Ciudad de México, 16 de junio 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica vuelve a expresar su rechazo por el uso abusivo del Código Penal de San Luis Potosí para silenciar activistas políticos, funcionarios públicos, comunicadores, y periodistas críticos o disidentes. El mes pasado organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión expresaron preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en San Luis Potosí, debido a las múltiples detenciones y presuntos procesos judiciales iniciados contra una variedad de voces.

A continuación, se presenta un detalle de los casos a los que la organización ha estado observando:

TABLA: Resumen de casos observados en materia de procesos judiciales contra población en San Luis Potosí

Caso	Detalle	Denunciante	Delito	Hechos o información adicional
Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo	Comunicadora y funcionaria pública	Ruth González Silva	Delito contra la identidad de las personas, Difusión Ilícita de Imágenes (con Inteligencia Artificial)	El proceso es por una imagen, presuntamente falsa, de Ruth González al lado de Ruben Rocha Moya.[1]
Christian Herrera	Comunicador	Secretaría de Seguridad Pública estatal y Guardia Civil Estatal	Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones o Uniformes	El proceso es por una publicación en redes “donde invitaba a la gente a hacer denuncias ciudadanas relacionadas a la Guardia Civil”[2]. En la carpeta se identifican invitaciones para denunciar y recopilar información sobre presuntos abusos del cuerpo policiaco[3].
Anahí Torres + 10 personas	Periodista y otros (varios)	Persecución de oficio	Presuntamente Delito contra la identidad de las personas, Difusión Ilícita de Imágenes (con Inteligencia Artificial)	Según la información provista por fuentes locales, la orden presuntamente proviene por haber generado y compartido un vídeo en redes sociales en donde supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y a la Guardia Civil Estatal de servir para el Cártel Jalisco Nueva Generación.[4]   Anahí Torres no ha tenido acceso a su carpeta[5].
Juan Pablo Moreno Rodriguez   Juan Pablo Moreno Guzmán	Periodistas	Diputado Hector Serrano Cortés	Presuntamente[6], Delito contra la identidad de las personas, Difusión Ilícita de Imágenes (con Inteligencia Artificial), Extorsión	Hay una denuncia y no le han dado acceso a su carpeta. Sin embargo, la información ha sido corroborada por su defensa legal[7].

Fuentes: variadas, ver notas al pie.

Entre los casos documentados, como se puede observar en la tabla, está el del comunicador Christian Herrera, quién manejaba la laguna de Facebook Código Rojo San Luis Potosí. Christian permanece en prisión preventiva derivado de una denuncia prestada por la Secretaría de Seguridad del Estado y la Guardia Civil estatal.

Por su parte, Juan Pablo Moreno y Juan Pablo Moreno Guzmán -padre e hijo del medio La Noticia San Luis– están bajo investigación derivado de una denuncia presentada por el diputado Héctor Serrano con motivo de una publicación que lo señalaba por presuntos actos de corrupción.

Desde noviembre de 2025 ARTICLE 19 señaló múltiples falencias de las adiciones y cambios al código penal en materia de uso no autorizado de imagen o voz así como de creación o manipulación con inteligencia artificial; resaltando que las redacciones de los artículos lesionan principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos, como la taxatividad de la norma.

Ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, acompañados por esta organización, presentaron el pasado viernes 5 de junio una iniciativa al Congreso estatal para derogar estos tipos penales vinculados al uso de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí la oportunidad de invalidar los artículos del Código Penal en cuestión, derivado de la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la CNDH.

ARTICLE 19 reitera que existe dentro del país una normativa de derecho a réplica a través del cual se pueden solicitar correcciones de información falsa, errónea o no verificada en caso de que ésta existiera. Asimismo, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU han establecido las obligaciones de los Estados de traspasar los delitos contra el honor al ámbito civil, debido a que el derecho penal genera acciones desproporcionadas que amedrentan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cualquier persona ciudadana, sea esta periodista o no.

Aunado a esto, todos los procesos han presentado claras fallas al debido proceso y a los derechos de las personas denunciadas:

• Eréndira Reyes, Alejandra Hermosillo, así como Christian Herrera fueron detenidos a través de una orden de aprehensión. Es decir, la fiscalía omitió el citatorio, mecanismo el cual se utiliza para notificar al imputado para que acuda voluntariamente a la audiencia inicial. En vez, procedió por el recurso más intrusivo sin justificación.
• Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo por su parte, reportaron^[8] que fueron detenidas mientras estaban con menores de edad, violentando el interés superior de la infancia.
• Según la familia de Christian Herrera, en el proceso de detención inicial no se informó debidamente sobre el motivo de su detención, además de que estuvo incomunicado, violentando su derecho a debido proceso y a la legítima defensa.
• Juan Pablo Moreno y su hijo fueron citados el 11 de junio a presentarse a la Fiscalía General del Estado en calidad de investigados. No obstante, al momento de presentarse les negaron entregar la carpeta, indicando que se dejó sin efecto el citatorio^[9].

Estos casos revelan un uso sistemático del aparato penal como herramienta de hostigamiento contra periodistas, comunicadores, actores políticos y voces críticas en San Luis Potosí. La combinación de tipos penales vagos y de reciente creación, procesos iniciados sin respetar garantías básicas del debido proceso, y la negativa reiterada a dar acceso a las carpetas de investigación apuntan a una estrategia deliberada de intimidación.

ARTICLE 19 recuerda que la criminalización de la prensa no solo afecta a las personas directamente implicadas en estos procesos: produce un efecto amedrentador sobre el conjunto del periodismo en la entidad, que ya opera en condiciones de alta peligrosidad con 16 indicadores de censura documentados en 2025.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• A la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abstenerse de criminalizar la libertad de expresión y garantizar de manera inmediata el acceso a las carpetas de investigación de todas las personas implicadas y sus defensas. También debe abstenerse de utilizar los tipos penales relativos al uso de inteligencia artificial mientras persistan sus deficiencias en materia de taxatividad y proporcionalidad; y respetar en todo momento el debido proceso, incluyendo la notificación adecuada y el derecho a la defensa desde el momento de la detención.
• Asimismo, llama al Congreso del Estado a atender con urgencia la iniciativa ciudadana presentada el 5 de junio para derogar estos tipos penales.

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^[1] ARTICLE 19 tuvo acceso a la carpeta y corroboró la información.

^[2] Entrevista con defensa de Herrera, 08 de junio 2026.

^[3] ARTICLE 19 tuvo acceso a la carpeta y corroboró la información.

^[4] Se obtuvieron imágenes parciales de una carpeta, ver: https://articulo19.org/san-luis-potosi-alerta-ia/

^[5] Entrevista con Anahí Torres, actualización a 15 de junio de 2026.

^[6] El periodista no tuvo acceso completo a su carpeta, pero informó a la organización lo siguiente: “Diversos delitos de difamación al publicar en redes sociales notas falsas, hasta llegar a la extorsión al obtener dinero a cambio de beneficios. Actos tipificados por la ley como es la violencia digital con la difusión, publicación de contenido falso y realizado en un ciberacoso y violencia en el entorno digital, causando un daño moral hacia su persona”.

^[7] Entrevista con Juan Pablo Moreno, actualización a 15 de junio de 2026.

^[8] Entrevista con Eréndira y Alejandra, 12 de junio.

^[9] Declaraciones públicas de la defensa. https://www.facebook.com/reel/2208676709952134