A casi 5 años del múltifeminicidio y el homicidio de la Narvarte, la FGJCDMX debe avanzar en su obligación de procurar justicia
Ciudad de México, a 11 de marzo del 2020.- Aún no hay justicia a 4 años 7 meses de los feminicidios de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia y el homicidio de Rubén Espinosa. Las familias de estas personas asesinadas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México continúan luchando por conocer la verdad de los hechos, lograr pleno acceso a la justicia, recibir una reparación integral y tener garantías de no repetición.
ARTICLE 19 hace un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, a garantizar que la investigación del caso avance en adelante con los más altos estándares de debida diligencia para identificar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de este terrible crimen.
Alcanzar justicia en el caso de la Narvarte sería un paso adelante para una institución que tiene el reto de mejorar la forma en que investiga los crímenes contra la libertad de expresión. La FGJCDMX tiene una deuda moral con la ciudadanía pues sus funcionarios continúan filtrando fotografías de crímenes a medios de comunicación. Esta filtración contraviene legislación nacional y estándares internacionales de derechos humanos pues revictimiza y trasgrede la integridad de las víctimas y sus familias. Ejemplo de ello fue el feminicidio de Ingrid Escamilla que enlutó e indignó al país y en el que se difundieron imágenes sensibles del crimen.
Saldar esta deuda moral es urgente en un contexto en donde el incremento de los feminicidios motivaron el pasado 8 de marzo una histórica y multitudinaria manifestación de mujeres para expresar su hartazgo y exigir a las autoridades respuestas contundentes para acabar con la violencia y la impunidad.
Lamentablemente el tránsito de Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX) a FGJCMDX aún no ha logrado reflejar un mayor respeto por los derechos humanos. Esta transición surgió en parte por la falta de acceso a la justicia y de garantías al debido proceso para las víctimas de delitos. El órgano investigador actuaba limitado por las cargas políticas por lo que se esperaba que con mayor autonomía hubiera menor impunidad. No obstante, esto aún no ha sucedido.
En el caso de la Narvarte, la impunidad de la que aún gozan autores materiales e intelectuales se ha prolongado por más de 4 años y 7 meses. Y las víctimas siguen a la espera de conocer toda la verdad de lo sucedido ese 31 de julio del 2015 en el departamento de la calle Luz Saviñíon.
Desde el principio de la investigación ARTICLE 19 y la familia de Rubén Espinosa han dialogado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, generando propuestas y promoviendo diligencias. En consecuencia, en septiembre del 2019 se llegó a consensuar un plan detallado de investigación que contempla las líneas y acciones para lograr llegar a todos los autores intelectuales y materiales.
ARTICLE 19 percibe como una señal positiva que en los últimos meses la autoridad investigadora ha mostrado voluntad de allegarse de elementos propuestos por las víctimas y organizaciones que acompañan. Esto es un paso en la dirección correcta que a su vez conlleva a un mayor compromiso por parte de la FGJCMX de facilitar todos los recursos necesarios con el objetivo de cristalizar los objetivos, siendo uno de ellos el de dar con los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.
ARTICLE 19 continuará promoviendo diligencias para agotar todas las líneas de investigación incluyendo la relacionada con los antecedentes de agresiones y amenazas por parte del gobierno veracruzano que encabezó Javier Duarte en perjuicio de las víctimas.
El caso del fotoreportero Rubén Espinosa es un claro ejemplo del tipo de agresiones ejercidas en contra de la libertad de expresión por el Gobierno de Duarte que generó el ambiente propicio de impunidad Rubén recibiera amenazas por su activismo y labor periodística, razón por la cual tuvo que desplazarse a la CDMX, acción que para protegerse no resultó, pues su vida fue cegada junto con las de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia.
Mientras se investiga esta y las demás líneas de investigación, las familias de las víctimas y las organizaciones que acompañamos, seguiremos exigiendo pleno acceso a la justicia, buscando la verdad, la reparación integral del daño y la no repetición tal y como lo pide la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
ARTICLE 19 recuerda a Ernestina Godoy que la FGJCDMX, institución que preside, está en mora de cumplir cabalmente los términos de la citada Recomendación, pues a la fecha de hoy se está avanzando con lentitud y sin observar todos los rubros que integran la reparación del daño.
De la misma manera, el terrible feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrido el pasado 9 de febrero hace aún más urgente que la FGJCDMX avance en poner fin a la deleznable práctica de filtrar información sensible. Tanto en el caso de Ingrid como en el caso de la Narvarte las familias de las víctimas fueron revictimizadas con filtraciones. Aún no se han realizado acciones eficientes para garantizar la no repetición solicitada por la CDHCDMX en la mencionada recomendación.
Así también, es importante que la investigación avance contundentemente pues esto contribuiría a generar las condiciones necesarias para que la Titular de la FGR pueda realizar la disculpa pública de una manera acorde a lo que las familias de las víctimas de la Narvarte están esperando desde los acontecimientos que originaron indignación por la fuga de información, la alteración de la escena del crimen y el estancamiento de la investigación.
Por lo tanto, ARTICLE 19 hace un llamado a Ernestina Godoy para acelerar los cambios que las víctimas necesitan en la institución de la que es titular. Estos incluyen el pleno acceso a la justicia a través de la debida diligencia, y en consecuencia el acceso a la verdad, la no repetición y la reparación integral del daño.
Es deber de Ernestina Godoy cumplir con los desafíos de elevar los estándares de Investigación en crímenes contra la libertad de expresión en la Ciudad de México y el poner fin a la práctica de filtrar información sensible que realizan sus subordinados. Logrando plena justicia en el caso de la Narvarte sería el primer paso para cumplirlo.
Nota para prensa
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