salida para que los delitos contra el honor dejen de aplicarse en el estado de Baja California.

Pese a que México ha sido conminado por el Comité de Derechos Humanos y la Relatoría de sobre la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión, ambas de las Naciones Unidas, así como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, a despenalizar los delitos contra el honor^[1], Baja California es una de las 14[2] entidades que mantienen a México en estado de incumplimiento respecto sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Si bien resulta legítimo proteger el honor de las personas, esta tutela no debe ser a tal grado desproporcionada que anule plenamente el ejercicio de otros derechos. Es decir, las medidas legislativas de carácter penal generan más daños en el ejercicio de la libertad de expresión que los beneficios que se generan al derecho al honor, por lo que las soluciones al conflicto entre estos derechos tienen que encontrarse por la vía civil.

ARTICLE 19 y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) hemos manifestado públicamente nuestra preocupación a los legisladores bajacalifornianos. Uno de esos pronunciamientos lo realizamos durante el foro del pasado 30 de abril, realizado en el recinto parlamentario, donde externamos las razones jurídicas por las cuales se deben despenalizar los llamados delitos contra el honor. El compromiso asumido por el Congreso fue comenzar el proceso para la despenalización de los delitos que inhiben la libertad de expresión y emitir un punto de acuerdo en el que se reivindique la labor de la periodista Carmen Olsen.

Por ello, ARTICLE 19 y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste exigimos al Congreso del Estado de Baja California derogue los delitos contra el honor y cualquier otro que restrinja de manera desproporcionada la libertad de expresión. Así también conminamos a que a través de un punto de acuerdo y un pronunciamiento público el Poder Legislativo reconozca la labor de la periodista Carmen Olsen, cuyo caso es emblemático de los abusos del poder contra periodistas.