Un Sistema Nacional de Protección debe contar con la participación de organizaciones, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Ciudad de México 11 de octubre de 2021.- El pasado martes 5 de octubre en conferencia de prensa, la Secretaría de Gobernación en cabeza del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y el Titular de la Unidad de Derechos Humanos de esa dependencia, Enrique Irazoque, anunciaron una serie de acciones para fortalecer la actual política de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas e involucrar a los tres órdenes de gobierno.
Las acciones anunciadas consisten, entre otras cosas, en la modificación del marco normativo en la materia para la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con participación de los tres niveles de gobierno y las tres ramas del poder público. Así como el impulso de las investigaciones de los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas, para garantizar sancionar a las personas responsables y generar medidas de no repetición. En lo inmediato, anunciaron el inicio de firmas de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, que iniciarán en los Estados de Morelos, Quintana Roo y Coahuila, en donde se firmó el primero, el pasado jueves 7 de octubre.
El anuncio de estas medidas, invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas en el pasado, como aquellas que se desprenden de la firma de convenios y protocolos ya existentes entre la Federación y las entidades federativas desde el año 2012, y la adopción de normatividades locales en materia de protección en gran parte del territorio nacional, que intentaron, sin éxito, fortalecer las acciones de coordinación para la prevención y protección de personas defensoras y periodistas.
Dichas acciones se hicieron sin contar con la participación de las personas objetivo de estas políticas, no partieron de diagnósticos previos, en cuanto a los riesgos específicos y vulnerabilidades que enfrentan dichas poblaciones en cada uno de los territorios, así como tampoco se aseguró presupuesto y personal suficiente para implementar acciones de coordinación con otras dependencias de gobierno, careciendo además de ejercicios de rendición de cuentas para poder evaluar su progreso.
Consideramos que la efectividad de un Sistema Nacional de Protección que atienda a las obligaciones del Estado para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, debe atenderse como una política de Estado. En ese sentido, el diálogo entre todos los actores es fundamental para garantizar un compromiso integral y lograr impulsar acciones políticas, técnicas y económicas, que garanticen además los recursos humanos y financieros suficientes, y la participación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos en la construcción del Sistema.
Vemos importante los anuncios y medidas hechas para transitar hacia una política de Estado como un esfuerzo transexenal, el cual requiere del diálogo conjunto con múltiples sectores de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional. Es por eso, que desde las organizaciones que conforman el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ponemos nuestro conocimiento y experiencia a disposición para la creación del Sistema Nacional de Protección, con el objetivo de que se generen acciones de prevención y protección ante la violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas, así como de lucha contra la impunidad.
Para esto, reiteramos el llamado a la Secretaría de Gobernación, en particular a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al resto de instituciones que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, para dar cumplimiento al acuerdo de octubre de 2019 de conformar un Grupo Técnico en conjunto con instituciones, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, para construir de manera conjunta una ruta que permita transitar hacia una verdadera política de Estado que garantice la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
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