Fotografía: Agencia Cuartoscuro

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2024.- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones inmediatas para la protección de Alberto Toledo Denova, hijo del periodista Marco Antonio Toledo Jaimes, y su familia en Taxco, Guerrero. La noche del martes 29 de octubre, Alberto fue interceptado por sujetos desconocidos aproximadamente a las 21:25 horas. Estuvo desaparecido por 9 horas, hasta que fue encontrado con vida, pero herido “Lo dejaron en un barranco. Mi hijo está estable, muy golpeado, pero ya con nosotros”, detalló Marco en entrevista con ARTICLE 19. 

Un año después, mismo embate

Marco Antonio es un periodista independiente quien realiza coberturas de temas políticos, sociales y culturales a nivel local y estatal. ARTICLE 19 ha documentado múltiples agresiones y amenazas desde el 2023 por su labor periodística. Hace prácticamente un año Marco Antonio, su esposa Guadalupe Denova, y su hijo Alberto fueron privades de su libertad con violencia física en 2023. Al menos cinco personas armadas  ingresaron a su domicilio el 19 de noviembre del año pasado. Los atacantes revisaron el domicilio, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron los celulares de las víctimas, así como dos equipos de cómputo. 

Dichos hechos ocurrieron en el marco de otros ataques y desapariciones de periodistas. El 22 de noviembre, los periodistas Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, del medio digital RedSiete, de igual forma fueron privados de su libertad. La periodista Silvia Naysssa y el periodista Alberto Sánchez fueron liberados el 25 de noviembre. Por su parte, Guadalupe Denova fue liberada el 25 de noviembre. Marco Antonio Toledo apareció con vida el 26 de noviembre. Finalmente, Alberto Toledo, su hijo, fue liberado hasta la noche del 28 de noviembre de 2023. Por estos hechos, el periodista Marco Antonio Toledo comenzó a recibir protección del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en febrero de 2024.

Casi un año después, el 29 de octubre del presente, ocurre el mismo embate y vuelven a privar de su libertad a Alberto. De acuerdo con el testimonio de Marco Antonio, su hijo salía de un partido de fútbol cuando fue interceptado por cuatro hombres armados, quienes le forzaron a subir a una camioneta Mazda color vino, aproximadamente a las 21:25 horas. Alberto estuvo desaparecido por 9 horas y en la mañana del 30 de octubre fue encontrado con vida, pero golpeado. 

A pesar de contar con medidas de protección a Mecanismo, no cesaron las agresiones en contra de la familia Toledo. En acorde al testimonio recopilado por ARTICLE 19, el mismo 30 de octubre, un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta afuera de su domicilio tomó fotografías al automóvil de Alberto y a la fachada del domicilio familiar. La falta de investigaciones diligentes y expeditas sobre los hechos del 2023, así como la ausencia de políticas públicas integrales a la prensa permite que este tipo de delitos se vuelvan una constante en el estado de Guerrero.

Guerrero: escenario de violencia constante 

Con 247 agresiones contra periodistas y medios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Guerrero es el segundo estado más violento contra la prensa, sólo detrás de la Ciudad de México. El informe sexenal de ARTICLE 19, Derechos pendientes, da cuenta de que, aunque los principales perpetradores de la violencia son las autoridades, en Guerrero le siguen los integrantes de grupos del crimen organizado. Esta violencia por ambos grupos coloca a la prensa guerrerense entre la espada y la pared; marcando un riesgo continuo para las y los periodistas. 

De acuerdo con el testimonio de Marco Antonio, en Guerrero “[…] el miedo es generalizado y no se sabe en quién confiar”. Por una parte, se presume que grupos de poder fáctico han formado vínculos con autoridades en diversos niveles y regiones. Esto implica que, en ocasiones,  los integrantes de la delincuencia incluso silencian a la prensa en contubernio con algunas autoridades. Por otro lado, existe una ausencia del Estado como un actor que proteja, investigue y procure justicia; lo que ha permitido el avance y desarrollo de esquemas de poder al margen de la ley.

Las autoridades deben accionar en Taxco

Si bien, Marco Antonio Toledo es beneficiario del Mecanismo de Protección desde febrero del presente, no se han tomado acciones integrales por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno. A nivel Federal se ha relegado toda acción de protección a Mecanismo, el cuál ha otorgado botones de asistencia a los familiares, pero ha otorgado escoltas y una protección mayor sólo a nivel individual a Marco. Lo ocurrido en 2023 ameritaba un plan de protección integral a toda la familia, considerando el alto nivel de riesgo para todas y todos. Tras los hechos de 2024 es aún más notorio que los planes de protección no deben basarse sólo desde una visión individual o personal de la seguridad. 

ARTICLE 19 subraya que las acciones de protección no deben ser sólo reactivas tras hechos de violencia, como lo recientemente acontecido en Taxco, sino que se destinen también a fortalecer la capacidad de identificación de riesgos de forma integral para la prensa, incluyendo un mapeo y análisis profundo del contexto de la entidad y/o municipio donde se esté ejerciendo la labor periodística.

En vista de lo anterior ARTICLE 19: 

• Urge al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a implementar un plan de protección integral, que incorpore medidas urgentes de protección para las y los familiares de Marco Antonio Toledo.
• Exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer los casos de 2023 y 2024 e investigar de manera exhaustiva, basándose en el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión, con el fin de que la indagatoria sea eficaz y se agoten todas las líneas de investigación y se procure justicia.
• Igualmente, exhorta al gobierno municipal de Juan Andrés Vega, al gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda, y al gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo a generar, coordinar e implementar políticas públicas integrales de protección desde una visión preventiva, integral, y con visión interseccional que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en el municipio de Taxco y en el estado de Guerrero.