El día jueves 5 de enero de 2023, en varias ciudades de Sinaloa se registraron diversos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales y estatales, resultando en bloqueos, quema de automóviles, enfrentamientos armados y agresiones a la prensa y personas en general.

Se conoce que los hechos ocurrieron luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República implementaron un operativo donde resultó detenido un presunto líder del cártel Sinaloa. 

A través de comunicaciones con periodistas de diversos medios, las organizaciones firmantes pudieron documentar una serie de agresiones contra la prensa, resultando en al menos 4 robos de automóviles de prensa, uno de los cuales se confirma fue quemado, cinco robos de equipo de trabajo, entre ellos dos computadoras, dos celulares y unos audífonos; además de varias amenazas con  armas de fuego. Algunos periodistas tuvieron que refugiarse en hoteles y otros lugares ante la falta de seguridad. Sobre las agresiones ARTICLE 19, CPJ y RSF se reservan los nombres y medios agredidos por seguridad. 

Esta no es la primera vez que hechos de este tipo ocurren en Sinaloa. En octubre de 2019, se suscitaron hechos similares en la entidad, donde la capital del estado se paralizó y hubo balaceras, ataques y amenazas. Ambos hechos reflejan la grave crisis de seguridad y de derechos humanos que atraviesa el país.  

En México, se agrede a periodistas y medios de comunicación en promedio cada 14 horas por ejercer su labor. Los hechos suscitados el día de hoy muestran que no hay garantías para un ejercicio periodístico seguro y libre. Es imperante que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para iniciar acciones que prevengan la violencia, desde políticas públicas integrales de protección; investigaciones diligentes de crímenes contra la prensa y combate a la impunidad; hasta el fortalecimiento de mecanismos estatales y federal de protección a periodistas. 

Finalmente, es necesario que las y los dueños de los medios de comunicación y  jefes y jefas de redacción fortalezcan sus protocolos de seguridad y medidas de protección, tanto preventivas como reactivas, para sus reporteros y reporteras. Esto incluye mejorar las condiciones laborales, brindar equipos de protección y diseñar protocolos específicos de monitoreo y seguridad para coberturas de riesgo.

Los hechos suscitados el dia de ayer son de interés público, por lo que es esencial que se garantice un ejercicio periodístico libre, el cual es esencial para la democracia, y que en este  ese caso toma aún mayor relevancia pues son temas que pueden configurar amenazas a la integridad de la población.

Ante tales hechos las organizaciones firmantes llaman:

• Al Ejecutivo Federal y estatal a rechazar los hechos suscitados y las agresiones contra la prensa y llamar a la autoridades a brindar medidas urgentes de protección a la prensa y familiares en la entidad.

• Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa coordinarse con el Mecanismo Federal a fin de brindar medidas de protección para periodistas y medios de comunicación en el estado, incluyendo apoyos para que quienes les fueron robados  equipos de trabajo, puedan reponerlos. Esto considerando las situaciones altas de precariedad bajo la cual la prensa ejerce su labor.

• Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la SEGOB a implementar un programa inmediato de prevención de riesgo para periodistas en zonas de conflicto como Culiacán en coordinación con las autoridades locales y Sociedad Civil.

• En caso de que se presenten las denuncias correspondientes, llamamos a la Fiscalía General de la República coordinarse con la Fiscalía Estatal a fin de iniciar las investigaciones necesarias, diligentes y objetivas que garanticen que estos hechos no queden impunes.

• A las y los dueños de medios de comunicación brindar medidas preventivas y de protección para sus reporteros y reporteras como capacitación para coberturas en situaciones de conflicto, atención jurídica y psicológica, entre otras.