Ciudad de México a 17 julio.- El 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país. A cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso de la Unión, esta fecha no sólo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país.

Las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos, protegerlos recursos naturales que sostienen nuestras vidas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza. Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades.

A este contexto se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos. Actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden. El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo.

Entre 2016 y la fecha, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en posible relación con su labor. De ellas, 77 eran hombres y 7 mujeres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana. A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones.

A pesar de este panorama, el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que deben ser implementados con urgencia adecuadamente. Entre ellos, destacan la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012. A nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente (artículo 9). Este acuerdo también compromete a los países a garantizar el acceso efectivo a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos relacionados con el ambiente, y el acceso a una justicia ambiental pronta y adecuada.

Adicionalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), pues esta decisión genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental. Sin mecanismos transparentes y efectivos para consultar datos sobre proyectos, concesiones, evaluaciones de impacto y decisiones gubernamentales, la defensa del medio ambiente se vuelve más vulnerable.

Asimismo, consideramos urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas. La justicia ambiental debe ser accesible, oportuna y efectiva para quienes defienden sus territorios y comunidades.

Por lo anterior, hacemos un llamado a las instancias de gobierno a: 

• Establecer un Plan de Acción nacional para la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, construido en diálogo con sociedad civil, pueblos originarios y personas defensoras del medio ambiente. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Mecanismo Federal de Protección y otras dependencias.
• Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección con recursos suficientes, capacidades técnicas, enfoque territorial, colectivo y perspectiva diferencial, que atienda de manera diferenciada los riesgos específicos de mujeres defensoras, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos vulnerables.
• Garantizar el derecho al acceso a la información ambiental a través de mecanismos efectivos y transparentes, restituyendo y garantizando las funciones esenciales del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
• Desarrollar estrategias para enfrentar y desarticular el avance del crimen organizado en territorios afectados, protegiendo a las comunidades y personas defensoras.
• Promover campañas públicas de reconocimiento y sensibilización sobre la labor de las personas defensoras del medio ambiente.

Atentamente;

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México