ARTICLE 19 presenta amparo para defender los derechos de las audiencias
Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026. Esta semana, ARTICLE 19 México y Centroamérica presentó una demanda de amparo indirecto[1] contra los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió el 28 de agosto de 2026.
Sostenemos que diversas disposiciones de los Lineamientos comprometen los derechos de las audiencias porque facilitan la censura indirecta, afectan la independencia editorial de los medios de comunicación y restringen el derecho de la sociedad a recibir información plural y diversa. Por estas razones, consideramos que esas disposiciones contravienen estándares constitucionales y convencionales.
La demanda plantea tres problemas principales:
- La CRT aprobó los Lineamientos sin respetar el procedimiento legal
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) obligaba a la CRT a someter los Lineamientos a consulta pública para que la ciudadanía pudiera formular observaciones antes de su aprobación. La ley exigía que la CRT analizara las propuestas y observaciones recibidas y publicara un Informe de Consideraciones (Informe) en el que explicara por qué incorporó o descartó las propuestas de la ciudadanía.
La consulta pública concluyó el 21 de agosto. La CRT aprobó los Lineamientos el 26 de agosto y publicó el Informe el 28 de agosto, dos días después de la aprobación. ARTICLE 19 sostiene que, al publicar el Informe después de aprobar los Lineamientos, la CRT incumplió un requisito expreso del procedimiento.
Las irregularidades en una consulta pública impiden que funcione como mecanismo de participación ciudadana y de rendición de cuentas. ARTICLE 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C. presentaron observaciones técnicas sobre los Lineamientos, respaldadas por más de 6,700 personas y organizaciones. La CRT no explicó en el Informe cómo valoró esas aportaciones ni por qué rechazó las objeciones constitucionales sobre los efectos que los Lineamientos tendrían en la libertad de expresión.
La falta de justificación impidió someter a escrutinio las decisiones de la CRT y sus fundamentos.
- Los Lineamientos abren la puerta a presiones indirectas sobre los medios de comunicación
Entre otras obligaciones, los Lineamientos exigen a las concesionarias y programadoras distinguir entre información y opinión. La distinción entre hechos y opiniones no siempre admite las categorías rígidas que plantean los Lineamientos, pues seleccionar, contextualizar y presentar información son decisiones editoriales. Además, una noticia puede requerir antecedentes, explicaciones e interpretaciones para que el público comprenda los hechos.
La veracidad de una noticia debe evaluarse únicamente a partir de las fuentes disponibles y de las medidas razonables de verificación adoptadas por la persona periodista o el medio de comunicación al difundirla. Para distinguir entre información y opinión, los Lineamientos permiten vincular las valoraciones administrativas sobre qué constituye un hecho o una opinión con recomendaciones para modificar contenidos, la supervisión del cumplimiento de esas recomendaciones y posibles procedimientos sancionadores.
La posibilidad de enfrentar sanciones por la forma de presentar, contextualizar o verificar una noticia puede llevar a las concesionarias a restringir de antemano la difusión de información y opiniones, especialmente cuando se trata de información controvertida o de asuntos de interés público. Esta presión sobre la libertad editorial constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión.
Así, los Lineamientos convierten los estándares de protección de las audiencias en instrumentos de control sobre la información difundida.
- Los Lineamientos incentivan la autocensura de las concesionarias y afectan los derechos de las audiencias
La censura puede producirse incluso sin una prohibición expresa de decir o publicar algo. Basta con que el temor a una sanción o a una intervención de la autoridad lleve a las concesionarias a evitar la difusión de información controvertida, investigaciones sensibles, denuncias o críticas políticas.
Este efecto inhibidor se produce cuando el temor a una sanción lleva a periodistas y medios de comunicación a restringir de antemano lo que difunden. Esa autocensura limita la libertad editorial, empobrece el debate público y reduce la oferta informativa que reciben las audiencias cuyos derechos buscan proteger los Lineamientos.
Las audiencias necesitan una prensa libre, crítica e independiente. En una democracia, es inadmisible que los medios de comunicación restrinjan o dejen de difundir información por temor a una intervención o sanción del Estado. Si la sociedad pierde el acceso a información diversa, pierde también la perspectiva necesaria para participar en el debate público y tomar decisiones informadas.
ARTICLE 19 solicitó a la justicia federal que se subsanen las irregularidades de la consulta pública, se garantice el cumplimiento del procedimiento previsto en la LMTR y se analicen de manera adecuada y exhaustiva las respuestas recibidas. También pidió que se determinen los límites constitucionales de los Lineamientos y que se inapliquen las disposiciones que deriven en censura indirecta, vulneren la libertad editorial o afecten los derechos de las audiencias.
[1] Juicio de amparo indirecto 1883/2026 radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República
