Foto: ARTICLE 19

Ciudad de México, 31 de julio de 2026. A once años del multihomicidio ocurrido en la calle de Luz Saviñón, colonia Narvarte, en el que fueron asesinadas Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, ARTICLE 19 México y Centroamérica, en representación y acompañamiento de la familia Espinosa denunciamos que el caso continúa en la impunidad y que las autoridades encargadas de investigarlo han incurrido en nuevas omisiones que agravan la revictimización de las familias.

Once años de impunidad estructural

Desde el 2015 han transcurrido al menos cinco personas titulares de la Fiscalía o Procuraduría, tres jefaturas de Gobierno de la Ciudad de México y tres administraciones federales, sin que ninguna haya mostrado la voluntad de agotar todas las líneas de investigación ni de investigar y sancionar a las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en las múltiples falencias y filtraciones del caso.

Actualmente hay tres autores materiales presos, pero el cuarto presunto cómplice, identificado como «El Duy», permanece prófugo. Esto sin considerar, que derivado de los videos presentados como parte de las evidencias, se puede evidenciar el presunto involucramiento de otros dos autores materiales involucrados. En cuanto a los autores intelectuales del crimen, el avance es nulo.

Desde el año pasado, las familias y sus representaciones legales tuvimos una única reunión con Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y las distintas unidades a cargo de las líneas de investigación. En dicha reunión se observó una falta de proactividad para el impulso de la línea de investigación de Veracruz, la cual no registra ningún avance. Además de que en esta reunión, al ser cuestionada la fiscal por las familias sobre las evidencias que se perdieron de administraciones pasadas, se respondió que no se puede recuperar las evidencias perdidas, dejando claro a las familias su postura de impunidad pese a que esta acción es una negligencia más de las autoridades y debería ser su responsabilidad resolver el caso. 

Por su parte, la línea de responsabilidad de servidores públicos, por acción u omisión en la investigación del caso, no ha tenido avance alguno y ha sido notoriamente descuidada. Resulta imposible omitir que la propia Fiscalía se está investigando a sí misma, lo cual eleva serias preocupaciones sobre el pacto de impunidad con sus antecesores.

Recordamos también que la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sigue incumplida y la reparación integral a las víctimas está pendiente. Ante ello, hemos advertido una falta de proactividad por parte de las distintas instancias en cumplir con esta recomendación, incluyendo subsanar los daños hechos en el proceso de investigación.

2026: Revictimización sistémica a las familias

Recientemente, se nos informó que la investigación fue trasladada de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio a otra unidad, debido a que las mesas a cargo ya no existían. Esta decisión se tomó sin notificar a las víctimas ni a su representación legal, lo cual constituye, por sí mismo, una violación a su derecho a la información y un incumplimiento de las obligaciones que la Ley de Víctimas para la Ciudad de México impone a la Fiscalía. La representación de las víctimas nos enteramos de este cambio únicamente al intentar presentar un oficio ante la mesa que antes tenía a su cargo el asunto.

A esto se suma la situación del memorial ubicado en Luz Saviñón, retirado en tres ocasiones anteriores. Actualmente existe presión por particulares para que el memorial vigente sea retirado de forma definitiva, bajo el argumento de que «deteriora la imagen» del condominio y la colonia además de justificar su remoción diciendo que es un espacio donde se escondían los delincuentes para asaltarlos. El Gobierno de la Ciudad de México no ha fijado una postura clara sobre las acciones que tomará para proteger el memorial: 

“Hasta el momento las familias no estamos interesadas en que el memorial se ubique en otro espacio ya que este es un espacio que elegimos desde nuestro derecho a la memoria y nos hace sentido como víctimas.”

Un contexto de violencia contra la prensa que no cede

El fin de semana pasado, la familia de Ruben Espinosa pudo corroborar que alguien había abierto el nicho de la tumba de Rubén y se robaron sus cosas. Es importante señalar que estos actos no son aislados sino que se realizan de manera sistemática en vísperas de cada aniversario. A tan sólo unos días del aniversario, este hecho nos recuerda que las familias siguen siendo vulneradas no sólo por las autoridades, sino por los autores del crimen quienes siguen impunes. 

Recordamos que las injusticias siguen no sólo contra las familias de Ruben, Nadia, Mile, Alejandra y Yesenia. Este caso no puede leerse de manera aislada. ARTICLE 19 ha documentado que, desde el año 2000 a la fecha, al menos 181 personas periodistas han sido asesinadas en México; solo en lo que va de 2026, 6 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su labor. La omisión de la Fiscalía de la Ciudad de México para investigar a fondo y llevar ante el Poder Judicial a todos los responsables del caso Narvarte envía un mensaje de permisividad y tolerancia frente a los crímenes contra la prensa, en un momento en que la violencia y el hostigamiento contra periodistas siguen siendo, lamentablemente, un fenómeno común en el país.

Hoy, más que nunca, es indispensable que la sociedad, los medios de comunicación y las organizaciones civiles no dejen solas a las familias que continúan exigiendo verdad, justicia, memoria y reparación integral.

Frente a la impunidad estructural que rodea las investigaciones del caso Narvarte, y ante la intención de la Fiscalía de no avanzar la investigación, ARTICLE 19, junto con la familia Espinosa, este año iniciará un proceso de análisis de todas las vías legales disponibles, incluyendo instancias internacionales, para exigir que el Estado mexicano, en su conjunto, rinda cuentas por su actuación institucional.

En vista de lo anterior, exigimos: 

• A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: Comunicar inmediatamente a las víctimas y sus representaciones la mesa a cargo del caso. Mantener una investigación proactiva y diligente y no cerrar el caso justificando las pérdidas a lo largo de los años. Exigimos también nuevas reuniones de seguimiento, particularmente con la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
• A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, retomar con las víctimas la exigencia del cumplimiento de la recomendación 4/2017.
• Al gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal, condenar los hechos en este caso y generar las condiciones para garantías de no repetición y de protección a las personas periodistas y sus familias. 
• A la Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Panteones del municipio de Miguel Hidalgo, investigar las múltiples violaciones al nicho de Rubén Espinosa y protegerle de futuros actos.
• A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a la Ciudad de México proteger y mantener el memorial del caso Narvarte. 

Por Yesenia, Alejandra, Nadia, Mile y Rubén, recordamos que es obligación del Estado investigar, procurar justicia, reparación integral a cada una de ellas y de él. No permitiremos que este caso caiga en el olvido. ¡Justicia para los 5!