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América Central

Guatemala y Ciudad de México, 24 de enero de 2020.- El 20 de enero pasado, durante una conferencia de prensa, el recién juramentado presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, cuestionó la labor periodística de Marvin Del Cid colaborador del diario Prensa Libre, al expresarle públicamente: “Me parece que el señor Marvin Del Cid nos las trae, sí nos la trae (..) porque se ha dedicado a hacer una serie de investigaciones basadas en no sé qué y nosotros mismos consideramos que se está extralimitando. Yo le puedo documentar a usted sus últimas cuatro investigaciones que llevan dedicatoria, ojalá supiera quién le está diciendo a usted quenos investigue de esa manera”. Dicha declaración se produjo en el marco de las investigaciones hechas por Del Cid, sobre personas allegadas al nuevo gobierno.

Ante las declaraciones de Giammattei, las organizaciones Centro Civitas, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica y la Asociación Artículo 35, condenamos el hecho por considerarlo intimidatorio y recordamos al mandatario que el rol de la prensa no es ser complaciente con el poder, sino que, por el contrario, fiscalizar todos sus actos. Asimismo, que las obligaciones del Estado de Guatemala, de cara a la Libertad de Expresión, son respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos en Guatemala y, en particular, el derecho a las libertades de expresión y de prensa. Es importante resaltar que las informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos y candidatos a ejercer cargos públicos gozan de especial protección bajo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El control existente en las democracias a la gestión del gobierno por parte de la opinión pública obliga al presidente y a los funcionarios públicos en general a estar “expuesto en un mayor grado al escrutinio y a la crítica, lo cual se explica por el carácter de interés público de las actividades que realizan”. [1]

Le recordamos también que el 27 de septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en que “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar” a medios de comunicación y periodistas. La resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes.

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha determinado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas “por razón de su línea editorial” pueden –en contextos de polarización política – aumentar el riesgo de la actividad del periodismo. De igual modo los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las campañas de desacreditación son una de las formas de violencia institucional ejercidas por funcionarios públicos. Las entidades internacionales que velan por la libertad de prensa recomiendan que, en caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público.

 


[1] Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos, Marco Jurídico Interamericano de Libertad de Expresión, 2009. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html


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Fecha de publicación en línea: 24 enero, 2020.
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