Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.- El estado de Oaxaca es uno de los que ha visto mayor violencia contra la prensa en los últimos años. Tan sólo en 2015 se documentaron 35 agresiones contra los medios de comunicación (su máximo histórico), lo que la coloca como la 5a. entidad federativa más violenta.
Ante esta situación, la respuesta del gobierno local se ha dado a través de la creación de dos instituciones: la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social (FIDTS), que es parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, y la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (DDHPO).
En 2011 se creó la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social (FIDTS), con el objetivo de hacer efectiva la labor en principios de eficacia, imparcialidad y equidad en la procuración de justicia, de hechos que han causado conmoción en la sociedad oaxaqueña, y entre los que se encuentra la violencia contra la prensa. Por esta razón, en 2013 se creó la Agencia del Ministerio Especializada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
El 8.4% de las agresiones contra la prensa en México tuvieron lugar en Oaxaca, dando un total de 154 (118 a hombres, 27 a mujeres y 9 a medios), en el período de 2009 a 2015.
ARTICLE 19 tuvo conocimiento de que en 2014 y 2015, la Agencia registró 38 averiguaciones previas (26 en 2014 y 12 en 2015). De éstas, 33 se abrieron por querella, es decir, por petición de la parte afectada (25 en 2014 y 8 en 2015), mientras que 5 fueron por oficio, esto es, mediante un interés directo de la autoridad (1 en 2014 y 4 en 2015). Entre los delitos de mayor impacto se encuentran las amenazas, lesiones y daños.
Durante 2015, se documentaron 35 agresiones a la prensa (29 a mujeres, 3 a hombres y 3 a medios), de las cuales 14 fueron presuntamente perpetradas por funcionarios públicos.
En materia de protección, se han otorgado tres medidas cautelares (establecidas por la DDHPO) y cuatro medidas de protección solicitadas por la Fiscalía e instrumentadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La arbitrariedad en la atracción de casos por parte de las fiscalías locales y la omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), genera incertidumbre e indefensión a las víctimas y a la sociedad en el proceso de búsqueda de justicia.
Creación de la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
La Defensoría fue creada en 2015 y ha abierto 35 expedientes sobre casos relacionados con ataques en contra de periodistas, en los que se presume que ha habido violaciones a la libertad de expresión (12 expedientes por queja y 23 cuadernos de antecedentes). En 4 de los 12 expedientes de queja se ha señalado la posible violación al derecho a la información. En 9 casos se reportó el otorgamiento de medidas cautelares.
Con menos de un año desde que fue creada, la Defensoría busca desarrollar tres protocolos que faciliten el cumplimiento de su mandato: uno para la acción en torno a las medidas cautelares para periodistas; el segundo, de investigación sobre agravios a periodistas y, el tercero, sobre violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la Defensoría ha registrado en menos de un año 177 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos: 49 periodistas que sufrieron 79 agravios en su contra, de los cuales 17 fueron agresiones físicas, 10 de bloqueo informativo, 9 hostigamiento, 6 amenazas de muerte, 5 robo de equipo y 4 homicidios.
Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos
Esta instancia fue creada para fungir como órgano de vigilancia y seguimiento de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos. Así como para promover y consolidar acciones que generen las garantías en la materia, para lo cual debe articular las
acciones de difusión e interlocución con las instancias promotoras y protectoras de derechos humanos, impulsar las políticas públicas y propuestas legislativas necesarias, y solicitar la colaboración de las dependencias públicas responsables de la procuración de justicia y seguridad.
El caso de Oaxaca no dista de la realidad nacional, en la que se han creado instituciones con el objetivo de atender la grave situación de la violencia contra la prensa y las violaciones al ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, aunque esto no ha derivado en una disminución significativa en el número de casos. ARTICLE 19 ha documentado un incremento de más del 150% en agresiones contra medios y periodistas entre 2014 y 2015.
ARTICLE 19 reconoce la labor de los integrantes de las instituciones mencionadas por atender cada vez más este tipo de casos, sin embargo, falta voluntad política por parte de quienes toman las decisiones. Por su lado, el estado de Oaxaca busca dar una respuesta a la violencia en contra de quienes ejercen el periodismo, con el apoyo de los organismos anteriormente descritos.
No obstante, es urgente establecer una estrategia de difusión proactiva sobre las actividades y resultados de las instituciones estatales a fin de facilitar la rendición de cuentas, además de dotarlas con las herramientas necesarias para poder realizar su labor. Así como contar con los recursos suficientes y las facultades para cumplir con su deber de prevenir agresiones contra la prensa y proteger a periodistas que, por el ejercicio de su profesión, son víctimas de violencia, del mismo modo que garantizar su derecho a la justicia y reparación.
Para leer el informe completo, consultar el Informe 2015 M.I.E.D.O.
Nota para prensa
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