• El INAI es una institución clave para la vida democrática del país por lo que debe garantizarse su autonomía.
• Los estándares interamericanos de derechos humanos confirman que la autonomía del organismo garante del derecho a la información es necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Ciudad de México, a 7 de enero de 2021.- Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días que cuestionan la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos. En la conferencia matutina de este jueves 7 de enero, el presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.

Entre las opciones el gobierno federal, señaló que podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.

Lo anterior resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia

El delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la SCT, la SFP, la ASF o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas. Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo.

Durante este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.^[1] Esto representó un incremento del 817% respecto al año previo. De igual manera, en 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones.^[2] Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia.

El argumento esgrimido por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país. En principio no puede pretenderse la desaparición de estos organismos basado en un supuesto dispendio de recursos cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener independencia de los poderes sujetos a su escrutinio. Además, ello queda en entredicho cuando señala que no se afectaría a las y los trabajadores de los organismos que se pretenden desaparecer, mismos que formarían parte de la estructura de la Administración Pública centralizada. Más bien, con estas imprecisiones y contradicciones, es evidente que busca acabar con contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas.

Recordemos que la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en la reforma constitucional del 2007 y 2014. Eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático.

Asimismo, esta decisión contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información que han establecido como un deber de los Estados, la creación de un organismo especial mediante el cual se pueda hacer exigible el derecho de acceso. La Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, señala que para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública.”

Además, el INAI también tiene el mandato constitucional de defender el derecho a la protección de datos personales y las colisiones con el ejercicio del derecho a la información. En años recientes hemos dado cuenta de la violación de la privacidad de activistas y periodistas a través del uso de software de vigilancia por parte de instituciones de seguridad. De esta manera, se reafirma también la importancia del rol y de la autonomía del INAI.

Así, un real compromiso con la democracia para garantizar una serie de derechos, tendría que enfocarse en el fortalecimiento institucional. Por lo tanto, instamos al presidente de la república a sumar esfuerzos para el fortalecimiento institucional de los organismos e instituciones del Estado que han sido herramientas indispensables para la ciudadanía y el ejercicio de derechos.

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^[1] SIPOT con Estadísticas del Sistema Nacional de Transparencia, INAI.

^[2]Estadísticas del INAI y solicitud de acceso a información pública dirigida al INAI con folio PNT 0763800344520.

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A T E N T A M E N T E

NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.; Causa Natura, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C.; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.; México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.; Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; SocialTIC, A.C. y Transparencia Mexicana, A.C.

Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

ORGANIZACIONES

ARTICLE 19 México y Centroamérica

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.

Observatorio Regional Zamora A.C.

Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C.

Redes Quinto Poder IDEA

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP)

Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática

Transparencia Mexicana, Capítulo en México de Transparencia Internacional

Bios Participación Política y Desarrollo A.C.

Cultura Ecológica A.C.

TRANSVERSAL, Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas A.C.

Organización Nacional Anticorrupción (ONEA)

Causa en Común, A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Reforestamos México A.C.

Elementa DDHH A.C.

Wikipolítica Michoacán A.C.

Fundacion Find

Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas AC

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

Nodo de Transparencia Puebla

Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla (AMEDI Puebla)

OBSERVATEL A.C.

Buscando Desaparecidos México BUSCAME

Puebla Vigila A.C

Comunicación y Educación Ambiental S.C.

Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco (ACGAT)

Visión Legislativa

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Legalidad por México A.

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Causa Natura

Desde Desarrollo y Derechos A.C.

Observatorio Designaciones Públicas

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

México Evalúa

Observatorio Nacional Ciudadano

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

Observatorio Ciudadano Tabasco

Red Social Contraloría Ciudadana Puebla AC

REDIM Red por los derechos de la infancia en México

Ruta Cívica 

Instituto de Justicia Procesal Penal, AC

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

FIRMAS A TÍTULO PERSONAL

Alejandro Madrazo Lajous (CIDE)

Alejandro Cárdenas López (académico y periodista)

Catalina Pérez Correa (CIDE)

Carlos Bravo Regidor (CIDE)

Sharon Ocampo Arias (Posgrado UNAM)

Irasema Lilian Mancillas Álvarez (CADD AC)

Aurora Sabrina Soto Garcia (CADD AC)

Lizbeth Estrada Osorio (CIMTRA-PENÍNSULA DE YUCATÁN)

Roberto Alonso (Universidad Iberoamericana Puebla)

Lourdes Morales Canales (Red por la Rendición de Cuentas)

Carlos Alberto León Espinosa (Posgrado UNAM)

Alejandro Garcia Villasuso

Eliana García Laguna (activista de derechos humanos)

José G. Hernández Martínez

Alejandro May Guillén (Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco)

Esteban Ortíz Rodea

Diana Iris García, activista y madre de desaparecido

Cuauhtémoc Cruz Isidoro

Guillermo Osorno (periodista independiente)

Maria Elena Morera Mitre

Emilio Marcel Regidor Eternod

Andrés Enrique Pacheco Pacheco

Iván Gidi Blanchet (ONEA)

Salvador Vega Romero (ONEA)

Wilbert Torres (periodista independiente)

Pedro Gómez (Director del programa ecoperiodístico Jord Luum) 

Clemente Romero Olmedo

María del Carmen Nava Polina

Juan Manuel Estrada Juárez

Lilia Vélez Iglesias

Silvia Elida Ortíz Solís (Grupo VI.D.A Laguna A.C)

Naxhelli Ruiz Rivera

Ernesto Aroche Aguilar

José Manuel Rodoreda

Lorena Ruano (Secretaria General del SIPACIDE)

Balbina Flores Martínez

Irene Levy

Francisco Cuamea

Vietnika Batres

Manuel Alejandro Guerrero

Claudia Ramón Pérez

Alejandro Springall (cineasta)

Claudio Flores Thomas (consultor)

Jorge Javier Romero Vadillo

Lizeth Mejorada Barrios (Directora de Puebla Vigila A.C)

Delia Icela Quiroa Flores Valadez

Maria Icela Valdez Chaidez

Silvia Nelly Rodríguez Martínez

Ñora Delia Rodríguez Martínez

Fernando Esteban Villegas Rodríguez

Colectivo 10 de marzo Reynosa, Tamaulipas.

Areli Sandoval Terán (Espacio DESCA)

Alfredo Lecona Martínez

José Valente Tallabs González (UPAEP)

Juan Pablo Aranda Vargas (UPAEP)

Cristina Gómez

María de los Ángeles Estrada G.

Yoltzi Martínez Corrales (Unidas Siempre Buscando)

José Pablo Girault Ruiz

Juan Francisco Torres Landa

Armando Santacruz

Alejandro Sicairos Rivas

Leonor Adriana Gómez Barreiro

Amós García Montaño

Ernesto Núñez Albarrán

Marcia Itzel Checa Gutiérrez

Alma Maldonado-Maldonado

Jorge Carrasco Araizaga

Francisco Rivas (ONC)

Ignacio Rodríguez Reyna

Daniel Alejandro Valdés Amaro (FCC BUAP)

Beatriz Pérez José (UNAM).

Alejandro Guillén

Juan Carlos Canales F.

Leobardo Espinoza Rodriguez

 José Juan Méndez Carvajal

Fidencio Aguilar Víquez

César Mendoza

Michel Hernández Tafoya

Monica Tapia A.

Juan Martín Pérez García

Maribel Flores Sánchez

Lorena Sánchez García

Luz del Carmen Rosillo Martínez

Hugo Miguel Pantoja Morales

Adriana Labardini Inzunza

Emilene Martínez Morales

Ricardo Corona

Liliana Ruiz Ortega