Ciudad de México, 4 de agosto de 2015.-
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE
Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y feministas, que suscribimos este pronunciamiento repudiamos enérgicamente el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Bonilla y los 4 feminicidios de Nora Dominique Vera Pérez, activista y defensora de los derechos humanos, y de Yesenia Quiroz Alfaro, así como de las otras 2 mujeres que no han sido identificadas plenamente.
En los casos de Rubén Espinosa y Nadia Vera, ambos además de mantener una estrecha relación de amistad, compartían los espacios de denuncia, documentación de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos en el Estado de Veracruz. Ambos, en fechas distintas, ante el clima de persecución, amenazas, agresiones y hostigamiento que sufrieron en Xalapa, Veracruz, decidieron desplazarse a la Ciudad de México.
Sus asesinatos se dan un contexto de criminalización y persecución, donde el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, se han convertido en actividades del alto riesgo. Durante esta administración, en los últimos dos años se tienen registradas 656 agresiones contra la prensa, en el caso de Veracruz, es la entidad que presenta el mayor número de periodistas asesinados y desaparecidos desde el año 2010 y donde se han registrado más de 40 agresiones a mujeres periodistas.
Los antecedentes de violencia sufridos por el periodista Rubén Espinosa y la defensora Nadia Vera por parte de agentes del Estado de Veracruz no pueden descartarse y deben ser investigados con la debida diligencia, debiéndose citar a todas y cada una de las personas que pudieran estar involucradas en este caso, incluyendo desde luego, a los servidores públicos del Estado de Veracruz.
Quienes suscribimos este pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación ante la filtración de información que ha realizado la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz.
Por ello, las organizaciones que representan legalmente a la familia de Nadia Vera han promovido una serie de diligencias tendientes a fortalecer precisamente las investigaciones sobre el activismo político, la denuncia contra servidores públicos y el ejercicio de la libertad de expresión que realizaban tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa en el Estado de Veracruz.
La masacre ocurrida en la colonia Narvarte no puede considerarse un hecho aislado en el contexto de agresiones a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en Veracruz, por lo cual declaramos un estado de Alerta en esta entidad para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante ello exigimos, una intervención del Estado mexicano para frenar las agresiones, amenazas, hostigamientos y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como para tomar todas las medidas necesarias que garanticen y protejan el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
Este caso no puede constituirse como un precedente de impunidad y de complicidad para proteger a los responsables materiales e intelectuales. Por lo cual, mantendremos la vigilancia sobre la actuación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a quienes también exigimos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que se encuentran refugiadas en la Ciudad de México, como una medida extrema ante el clima de persecución e inseguridad que se vive en otras partes del país.
